Condenado por prevaricación y malversación el ex alcalde socialista de Bigastro, en Alicante

La Sección Séptima de la Audiencia Provincial de Alicante, con sede en Elche, ha condenado al ex alcalde socialista de la localidad alicantina de Bigastro, el socialista José Joaquín Moya, a una pena de cuatro años, seis meses y un día de cárcel y a 11 años, tres meses y un día de inhabilitación como autor de un delito de malversación de caudales públicos y a otros cuatro años de inhabilitación para empleo o cargo público como autor de un delito de prevaricación administrativa.

José Joaquín Moya es, también, el ex senador socialista al que el Tribunal Supremo redujo en 1,5 años las condenas de prisión por malversación tras la reforma del delito impulsada por el Gobierno de Pedro Sánchez para contentar al independentismo, tal como publicó OKDIARIO este 22 de noviembre. En el caso de José Joaquín Moyá, se trataba de la primera sentencia del Supremo en aplicar la malversación suavizada, que según el Gobierno nunca acabaría beneficiando a políticos condenados por corrupción.

Según publicó aquel 22 de noviembre OKDIARIO, José Joaquín Moya, senador del PSOE a finales de los años 80 y alcalde del citado municipio de Bigastro ubicado en la comarca de la Vega Baja, en la Comunidad Valenciana, con una población de de 7.600 habitantes, malversó 70.000 euros, tal como consta en la sentencia.

La Sala de lo Penal, en una ponencia de Andrés Palomo, consideró que la reforma legal de Sánchez es más favorable para este político y su colaborador y, por tanto, se le deben reducir en seis meses la pena de prisión que ya está cumpliendo el ex regidor. Pasa de una condena de 4,5 años a 4 años. Por su parte, el secretario del Ayuntamiento, que permitió el latrocinio, pasa de 3 a 2 años de cárcel.

El caso por el que ahora ha sido condenado el citado José Joaquin Moya hace mención a las irregularidades en la tramitación del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de Bigastro para la creación de un nuevo sector urbanístico, así como por apropiarse de 312.000 euros abonados por el promotor de ese plan como agente urbanizador entre 2005 y 2006.

El Tribunal ha condenado, también, a dos años de prisión y cinco de inhabilitación al ex secretario-interventor del Ayuntamiento de Bigastro, del que Moyá era alcalde, como autor de un delito de malversación y a otros cuatro años de inhabilitación por un delito de prevaricación administrativa cometido por omisión.

La sentencia, sin embargo, no es firme. Y puede ser recurrida ante el Tribunal Supremo. Además, establece también que José Joaquín Moya deberá indemnizar al Ayuntamiento de Bigastro, el mismo del que él era alcalde, con la cantidad de 162.000 euros y, conjuntamente con el otro acusado, con otros 150.000 euros.

La sentencia, que es de 21 de diciembre de 2023, se ha conocido sólo unas semanas después de que este mes de noviembre tres ex alcaldes del PSOE fueran procesados por su papel en el pago irregular de 240.000 euros a un funcionario, según ha publicado este 24 de noviembre OKDIARIO.

Alcalde socialista 25 años

En el caso que nos ocupa, el de José Joaquín Moya, el ahora condenado por la Audiencia Provincia de Alicante fue, en su momento, una figura relevante del socialismo alicantino. Sobre todo, en los últimos años del pasado siglo, que es cuando adquirió un mayor protagonismo. En esos años, no sólo fue alcalde, sino diputado en el Congreso y senador.

Gobernó el municipio de Bigastro durante 25 años. Una pequeña localidad ubicada en el corazón de la Vega Baja del Segura, al sur de la provincia de Alicante. En concreto, José Joaquín Moya fue alcalde desde mayo de 1983 hasta octubre de 2008. Es decir, que renovó su mandato en otros seis procesos electorales desde aquel primero de 1983.

Pero, el 28 de octubre de 2008 se vio obligado a dejar la Alcaldía porque ese día fue detenido junto al secretario interventor y dos empresarios por lo que entonces era un presunto delito urbanístico. 

Como se ha dicho, Jose Joaquín Moya también fue senador, si bien por un espacio de apenas dos años,  que transcurre entre los años 1986 y 1988. En la Cámara Alta fue vocal de la Comisión de Justicia y de la de Peticiones. Pero, además, también fue diputado en el Congreso de los Diputados. En este caso, por tres años, los que discurrieron entre abril de 1983 y abril de 1986.