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La ruptura de Vox con Prohens frustra la eliminación del requisito del catalán a todos los funcionarios

El Govern balear sólo ha suprimido la exigencia del catalán al personal sanitario

También queda sin efecto el acuerdo para crear la oficina de defensa del español que debía presidir Vox

La ruptura de Vox con el PP en Baleares frustra la supresión del requisito del catalán a todos los empleados públicos, uno de los 110 puntos que figuraba en el pacto que permitió la investidura de Marga Prohens como presidenta de las Islas. Fue una exigencia de Vox para firmar el pacto que no figura en el programa del PP y que el Ejecutivo de Prohens no tiene intención de llevar adelante. También queda sin efecto el compromiso de crear la  Oficina de Garantía de la Libertad Lingüística. Es la oficina que tenía como objetivo defender el español y las modalidades insulares en Baleares y que debía presidir Vox.

Cabe recordar que la línea roja marcada por Santiago Abascal para firmar el pacto con el PP en Baleares fue acabar con la dictadura lingüística. El Ejecutivo autonómico ha puesto en marcha algunas medidas en este sentido pero quedaban pendientes, entre otras, la eliminación del requisito del catalán a todos los funcionarios y la  Oficina de Garantía de la Libertad Lingüística.

La presidenta del Govern, y  líder del PP en las Islas, Marga Prohens, ha dejado claro en la mañana de este lunes que el pacto con Vox está roto, que  no hay marcha atrás y que a partir de ahora aplicará exclusivamente la hoja de ruta del PP tras quedar sin efecto los acuerdos de 110 puntos con la formación de Santiago Abascal.

El Govern del PP cumplió hace ya un año su compromiso de eliminar el requisito del catalán a todo el personal sanitario. Fue una medida para facilitar la llegada de nuevos profesionales ante el grave déficit de médicos y enfermeras que tienen las Islas, especialmente en Ibiza y Formentera.

La medida se quedó allí a pesar de que el PP había pactado con Vox la supresión del requisito del catalán a todos los empleados públicos, no sólo a los sanitarios. Esta medida, sin embargo, no figuraba en el programa electoral del PP y ahora, tras la ruptura del acuerdo con Vox, el Govern del PP no tiene previsto aplicarla.

El pacto de izquierdas que presidía Armengol impuso el requisito del catalán a todos los empleados públicos mientras el PP defendía que el conocimiento de esta lengua debía ser un mérito pero no una exigencia. Ahora, el Govern del PP ya no defiende en principio la supresión del requisito.

Oficina de Libertad Lingüística

La postura del Govern de Prohens es defender el derecho de los ciudadanos a dirigirse a la Administración en cualquiera de las dos lenguas oficiales y el derecho a ser atendidos en cualquiera de ellas pero en ningún caso tiene previsto eliminar de forma general la exigencia del conocimiento del catalán para acceder a un empleo en la Administración autonómica. En todo caso, sostiene el Ejecutivo, «se estudiará caso por caso para poder garantizar el derecho de los ciudadanos a ser atendido tanto en español como en catalán».

En cuanto a la Oficina de Garantía de la Libertad Lingüística, cabe recordar que su creación está contemplada en los presupuestos del presente ejercicio. El presupuesto asignado es de 750.000 euros. La oficina tenía como objetivo defender el español y las modalidades insulares en Baleares.

Pese a que en principio tenía que haber abierto sus puertas en el primer trimestre del año, ni Vox ni PP habían acordado ni definido aún las funciones que iba a tener, el personal asignado a este organismo de nuevo cuño, ni tampoco quién iba a ser su director.

Hace casi un año, el grupo parlamentario de Vox registró una proposición de ley para crear y regular su gestión, si bien su tramitación parlamentaria quedó congelada. Entre otras cuestiones, por las dudas de un Partido Popular que reconocía que estaba de acuerdo en garantizar el uso normal de las dos lenguas, pero no era de su agrado el articulado presentado por Vox por la invasión de competencias que iba a provocar, la impunidad ante registros de denuncias, su carácter intervencionista y las sanciones de hasta 100.000 euros que recogía el texto para ciudadanos que fuesen discriminados por emplear el castellano o el catalán.

Ahora, tras la ruptura de Vox con el Govern de Prohens, la creación de este ente público que iba a estar adscrito al Parlament queda en la estacada, ya que el mismo no se recoge en el programa electoral del PP, que como ya ha anunciado la presidenta balear, pasa a ser la única hoja de ruta de su gobierno autonómico.

Libre elección de lengua

En relación a la lengua en la enseñanza, el compromiso de los populares con la libre elección entre catalán y español sí que figura en su programa, como una apuesta por el «derecho de las familias de las Islas a elegir la lengua de primera enseñanza».

La número uno del PP en Baleares tiene claro que una cosa son las medidas impulsadas a lo largo de su primer año de gobierno fruto del acuerdo con Vox que ya están aprobadas y que seguirán su curso, como el plan piloto de elección de lengua, y otra bien diferente las iniciativas parlamentarias que están en tramitación en la Cámara autonómica, como la derogación de la denominada Ley de Memoria.

Aunque la presidenta ha asegurado que su tramitación sigue el curso normal, ya ha advertido de que «habrá que ver cómo avanza».

No obstante, si la hoja de ruta del Govern en minoría de Prohens son los 600 puntos del programa electoral del PP en las elecciones autonómicas de mayo, en ningún momento se hace mención en ese documento a esta derogación que sí se incluyó en el ahora roto pacto con Vox que le otorgó la presidencia del Parlament a la dirigente del PP balear.

De hecho, la consellera de Presidencia, Antònia Estarellas, justificó el pasado mes de junio la derogación de la Ley de Memoria en que era una condición de Vox para mantener su apoyo parlamentario al PP: «Eso pasa cuando un Govern está en minoría».