El campo levantino contra Sánchez por el Tajo-Segura: caudales mal calculados y recortes políticos

El campo de Alicante, Murcia y Almería quiere frenar los recortes de Sánchez en el Trasvase Tajo-Segura. Cree que los caudales están mal calculados y que los recortes que se llevan a cabo tienen trasfondo políticos.

El Trasvase Tajo-Segura constituye un auténtico quebradero de cabeza para el campo de Alicante, Murcia y Almería. La causa: los continuos recortes a los que el Gobierno de Sánchez y Teresa Ribera, ministra de Transición Ecológica, han venido sometiendo a esta infraestructura, trascendental para la supervivencia de la Agricultura y buena parte de los servicios en esta zona del Levante español. En los últimos tiempos, los caudales que llegan al río Segura se han visto severamente recortados.

El momento de defender esas reivindicaciones del Levante español es ahora, porque mañana, día 22 de diciembre, concluye el plazo de alegaciones para el Plan Hidrológico de la parte española de la Demarcación Hidrográfica del Tajo 2022-27. Ese Plan es esencial para el Levante español. Sobre todo, para las provincias de Alicante y Almería y la Región de Murcia. El Plan fija los caudales ecológicos o cantidades de agua que se requieren para mantener un nivel adecuado de salud en el ecosistema. Cuanto más caudales se reserven para preservar la parte del Tajo, menos agua llegará al Segura. Y cuanta menos agua llegue al Segura, más necesidad habrá de utilizar agua desalada, más cara, y menos recursos.

 La Diputación de Alicante, el Gobierno de Murcia y el Sindicato Central de Regantes del Trasvase se reunieron hace menos de 24 horas para establecer una estrategia común en las alegaciones al citado Plan. Pretendían, además, ofrecer una imagen de unidad y fortaleza. A la cita faltó la Generalitat Valenciana, que preside el socialista Ximo Puig. Ni él ni la consejera de Agricultura valenciana Mireia Mollà (Compromís) participaron en el encuentro. No obstante, Diputación de Alicante, Gobierno de Murcia y Sindicato de Regantes del Trasvase sí avanzaron. Entienden que los caudales del Tajo responden las presiones políticas que han ejercido algunas comunidades, por las que transita ese río, sobre el Gobierno de Sánchez y que esas presiones son las que han generado los continuos recortes en el tránsito de agua del Tajo al Segura. Entienden, también, que las demandas del Tajo están mal calculadas, porque se sostienen sobre datos obsoletos y desactualizados y que, incluso, los propios caudales ecológicos que plantea el Ministerio, con sus mismos datos y reglas, también están mal calculados. Y no comprenden, finalmente, que no se haya llevado a cabo un estudio de impacto social y económico acerca de las consecuencias que puede tener para la economía del entorno del río Segura la implantación de los caudales ecológicos previstos por el Ministerio.

Los recortes del Trasvase Tajo-Segura mantienen enfrentado al Gobierno de Sánchez con los agricultores prácticamente desde el inicio de la legislatura.  Sus recortes ya han sido objeto de un recurso presentado por la Diputación de Alicante ante el Tribunal Supremo. La gota que colmó el vaso de la paciencia del presidente de la Diputación de Alicante el alicantino Carlos Mazón y motivó ese recurso fue el recorte del pasado julio. Entonces, el trasvase vio mermado su caudal a unos paupérrimos 27 hectómetros cúbicos, cantidad que resulta insuficiente para los regantes, para el campo y para las demandas de la Provincia de Alicante. Ya entonces, Mazón sostuvo que el recurso era un acto de legítima defensa de la Provincia de Alicante y de los regantes contra el objetivo inconfesable de Sánchez que, a decir del político popular, no es otro que liquidar el trasvase, algo que también piensan otras administraciones y organizaciones afectadas.