PP y Vox echan del Consell de Mallorca a los espías del catalán que financiaba el PSOE de Armengol

El Gobierno de coalición de PP y Vox en el Consell de Mallorca prescindirá de los conocidos como espías del catalán, la Plataforma per la Llengua, que financiaba el PSOE de Armengol. Se trata de la plataforma que censura el uso del español en los centros escolares y universidades de Cataluña y Baleares y que dejará de trabajar para el Consell de Mallorca dirigido ahora por el presidente insular del PP, Llorenç Galmés. 

En abril de 2022 el anterior Ejecutivo insular presidido por la socialista Cati Cladera, en coalición con Podemos y los independentistas de Més, otorgó a la Plataforma per la Llengua un contrato de 241.395 euros por un periodo de 21 meses para impulsar toda una batería de actividades en Mallorca a favor de que el catalán fuera la lengua de cohesión social. Ahora el contrato llega a su fin y no será renovado.

Desde el Consell insular, fuentes oficiales precisan que el contrato finaliza el 25 de noviembre, y «el nuevo director insular está trabajando en la elaboración de los presupuestos del próximo año. Aún es prematuro para saber qué ocurrirá con esta partida destinada a la dinamización de actividades culturales», realizadas exclusivamente en catalán, para niños, jóvenes e inmigrantes. Lo que es seguro es que no se volverá a contratar a la Plataforma per la Llengua.

A falta de que se concrete el destino que el año próximo tendrá esta partida económica, hay que tener en cuenta que el acuerdo autonómico de gobernabilidad que le ha otorgado a la presidenta del Govern, Marga Prohens, el gobierno en solitario en Baleares y le ha supuesto a Vox su entrada en los gobiernos insulares de Mallorca y Menorca, recoge sin ambigüedades que valgan que se modificarán «las normas que supongan una imposición lingüística, asumiendo que en la comunidad existen dos lenguas oficiales».

Por ello, ambos partidos se comprometen a hacer «el desarrollo normativo correspondiente para garantizar que el desconocimiento del catalán no penalice en el acceso a la Función Pública». Y, además, a garantizar «la libertad lingüística, modificando el actual Reglamento de Usos Lingüísticos para que los ciudadanos puedan dirigirse y ser atendidos en cualquiera de las dos lenguas oficiales».

Un respeto a la igualdad de derechos intolerable para los independentistas de la Plataforma per la Llengua. En el pleno del Ayuntamiento de Palma del pasado mes de julio, el delegado en Baleares de la Plataforma per la Llengua,  Iván Solivellas, intervino para advertir al gobierno municipal del PP, que encabeza el alcalde Jaime Martínez,  que modificar el reglamento lingüístico municipal, «con el pretexto de que todo el mundo pueda dirigirse a la Administración tanto en catalán como en castellano, es propaganda política».

Imponer el catalán y erradicar el castellano en el ámbito público no lo es a juicio de esta entidad, ni va contra la igualdad de derechos parece, dado que según este colectivo ampliamente subvencionado por el anterior Govern socialista de Armengol, la implantación de la libre elección de lengua «sólo pretende crear división entre los ciudadanos».

Es decir, todo lo que no sea imponer el catalán para que entidades de esta naturaleza y sus dirigentes sigan teniendo abierto el grifo de las subvenciones, es dividir y enfrentar a la sociedad.

Baste recordar que nada más conceder el anterior gobierno insular este contrato a los espías del catalán, Vox calificó de «repugnante» la decisión y exigió la suspensión del calendario de actividades dirigidas a menores, jóvenes y recién llegados.

«Los miembros de la plataforma en connivencia con el Consell de Mallorca actúan de manera torticera y ponen el foco en la población más desprotegida y más fácil de controlar. No van a vomitar su discurso catalanista a personas con las ideas claras, sino a niños y jóvenes porque son fáciles de adoctrinar», denunciaba Vox entonces en la oposición en el Consell de Mallorca.