Un ex magistrado del Supremo desmonta a la delegada del Gobierno con la DANA: «No hay un mando único»

Este 15 de abril, la delegada del Gobierno en la Comunidad Valenciana Pilar Bernabé manifestó tras declarar en calidad de testigo ante la juez Nuria Ruiz Tobarra que instruye las diligencias previas del caso de la DANA que había «quedado claro» que «sólo hay un mando único» y que era de la Generalitat Valenciana. Este 23 de abril, sólo ocho días después, el ex magistrado del Tribunal Supremo y catedrático de Derecho Civil de la Universidad de Valencia Javier Orduña ha desmontado ese argumento de modo indirecto en su comparecencia ante la comisión de investigación sobre la DANA en el Senado: «No puede haber un mando único, por mucho que se hable de él».

En concreto, se ha pedido a Javier Orduña que confirmara que el mando único «como tal» ha sido «eliminado del ordenamiento jurídico y sustituido «por una dirección colegiada y coordinada».

En su respuesta, el ex magistrado del Tribunal Supremo ha manifestado que: «Expresiones como mando único, etcétera, no se corresponden con lo que es la normativa. Porque no puede haber mando único en un ámbito autonómico que no tiene la competencia exclusiva y que no puede tener competencia exclusiva sobre el Ejército, sobre determinados ámbitos de competencia exclusiva del Estado que concurren en una emergencia».

Javier Orduña ha explicado, además, que: «Por tanto, no puede haber mando único, por mucho que se hable de mando único. Lo que hay es un sistema competencial. Por eso, yo he dicho al principio que lo importante aquí, desde el punto de vista del análisis jurídico es atenerse al sistema competencial».

Según ha explicado el también catedrático de Derecho Civil de la Universidad de Valencia: «El sistema competencial viene marcado piramidalmente en nuestro sistema, nos guste o no, por la Constitución española. Y, a partir de ahí, viene marcado, fundamentalmente, por la legislación de desarrollo. Y yo creo que a eso nos tenemos que atener. Por tanto no hay un mando único desde un punto de vista competencial».

También, ha destacado que la seguridad pública es una competencia «exclusiva» del Estado. Y ha destacado también que desde su punto de vista el Gobierno «estaba facultado» para decretar el estado de emergencia nacional», porque había lo que ha calificado como «una serie de circunstancias» este 29 de octubre, el día de la riada, que manifestaban la magnitud de la tragedia.

También ha indicado que el Estado puede incurrir en una responsabilidad patrimonial por la no realización de las obras: «La responsabilidad penal es más dudosa, porque hay que tener en cuenta que se requiere una cierta intencionalidad de causar el daño».