PP y Vox acaban con la imposición del valenciano también en las comunicaciones de toda la Administración

La ley de PP y Vox que fulmina la dictadura del catalán en la educación valenciana que adelantó este jueves OKDIARIO acaba también con la imposición de que las comunicaciones y notificaciones de la Administración valenciana en los territorios donde hay un predominio del valenciano se realicen exclusivamente en el valenciano normativo de la Administración, que guarda más similitudes con el catalán que con el valenciano común de quienes lo hablan en la calle.

Además, la nueva ley acaba también otra imposición: la de que esas comunicaciones y notificaciones entre la administración y personas físicas o jurídicas sólo se efectúen en castellano en esas zonas de predominio del valenciano cuando se solicite de modo expreso. Así, una vez la nueva ley de libertad educativa sea aprobada, esas comunicaciones y notificaciones se efectuarán en las dos lenguas. Y ello, porque esa misma ley elimina esta norma, según se contempla en la disposición derogatoria única que incluye la nueva ley de libertad educativa de PP y Vox.

En concreto, la nueva ley de libertad educativa, que ahora deben refrendar las Cortes Valencianas fulmina hasta cuatro artículos del  decreto 61/2017 de 12 de mayo, que regula los usos institucionales y administrativos de las lenguas oficiales en la Administración de la Generalitat Valenciana. Ese decreto fue aprobado por el Gobierno que presidía el socialista Ximo Puig.

En el caso que nos ocupa, uno de los artículos derogados es el 12.1 de aquel decreto de 12 de mayo de 2017. Ese artículo se refiere a las notificaciones en los procedimientos administrativos. Y según reza: «En los procedimientos administrativos, las notificaciones y las comunicaciones que remita la Administración de la Generalitat a las personas físicas y jurídicas que residen en los territorios de predominio lingüístico valenciano se redactaran en valenciano». Y añade que: «Se redactarán también en castellano cuando así lo solicite la persona interesada».

Sin embargo, el artículo 21 de la nueva ley educativa de PP y Vox en la Comunidad Valenciana incluye otro articulo, el 21, que deja claro que «los modelos de impresos, formularios, modelo oficiales, solicitudes y cualquier documento de matriculo o autorización que se ponga a disposición del alumnado o de sus representantes legales, tendrá que estar redactado en formato bilingüe, en valenciano o en castellano».

Y agrega que: «Si por razón de extensión o complejidad este formato no fuera posible, el centro docente tendrá obligación de disponer o poner a disposición de la comunidad educativa modelos en castellano o en valenciano de forma separada». Es decir, que la obligación de uso del castellano y el valenciano ya no queda en manos del particular o la persona jurídica, sino que debe ser la Administración la que vele porque la libertad lingüística se cumpla.

También deberán estar en bilingüe las comunicaciones de oficio entre el centro o el profesorado dirigidas a los alumnos o a sus representantes legales, así como los documentos internos que el centro haga llegar a los representantes de madres y padres del consejo escolar de cada centro, los que se remitan a las asociaciones de madres y padres de alumnos o a las asociaciones del alumnado y aquellos que tengan que ponerse a disposición de las comunidades educativas: todos, deben ir en las dos lenguas: castellano y valenciano. Y no sólo en valenciano.

Pero la ley ofrece también la garantía de que las madres y padres podrán podrán acceder en las dos lenguas incluso a los documentos que estén sólo redactados en una de ellas. Porque esas familias podrán solicitar que se les traduzca y el centro deberá hacerlo.