Torra al choque: desoye a ERC y la CUP y apuesta por un “confinamiento político” para movilizar la calle

El líder separatista, con esta respuesta, se mantendría al frente de la presidencia de la Generalitat, ocupando las dependencias del Palau, pero sin hacerse cargo grandes decisiones. En definitiva, Torra estaría usurpando una función pública y desobedeciendo al tribunal que le condenó, pero sin firmar ningún documento legal que pueda comprometer el funcionamiento del Govern y le pueda implicar problemas más graves con los tribunales. Una medida híbrida entre marcharse y continuar como hasta ahora. Un nuevo movimiento de cara a la galería.

Quim Torra continuaría acudiendo a actos en representación institucional del Govern, aunque con una disminución de su agenda pública. También presidirá las reuniones del Ejecutivo aunque sería el vicepresidente Pere Aragonès quién firmaría los decretos. Paralelamente, con la ayuda de las entidades separatistas, alentaría la calle para que defendiera la figura del presidente de la Generalitat. Cuando sea obligado a dejar el cargo, por la fuerza, Torra exigirá que su despacho quede vacío como en su día él dejó vacío el que usaba Carles Puigdemont. Será la segunda dependencia del Palau de la Generalitat sin uso. También quedará vacía su silla en la reunión semanal de los miembros del Govern.

Junts per Catalunya, ERC y la CUP vienen celebrando varias reuniones, en las últimas semanas, para intentar alcanzar un acuerdo de mínimos que no ponga en riesgo el día a día de la Presidencia. Los últimos contactos se celebraron este lunes sin fumata blanca. Las posturas están aún muy alejadas entre los propios socios de gobierno. Esquerra Republicana insiste en que lo más oportuno es convocar elecciones anticipadas y la CUP que Torra imite la estrategia que siguió una alcaldesa del partido anticapitalista, la de Berga, que se mantuvo en el cargo pero de forma simbólica.

Apostando por este «confinamiento político», como le llaman en el entorno de Torra a la estrategia que quiere seguir, el presidente catalán va al choque contra el Estado y contra su principal socio de gobierno, ERC. Los tribunales tendrán que decidir si actúan de oficio o no a los posibles delitos que esté cometiendo al no acatar la sentencia y al usurpar el cargo del que habrá sido destituido. Posiblemente, además, existan denuncias de Ciudadanos y el Partido Popular e incluso el Gobierno de Pedro Sánchez podría adoptar medidas. A Esquerra, Torra, le obligará a tomar una decisión complicada. El cese del president, una vez el TSJC le notifique el fallo, lo tiene que aprobar el Consell Executiu y firmarlo el número dos, en este caso Aragonès.