La última de los independentistas de la OCB: exigen a Armengol el 5% de la ecotasa para el catalán

La última ocurrencia de los independentistas de la Obra Cultural Balear (OCB), entidad que avaló el golpe de la Generalitat en 2017 contra la Constitución, para seguir engordando su financiación a cargo de fondos públicos y con el dinero de los castigados contribuyentes de las Islas: que el Govern presidido por la socialista Francina Armengol,  entregue parte de la recaudación anual del denominado Impuesto de Turismo Sostenible (ecotasa), en concreto el 5% de en torno a 120 millones recaudados en 2022, a entidades satélites secesionistas relacionadas con el negocio del fomento del catalán.

Pese a que los socialistas de Baleares que gobiernan las tres principales administraciones de las Islas, Govern, Consell de Mallorca y Ayuntamiento de Palma, destinan 5,2 millones de euros anuales a este fin, todo es poco, para saciar la voracidad acaparadora de subvenciones de dinero público de la OCB.

La entidad ha elaborado 56 propuestas sobre los tres pilares en que los que, supuestamente, trabaja: lengua catalana, la promoción de la cultura propia y el avance en el autogobierno de Baleares. Unas propuestas que hará llegar a todas las fuerzas políticas que concurrirán a los comicios del mes de mayo.

El presidente del OCB, Joan Miralles, ha manifestado que, para conseguir los objetivos fijados, se tiene que disponer de un presupuesto suficiente que permita hacer políticas que promuevan el uso del catalán, promocionen la cultura de Baleares y mantengan el patrimonio histórico.

En cuanto a la defensa de la lengua catalana, la OCB ha propuesto una serie de medidas que se tienen que tomar de forma urgente para garantizar el uso social; y que afectan ámbitos como el educativo, el administrativo y los medios de comunicación.

Así, en relación al ámbito educativo, el objetivo de las medidas es garantizar que los alumnos acaben la Educación Secundaria Obligatoria con plena competencia en catalán. Por este motivo, la OCB ha propuesto, entre otros medidas, recuperar el Servicio de Enseñanza del Catalán.

Además exige ofrecer a los docentes formación continuada con recursos de todo tipo; garantizar el cumplimiento del mínimo del 50% de enseñanza en catalán (si bien en los colegios de Baleares es en la practica el 100%) y obligar a la Inspección Educativa a controle el cumplimiento de los proyectos lingüísticos de los centros, destinando más recursos humanos y materiales para programas de acogida lingüística de alumnos de incorporación tardía.

Mientras, en relación al ámbito administrativo, el objetivo de las medidas es garantizar los derechos lingüísticos de los ciudadanos y promover el uso social de la lengua catalana. Por este motivo la OCB ha propuesto, entre otros medidas, un compromiso firme para que en los actos públicos que tengan lugar en Baleares o en el ámbito lingüístico catalán, las autoridades y los empleados públicos que tengan que intervenir se tengan que expresar en catalán.

También la OCB quiere más dinero para la normalización lingüística de  todas las direcciones generales, insulares, concejalías y organismos públicos para garantizar la atención al ciudadano en catalán.

Así mismo, ha planteado que el nivel de catalán que se pida a los funcionarios garantice que lo pueda usar con fluidez en el trabajo, y en todo caso, la Escuela Balear de Administración Pública (EBAP) les tiene que ofrecer cursos para mejorar sus capacidades.

«Las instituciones públicas tienen que pedir el uso del catalán como requisito para todas las subvenciones y colaboraciones e incluir una cláusula de uso del catalán en los contratos públicos», ha reivindicado, al mismo tiempo que ha exigido dotar a la Oficina de Derechos Lingüísticos, como mínimo, de los recursos materiales y humanos previstos en el Decreto de creación.

Finalmente, en cuanto a los medios de comunicación, la OCB ha presentado una serie de iniciativas con el objetivo de aumentar la presencia del catalán, tales como recuperar la finalidad inicial de los medios públicos como herramienta de normalización lingüística y dotarlos de servicios lingüísticos con profesionales que garanticen la calidad lingüística de las emisiones y publicaciones; apostar por una buena programación infantil y juvenil en la radio y en la televisión, y cooperar con el resto de los territorios del dominio lingüístico para disponer de una plataforma digital compartida con todos los contenidos mediáticos en esta lengua.