Anna Gabriel teme a Llarena: pretendió librarse del juez antes de decidir su fuga

Anna Gabriel teme a Pablo Llarena. La líder de la CUP pretendió librarse del juez del Tribunal Supremo antes de decidir su fuga a Suiza. En su miedo al magistrado llegó a argumentar su relación pasada con el fiscal general del Estado fallecido José Manuel Maza, lo que, según la prófuga golpista, inhabilitaba a Llarena para dirigir la instrucción del caso del 1-O.

La cupaire tenía preparada su defensa jurídica. Lo hizo porque la decisión de fugarse a Suiza se adoptó en las últimas semanas. Y sus abogados -encabezados por su compañero de partido y defensor habitual de terroristas yihadistas, Benet Salellas- tenían un objetivo claro: hacer lo que hiciera falta para que Anna Gabriel no acabase en las manos de un magistrado al que tienen un especial temor.

Ese juez es Pablo Llarena, el responsable de la instrucción en el Tribunal Supremo del caso del 1-O. Los abogados de la dirigente de la CUP Anna Gabriel tenían preparado un ataque personal al juez Llarena porque, aseguraban, carecía de la independencia necesaria para instruir la causa por haber sido compañero de Sala del fallecido fiscal general del Estado José Manuel Maza.

Recusación de Llarena

La elaboración de esta tesis llegó al punto de remitir -hace un mes- un escrito a la Sala Segunda del Tribunal Supremo en el que solicitaban que se estudiase este hecho y que, en consecuencia, se rechazase la competencia de Llarena para investigar los hechos relacionados con la Declaración Unilateral de Independencia, el referéndum ilegal separatista y los preparativos parada ruptura con el resto de España.

El equipo jurídico de Gabriel, además, prefería que se quedara la causa en Barcelona porque, afirmaba en su escrito, que el TS no podía dirigir la investigación porque es «perfectamente conocedora» de que existe una causa similar abierta en el Juzgado de Instrucción número 13 de Barcelona, así como en el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) contra personas aforadas, que investigan los preparativos del referéndum ilegal del pasado 1 de octubre.

La estrategia de fondo no era la de dejar la causa en manos de otro juez al que temen: el del número 13 de Barcelona, Ramírez Sunyer. No. Era provocar que la causa se quedase en Barcelona porque el Tribunal Superior de Cataluña contaría con todas las probabilidades de absorber la causa del 13 de Barcelona y, según los cálculos dela CUP, en esa sala tendrían más probabilidades de salir medianamente airosos. ¿Por qué? Porque contaban con que la presión social -la suya- fuese más eficaz en el Superior de Cataluña (en Barcelona) que en el Supremo de España (en Madrid).

En ese afán por dudar de la independencia de Llarena para conseguir llevarse la causa a Cataluña, la estrategia de Gabriel señalaba que muchas de las diligencias del juez Llarena en su investigación, como informes de la Guardia Civil, intervenciones telefónicas, seguimientos, documentos, etcétera, provenían de la labor de instrucción realizada por los órganos judiciales en Barcelona.

«Sin imparcialidad objetiva»

Los abogados no dudaron en calificar en aquel escrito la situación de Llarena de «falta de apariencia de imparcialidad objetiva», porque, según sus tesis, el fiscal que firmó la querella contra el exGovern de Carles Puigdemont y la Mesa del Parlament, el fallecido José Manuel Maza, «fue durante catorce años miembro de la Sala Segunda del Tribunal Supremo, el órgano judicial encargado de su instrucción y enjuiciamiento» y a la que pertenece ahora el juez Llarena. Y, por supuesto, puestos a estirar el argumento, incluyeron también al actual fiscal general Sánchez Melgar porque, afirmaban, también él ha sido miembro de la misma Sala hasta su elección como máximo representante del Ministerio Público. En resumen, que sólo eran hábiles las salas de Justicia catalanas.