Sánchez frena la salida al mercado de 4.000 pisos sociales al impugnar el decreto de vivienda de Prohens

El Ejecutivo balear y el Gobierno central han constituido una comisión bilateral para resolver las discrepancias suscitadas tras la impugnación de Pedro Sánchez al decreto de vivienda del Govern de Marga Prohens interponiendo un aviso de constitucionalidad contra varios aspectos de la norma, que entre otras cuestiones, pone en jaque la construcción de 4.000 pisos sociales en Baleares.

El Ejecutivo de Sánchez cuestiona la legalidad de las claves más importantes de la normativa balear, en concreto, las disposiciones adicionales primera, decimotercera y decimocuarta de la Ley de las Islas Baleares 3/2024, de 3 de mayo de medidas urgentes en materia de vivienda.

Se trata de una amenaza a la viabilidad de proyectos de viviendas asequibles para residentes que se están planificando en estos momentos (unos 4.000 pisos sociales actualmente) a través del desarrollo de la Ley proveniente del Decreto ley de emergencia, con el que se crea nueva vivienda de precio limitado y que favorece la construcción de más vivienda protegida (VPO).

También afecta a la viabilidad del programa Construir para Alquilar, de cesión de suelo público a la iniciativa privada para la construcción de vivienda de protección (VPO) y en colaboración con los ayuntamientos.

El Ministerio de Política Territorial que dirige el socialista Ángel Víctor Torres plantea discrepancias constitucionales que afectan a nuevas disposiciones adicionales de la Ley de Urbanismo de las Islas Baleares (LUIB), como la reconversión de locales en viviendas de precio limitado, la división de éstas, el cambio de uso para aprovechar terrenos destinados inicialmente a equipamientos públicos y privados para realizar viviendas de protección o el incremento de alturas para facilitar más unidades en el mercado inmobiliario.

Cabe recordar que esta Ley facilita nuevas herramientas a los ayuntamientos para generar más vivienda, aprovechando edificaciones existentes y en suelo urbano, teniendo en cuenta que las Islas Baleares son un territorio limitado y, con un precio del suelo más alto que en ninguna otra comunidad.

La nueva legislación balear permite a los ayuntamientos adaptar la normativa y hacer su propia regulación en el municipio, de forma que pueden aplicar, limitar o suspender las principales medidas que contempla.

Desde la Conselleria de Vivienda del Govern confían en llegar a un acuerdo una vez constituida hoy la comisión bilateral «como ya se ha hecho en otras muchas ocasiones, también en relación con la vivienda y el urbanismo.

«Confiamos en hacer entender esta necesidad de adoptar medidas urgentes en el contexto actual y continuar con el despliegue de la ley para realizar más vivienda asequible en Baleares en colaboración con los Ayuntamientos», han apuntado desde el Ejecutivo.

En principio, en el informe del Ministerio de Política Territorial no se cuestiona tanto las actuaciones que regulan estas disposiciones legales, sino la norma utilizada con rango de ley y de carácter temporal, considerando que debería ser mediante la aprobación del instrumento de planeamiento urbanístico correspondiente de cada ayuntamiento.

Sin embargo desde el Govern, apuntan a la necesidad de aprobar una norma con rango de ley para la adopción de medidas urgentes en materia de vivienda dado que esperar a la tramitación y aprobación de un instrumento de planeamiento municipal es asumir que estas medidas no se podrán implantar.

Con el paquete de medidas que integran el plan de choque de vivienda de Marga Prohens (Decreto Ley de emergencia, programa Construir para alquilar, promociones del Ibavi y el programa Alquiler seguro), el Govern tiene como objetivo aumentar la oferta de viviendas para los residentes, a través de las diversas figuras de viviendas a precios asequibles, para contribuir a destensar el mercado inmobiliario y contener los precios.

En su primera fase, este plan de choque tiene como objetivo generar unas 7.000 viviendas a precios asequibles para residentes en las islas, como primera proyección con la información facilitada por varios ayuntamientos y a la espera de contar con más datos de otros municipios.