La Justicia reabre la causa contra Mónica Oltra por encubrir los abusos de su marido a una menor tutelada

La sección cuarta de la Audiencia Provincial de Valencia ha reabierto el caso contra Mónica Oltra, ex vicepresidenta autonómica, ex consejera de Igualdad y ex portavoz del Gobierno regional, así como contra sus antiguos altos cargos en el departamento que dirigía, por el presunto encubrimiento de los abusos sexuales cometidos por su ex marido a una menor tutelada. El Tribunal Supremo confirmó en diciembre la condena de 5 años de cárcel al ex marido por abusar sexualmente de una menor tutelada en un centro de Valencia.

Fuentes del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV) informan que la Audiencia ha estimado parcialmente los recursos de la acusación particular y las dos acusaciones populares, ya que considera que «no puede descartarse claramente» la existencia de una infracción penal y que existen indicios suficientes para procesar a los investigados.

El procedimiento contra Oltra y otras 15 personas fue archivado por el juez el pasado mes de abril al no encontrar evidencia de delito en su actuación ni de presunto encubrimiento de los abusos sexuales cometidos por su exmarido a una menor tutelada. Mónica Oltra renunció el 21 de junio de 2022 a sus cargos en el Consell y en Les Corts Valencianes debido a su investigación judicial en este caso.

Primera instancia

En abril, el titular del Juzgado de Instrucción número 15 de Valencia acordó el sobreseimiento provisional de la causa abierta contra Mónica Oltra y sus ex altos cargos investigados, al no encontrar delito en su actuación. En esta línea, y después de la investigación que incluyó el examen de miles de correos, el magistrado sostuvo que «se ha reiterado hasta la saciedad que no existe un solo indicio de que se dictara orden o instrucción alguna emanada de los cargos directivos de la Consejería dirigidas a ocultar los hechos ni a desacreditar a la menor».

Así, afirmó que Oltra conoció los hechos el 4 de agosto de 2017, cuando se notificó a su ex marido, con el que entonces tenía escasa relación personal, la existencia del procedimiento y las medidas cautelares impuestas por el juzgado que investigó los abusos.

En la causa, la menor víctima de los abusos –ahora mayor de edad– actuó como acusación particular, y tanto la asociación GobiérnaTe -presidida por una ex dirigente de Vox- como el partido de Abascal ejercieron de acusaciones populares.

El juez rechazó, por no ser esenciales, practicar más diligencias solicitadas por estas partes sobre la forma en la que la joven fue conducida a declarar en la Audiencia para el juicio, esposada; los motivos por los que la Generalitat no se personó en la vista o el tráfico de llamadas entre Oltra y su equipo.

El magistrado indicó en la resolución que cuestionó «múltiples aspectos» de la actuación de los investigados, pero recalcó que «todos y cada uno de los indicios que fundamentaron en su momento las imputaciones judiciales provisionales (…) se han desvanecido por completo una vez practicadas todas las diligencias necesarias encaminadas a determinar la naturaleza y circunstancias de los hechos».

El magistrado subrayó que determinadas conductas seguidas por algunos de los investigados «pudieran haber sido ciertamente distintas a las que fueron», pero sin que de ello «se puedan derivar consecuencias jurídico penales para los mismos».

En esta línea, hizo hincapié en que no se acreditó la existencia en el departamento de ningún tipo de protocolo sobre cómo actuar en casos de abusos sexuales a un menor tutelado. De hecho, indicó que «no existió ninguno hasta tiempo después», cuando se dictó una Instrucción el 20 de septiembre de 2017 por la Dirección General de Infancia y Adolescencia, en el ámbito de la Dirección Territorial.

Fiscalía

Por su parte, los partidos políticos de izquierda aseguraron que estamos ante un caso de lawfare o guerra de los jueces con fines políticos e ideológicos. Además, la Fiscalía Provincial de Valencia apoyó el archivo de la causa contra Mónica Oltra.

Impugnó los recursos de apelación –que ahora se estiman parcialmente–  y solicitó su desestimación y la confirmación del auto de sobreseimiento provisional. En su escrito, el fiscal indicó, en relación con la alegación de incongruencia entre el auto de archivo y resoluciones anteriores –tal y como defendían tanto la víctima como Vox– que hay que atender a que se trataba de un momento procesal diferente entre las resoluciones contrapuestas. Así, señaló: «Una cosa es que, en determinado momento de la investigación, resulte clarísimamente indicada la conveniencia de oír en calidad de investigada a determinada persona y, otra, la valoración final del material acopiado por la investigación».

Así, criticó que el planteamiento impugnatorio suponía que la llamada de alguien a una causa como investigado abocaría indefectiblemente al dictado de un auto en que se habilitara la posibilidad de que fuera acusado en tal condición.

Respecto al recurso de Vox, el fiscal advirtió que pretender que la decisión de sobreseimiento fuera extemporánea por precipitada y lesiva para el derecho de la parte a obtener tutela judicial efectiva resultaba incurrir «en el mismo vicio» que el propio recurrente afeó a esas pretensiones. Además, señaló que no parecía que cupiera considerar ni rápido ni abrupto el final de una instrucción que se prolongó durante casi tres años y cuya persistencia y extensión se debieron, en gran medida, al «empeño» de las diversas acusaciones personadas.

Sobre la pretensión de continuar la investigación exclusivamente en lo relativo a la práctica de dos declaraciones testificales –las de los agentes del Cuerpo Nacional de Policía–, «si bien es cierto que la admisión de tales declaraciones fue apoyada por el fiscal en su día, no lo es menos que el auto razonó debidamente su carácter reiterativo y su inutilidad», señaló.