CASO DEL HERMANO DE XIMO PUIG

El PP abre la batalla legal para lograr las facturas de Ximo Puig a empresas del caso de su hermano

UME valenciana
El ex presidente de la Generalitat Valenciana el socialista Ximo Puig.
Ignacio Martínez

El Partido Popular ha abierto la batalla legal para conseguir las facturas que el Ayuntamiento de Morella (Castellón) abonó a empresas relacionadas con Francis Puig, el hermano del presidente socialista de la Generalitat Valenciana Ximo Puig, en un periodo de 15 años, En concreto, desde 1995 a 2010. Esas facturas corresponden al periodo en que el citado Ximo Puig ostentaba la Alcaldía. Los populares han remitido un escrito de alegaciones contra la resolución de Alcaldía del pasado viernes, que este lunes ha publicado OKDIARIO. El PP reclama tras un amplio razonamiento de cinco folios que se dicte resolución estimatoria de su petición anterior, de este 14 de mayo, porque considera que cumple todos los requisitos «legales y jurisprudenciales». De facto, es un paso previo para adoptar otras acciones en el caso de que su petición no sea finalmente atendida. 

Los populares responden así a la resolución de Alcaldía de 19 de mayo que, en síntesis, les pedía que individualizaran y relacionaran los documentos que quería que se le facilitasen y les marcaba un plazo para no considerarla desestimada, lo que el PP pone en cuestión al considerarlo «insólito».

Una misión imposible si tenemos en cuenta que, precisamente, el PP, solicita los documentos para saber cuántos son y qué cantidades se abonaron a las empresas relacionadas con el hermano de Ximo Puig cuando este último era alcalde.

Facturas a Fiscalía

El Partido Popular ha anunciado recientemente su intención de llevar ante Fiscalía un total de 1.580 facturas presentadas por empresas relacionadas con el hermano de Ximo Puig al Ayuntamiento de Morella entre los años 2010 y 2023. De todas ellas, una parte corresponde a los tres últimos años en que Ximo Puig fue alcalde de la localidad: de 2010 a 2012, ambos incluidos. Ahora, lo que reclaman el PP son las facturas anteriores: las que van desde que Ximo Puig llegó a la Alcaldía hasta 2010. 

Todo ello, a raíz del caso en que juzgado de Valencia investiga un presunto fraude en la obtención de subvenciones de la Generalitat Valenciana, la de Cataluña y el Gobierno de Aragón supuestamente por empresas relacionadas con el mencionado hermano de Ximo Puig.

Las alegaciones

Ahora, el PP, en sus alegaciones, a las que ha tenido acceso OKDIARIO, hace constar en primer lugar que la resolución de Alcaldía fue dictada en el último de los cinco días naturales del plazo de resolución y que la resolución «no deniega la petición documentación».

Agrega, además, que el requerimiento al concejal de concretar la documentación solicitada «no está previsto en la legislación de régimen local aplicable a los miembros de la corporación» municipal. Y argumenta que los concejales disponen de un procedimiento diferenciado respecto a las peticiones de los demás ciudadanos «al amparo únicamente del bloque legislativo de Transparencia». Y agrega, también, una resolución, precisamente de Consejo Valenciano de Transparencia, añadiendo que las resoluciones de este organismo «son actos administrativos vinculantes para la Administración Local».

Además, sostiene que el Ayuntamiento de Morella ya ha «tramitado y estimado» una solicitud de acceso a información publica de idénticas características», pero de 2010 a 2020.

El PP entiende, en orden a su argumentación, que el requerimiento efectuado por el Ayuntamiento «carece de fundamento, dado que se solicita la misma documentación que el Ayuntamiento ya ha concedido a un ciudadanos particular respecto a los años 2010-2019» y le recuerda que entonces, la citada petición no fue denegada «aunque tampoco entregada una vez concluido el plazo máximo desde los cinco días naturales de su solicitud».

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