Palo del síndic a Puig, Oltra y Barceló por la participación política, Dependencia y Atención Primaria

El informe anual del Defensor del Pueblo valenciano Angel Luna relativo al año pasado, 2021, una figura que en esta Comunidad se conoce como el Síndic de Greuges incluye esta vez críticas a la gestión de la participación política, una cuestión que incumbe al presidente de la Generalitat Valenciana el socialista Ximo Puig, críticas también a la gestión de las políticas sociales y especialmente a la Dependencia, la Renta Valenciana de Inclusión y los títulos de familias numerosas y monoparentales, que dependen de la vicepresidenta primera de la Generalitat y consejera de Igualdad y Políticas Inclusivas Mónica Oltra, y al colapso de la Atención Primaria en la Sanidad valenciana, que dirige la consejera socialista Ana Barceló.

La principal tarea del Defensor del Pueblo valenciano, figura que actualmente ostenta Angel Luna, es la de defender a los ciudadanos ante los posibles abusos de las administraciones. Una labor que Luna se afana por llevar hasta sus últimas consecuencias, aunque en ocasiones le haya acarreado problemas, como cuando fijó postura ante las dificultades que le ponía la consejería que dirige Mónica Oltra en la investigación de alguna de sus quejas. En esa línea, el Síndic de Greuges entrega cada año su informe anual. Un balance de las quejas recibidas en el ejercicio de que data el citado informe. 

El informe de este año es el resultado de un total de 4.125 quejas recibidas por la institución en 2021. En total, 90 más que en 2020, cuando se recibieron 4.035 quejas, pero menos que en 2019 (4.528), de las que el Defensor elabora, además, un un informe, del que se desprende que «la incapacidad» de las administraciones para satisfacer en un plazo razonable de tiempo los derechos vitales de las personas por la falta de medios y una gestión que el defensor tilda de «ineficaz» de los recursos concentran la mayoría de las quejas recibidas en 2021.

En materia de Sanidad, Luna pone el acento en el colapso en la Atención Primaria en el ámbito de la Comunidad Valenciana y en la sensación de abandono de los ciudadanos cuando necesitan contactar con urgencia con los centros de salud. Por eso, reclama que se aborden también con urgencia las «muchas carencias» que existen en la Sanidad pública valenciana. Destaca, además, que si bien los desajustes e insatisfacciones podían haber tenido explicación en la primera fase de la pandemia, carecen de esa explicación 2 años más tarde. «No ha habido una respuesta a la altura de la angustia que provoca la falta de contacto y la sensación de abandono por parte de los servicios elementales», dice Luna, que además destaca que la garantía del derecho a la salud no pasa por su mejor momento.

Por ello, urge a elaborar planes de contingencia que permitan respuestas flexibles a los problemas que se aprecian en cada ola de contagios y deanda evaluar los puntos del sistema donde se concentran las cargas de trabajo para prever tanto los esfuerzos necesarios como los cambios indispensables. Exige, también, la pronta materialización de los anuncios del Gobierno valenciano -el último ayer mismo- relativos a la puesta en marcha de nuevos planes para reforzar el sistema público y, especialmente, la Atención Primaria para convertirla en el eje de todo el sistema sanitario público valenciano.

En lo que respecta a las materias que conforman la Consejería de Mónica Oltra (Igualdad y Políticas Inclusivas), el Defensor recuerda que viene denunciando desde hace años los excesivos retrasos en el reconocimiento de derechos de carácter vital. uno de ellos, el de la Dependencia. Y otro, la renta valenciana de inclusión y sostiene al respecto que resulta «inexcusable» modificar los procedimientos de gestión de estas ayudas. Algo que Luna viene recomendando en la resolución de las quejas relativas a esta materia, pero sin mucho éxito hasta la fecha.

Luna denuncia también lo que considera graves atentados al derecho de participación política. Un tema que afecta directamente a Puig como presidente, porque hay una consejería de Transparencia. Luna destaca que porque las quejas presentadas por la vulneración en el acceso a la información pública y el derecho a la participación política han resultado también llamativas y han hecho necesaria la implicación del síndic en la denuncia de las trabas con que se intenta limitar la labor de los cargos públicos que forman parte de los grupos de oposición. Por este motivo, ha planteado a las Cortes Valencianas la modificación de uno de los artículos de la Ley de Régimen Local. El objetivo de la modificación sería el de regular específicamente el acceso de todos los concejales a los documentos y a la información de los sistemas informáticos de gestión electrónica de los expedientes municipales. Con ello, dice, se reducirían las quejas y la carga de trabajo que sufren los funcionarios.