Yllanes y Garrido montan otra treta para no declarar en el juzgado que les imputa por acoso a una funcionaria

00Los dos ex consellers de Francina Armengol, la hoy diputada socialista Mercedes Garrido y el podemita Juan Pedro Yllanes, han vuelto a utilizar una trata para evitar tener que declarar ante la juez que les imputa por un delito de acoso laboral a la funcionaria de la Comunidad autónoma, Margarita Sendin Rebassa. La declaración de los políticos y otros funcionarios estaba prevista para el próximo jueves. La cita ha sido suspendida por segunda vez.

La magistrada María Pérez Ruiz comunicó el pasado tres de diciembre la citación -la segunda- como imputados de Mercedes Garrido y Juan Pedro Yllanes, ambos como imputados por un delito de acoso a una funcionaria. La cita era para el próximo cinco de febrero. Los dos políticos han utilizado una treta basada en los plazos de las citaciones para evitar las imágenes de ambos entrando a declarar en los juzgados como imputados. Una segunda suspensión con la que pretenden dilatar el proceso tanto como les sea posible.

Margarita Sendin Rebassa, la funcionaria de la Comunidad Autónoma que tiene denunciados a los políticos del Pacte, los ex consellers Mercedes Garrido (PSOE) y Juan Pedro Yllanes (Podemos), se ratifica en todos los extremos de su denuncia y, en su declaración ante la juez instructora, llegó a asegurar este miércoles que «Yllanes y Garrido activaron a varios funcionarios de su cuerda para hostigarme».

Precisamente en esto se basa la denuncia presentada en los juzgados y que tiene imputados a los dos ex consellers de Francina Armengol y a varios funcionarios y altos cargos por acoso laboral.

La funcionaria denunciante fija su denuncia en su jefa de departamento, Isabel Morey, a la que acusa de «hacerme la vida imposible durante tres años, entre 2015 y 2018».

En su denuncia consta que el acoso llevó a Morey y al alto cargo Jaume Colom -ambos imputados- a obligarle a enviar un expediente al Ministerio de Administraciones públicas en catalán, acción fuera de normativa en aquella época.

Según ratificó Rebassa ante la jueza, durante esos años se la arrinconó en sus funciones y se la intentaba dejar en evidencia cada vez que les era posible.

Fruto de aquella situación, la funcionaria causó baja por prescripción médica durante un año.

En su reincorporación en 2019, el Pacto de izquierdas se había vuelto a hacer con la mayoría suficiente para gobernar en Baleares. Juan Pedro Yllanes se convirtió en vicepresidente y Mercedes Garrido en consejera de Presidencia (2021).

Rebassa reactivó su denuncia y llegó a remitir su situación a los dos ex consellers de Armengol, que «hicieron todo lo posible a través de sus afines en el Govern para paralizar cualquier expediente disciplinario que afectase a su personal de confianza. Retuvieron información y jamás activaron el protocolo por acoso».

La jueza instructora tiene imputados en este caso a otros funcionarios y altos cargos como Carmen Palomino -ex directora general de Función Pública-, Juan Matas, Margarita Roca Bibiloni o María Jesús Romero Amengual.

Se da la circunstancia de que dos de los otros cargos imputados en esta causa fueron piezas de la Administración que Juan Pedro Yllanes movía a su antojo. Es el caso de María Jesús Romero, que pasó de ser funcionaria ‘de confianza’ de Armengol  en la extinta Oficina Anticorrupción y pasó a integrarse en el equipo de Yllanes.

Paula Cristina de Juan, por su parte, fue segunda de a bordo en la Conselleria de Yllanes. Hoy, estando imputada, sigue siendo funcionaria en el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo.