El promotor de la Acción Disciplinaria no ve problema en la injerencia del marido de la juez de la DANA en el caso

El promotor de la acción disciplinaria del Consejo General del Poder Judicial ha remitido al pleno su informe sobre las tres quejas presentadas contra la juez de la DANA, Nuria Ruiz Tobarra, y ha propuesto archivarlas todas. La decisión llega pese a que distintos medios como OKDIARIO han documentado la intervención de su marido, el también magistrado Jorge Martínez Ribera, en varias diligencias de la instrucción, un asunto que ha llegado incluso a los tribunales superiores sin que se haya dirimido de forma definitiva.

El promotor, Ricardo Conde, ha solicitado el archivo de las tres quejas remitidas contra la magistrada. La Comisión Permanente tenía previsto estudiar dos de ellas este martes.

Las quejas contra Tobarra son tres. La primera fue presentada por la defensa de la ex consellera de Emergencias y principal imputada, Salomé Pradas. La segunda, por el que fuera número dos de la Conselleria, Emilio Argüeso. La tercera, por el abogado Rubén Gisbert, que representa a varias víctimas personadas como acusación particular.

El letrado de Pradas, Eduardo de Urbano, presentó la primera queja en mayo de 2025. En ella denunciaba que el derecho de defensa de su clienta había resultado «gravemente afectado» por la forma en que se ha conducido la instrucción. La queja apuntaba a los autos de imputación del 10 de marzo y del 9 de mayo, en los que la juez se refería a un aviso «tardío y erróneo» y a una «manifiesta pasividad» a la hora de alertar a la población.

Pradas amplió después su queja al considerar insuficiente la transcripción de su declaración del 11 de abril, una sesión que se prolongó cerca de tres horas y que, según su defensa, quedó reducida a un resumen de apenas diez folios.

Por su parte, Argüeso pidió la suspensión tanto de la juez como de su marido, y que la instrucción pasara a manos de «su sustituto legal».

La tercera queja, la de Gisbert, se centra directamente en la «injerencia» de Martínez Ribera, al que acusa de tomar declaración a testigos en el juzgado de su esposa. Algo que documentó este periódico con fotografías, vídeos y testimonios de las víctimas que fueron llamadas a declarar al juzgado de Ruiz Tobarra pero que les tomó testimonio su marido.

Injerencia del marido

La cuestión del papel de Martínez Ribera no es nueva. OKDIARIO reveló que el marido de la juez, magistrado adscrito al Juzgado de Instrucción número 4 de Valencia, ha sido visto en repetidas ocasiones en la sala de vistas de Catarroja durante diligencias del caso. El magistrado ha llegado a estar presente dando indicaciones.

El propio diario Las Provincias, en un perfil de la instructora, llegó a describir la relación entre ambos jueces como una «simbiosis» difícil de deslindar en el desarrollo de la causa.

El letrado Rubén Gisbert presentó además una querella ante el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana contra la juez y su marido, que fue inadmitida. Sin embargo, la propia Sala de lo Civil y Penal del TSJCV dejó constancia en su auto de que esa participación podría «fundar algún tipo de responsabilidad disciplinaria», aunque descartó que constituyera el delito imputado.

Seis víctimas de la DANA habían solicitado ya en febrero la recusación de la juez y la nulidad de las actuaciones practicadas desde que asumió la dirección de la causa. La magistrada rechazó esa recusación, así como el recurso de reforma posterior, y en el informe remitido a la Audiencia de Valencia evitó pronunciarse sobre el fondo del asunto, limitándose a calificar el planteamiento del letrado como una interpretación «ciertamente reduccionista» de la relación conyugal.

Recusación rechazada

El Pleno del CGPJ ya había denegado semanas atrás el amparo solicitado por la propia juez en relación con otro frente distinto: el requerimiento del Colegio de Abogados de Valencia para que cesara en el uso de expresiones que, a su juicio, afectaban a la dignidad de los letrados. El Consejo solo le dio la razón en un aspecto formal, y avaló en todo lo demás la resolución del colegio profesional.

El procedimiento abierto en el Juzgado de Instrucción número 3 de Catarroja investiga presuntos delitos de homicidio y lesiones por imprudencia derivados de las 228 muertes y las lesiones ocasionadas por la dana del 29 de octubre de 2024, la peor catástrofe natural de las últimas décadas en la Comunidad Valenciana. El pleno del Consejo de esta semana tiene ahora la última palabra.