El pacto de izquierdas que preside Armengol aprueba la ley que frena la llegada de turistas a Baleares

El pleno del Parlament ha aprobado este martes la Ley Turística tres meses después de la aprobación y entrada en vigor vía decreto. El conseller de Turismo, Iago Negueruela, ha defendido la ley que contempla la moratoria de cuatro años en la creación de plazas turísticas y la posterior reducción del número de plazas en los términos que decida cada Consell Insular. Negueruela ha lamentado que el PP «haya perdido la oportunidad» de mejorar la Ley Turística y solo haya presentado una veintena de enmiendas.

En la Sala de Plenos han seguido el debate diversos invitados en representación de las patronales y sindicatos que mayoritariamente y, de forma sorprendente, apoyan la restrictiva Ley Turística aunque no ha habido presencia del sector hotelero.

Tampoco ha estado en el debate el vicepresidente del Govern y conseller de Transición Energética, Sectores Productivos y Memoria Democrática, Juan Pedro Yllanes, de Podemos, como «gesto» al considerar que la transición energética debería haber tenido un mayor peso en esta normativa.

Fuentes de la Vicepresidencia del Govern han señalado que Yllanes comparte «la esencia» de esta nueva normativa y que agradece el trabajo del conseller de Modelo Económico, Turismo y Trabajo, Iago Negueruela. Con todo, el vicepresidente considera que el texto debería contemplar un mayor compromiso del sector turístico en materia de cambio climático y de transición energética.

Durante la sesión de control y el debate de la Ley Turística, los diputados del PP Sebastià Sagreras y María Salomé Cabrera se han dirigido al conseller Negueruela para preguntar por el impacto de la ley en el alquiler vacacional y las inversiones en los destinos turísticos. Sagreras ha defendido que el alquiler vacacional es una opción turística de «altísima calidad y alto poder adquisitivo» que, además, no da sensación de masificación y genera riqueza a todos los lugares del territorio y alarga la temporada.

El diputado del PP ha lamentado que la moratoria de plazas y el decrecimiento tendrá efectos sobre este mercado y ha pedido al Govern que rectifique «antes de que la ciudadanía pierda un año antes de la llegada de la ley turística del PP».

Sagreras ha subrayado las diferencias entre el modelo de turismo vacacional frente a otros tipos de turismo, en referencia al turismo de excesos, «que ya está protagonizando portadas en la prensa internacional».

El conseller Negueruela ha criticado que el PP haya aprovechado este pleno para lanzar una batería de preguntas parlamentarias sobre la ley en lugar de «haber trabajado», como sí han hecho otros grupos, en relación a Ciudadanos y el PI, que han hecho aportaciones «en positivo».

Negueruela ha afeado al PP que haya aprovechado el debate de este martes para presentar hasta siete preguntas de control en lugar de haber presentado enmiendas para mejorar el texto y situarse «como hermano de Vox» en la falta de propuestas.

En relación a la oferta ilegal, el diputado del PP Juan Manuel Lafuente ha acusado al Govern de «perseguir» a los negocios legales porque «es más fácil perseguir y poner multas» que plantear un estudio sobre la oferta ilegal. Lafuente ha reclamado «normas claras y sencillas» que favorezcan la competencia y ha acusado a Negueruela de generar «caos».

El conseller, por su parte, ha recordado que las competencias en materia de control de la oferta están en manos de los consells insulares y ha acusado al PP de «hacer proclamas sin rigor jurídico».

Negueruela ha defendido, además, que el Govern ha pactado el apartado sancionador con las organizaciones empresariales. «Triste papel el suyo que tiene que votar junto a Vox contra los acuerdos con los agentes sociales», ha añadido.

Sobre la oferta complementaria, el responsable de Turismo del Govern ha defendido que es uno de los sectores que más ha crecido gracias al apoyo del Ejecutivo autonómico.

En este sentido, el diputado del PP Antoni Fuster ha lamentado que solo se hayan acordado de la oferta complementaria en el apartado sancionador. Fuster ha criticado que la restauración y el comercio «hayan quedado fuera de la norma».

Además de las preguntas del PP, Negueruela también ha tenido que responder a una pregunta del diputado de Vox Sergio Rodríguez, que ha reclamado medidas del Govern contra la práctica del balconing.

Rodríguez ha lamentado el «dramático» inicio de temporada en este sentido y la «pésima» imagen que ya se está trasladando. El diputado de Vox ha pedido a Negueruela que deje de gobernar con Més porque, ha asegurado, «aplauden esta práctica».

El conseller ha criticado que Vox esté instalado en el «populismo permanente» y que se opusiera al decreto de excesos y a sancionar a quienes, precisamente, hacen balconing.

Enmiendas

Durante la tramitación se han incorporado enmiendas de diferentes grupos, diversas pactadas entre los tres grupos que forman parte del Govern, 16 del PI, diez de Ciudadanos, 12 de GxF-PSIB-EU y una de Més per Menorca. Entre estas enmiendas incorporadas, destaca una del PI para que establecimientos hoteleros puedan convertirse en viviendas destinando un porcentaje a VPO o una de Cs con la que se incluyen cláusulas de salvaguarda y exoneraciones de las obligaciones de eficiencia energética.

En su intervención ante el pleno, el portavoz parlamentario del PI, Josep Melià, ha valorado «lo positivo» que ha tenido la tramitación, pero ha considerado que se debería haber hecho «como toca» y no a través de un decreto. Entre otras cuestiones, Melià ha pedido que se defina «con más exactitud» qué son las imposibilidades de sustitución de las calderas para que no se genere «inseguridad jurídica».

Asimismo, ha expresado su satisfacción por el acuerdo relativo al cambio de uso, con el que se consigue una fórmula para eliminar del mercado los establecimientos obsoletos y darles un uso social, administrativo o de innovación.

Desde el Grupo Mixto, el diputado de Més per Menorca Josep Castells ha lamentado que de las 29 enmiendas presentadas por su formación, sólo se haya incorporado una, y ha asegurado que se queda con «un regusto de oportunidad perdida porque se debería de haber ido más allá». Como aspectos negativos, ha mencionado que hay «una vulneración de las competencias de los consells insulares en materia de ordenación turística».

Por parte de Més per Mallorca, el diputado Joan Mas ‘Collet’ ha insistido en que para mejorar la calidad del turismo y bajar el nivel de presión sobre el territorio, «la única herramienta es la moratoria». «La situación de colapso no es ninguna apreciación subjetiva, basta con dar una vuelta por cualquier sitio para ver que la capacidad de carga está desbordada», ha añadido.

La portavoz parlamentaria de Ciudadanos, Patricia Guasp, ha indicado que en su formación están «medianamente satisfechos» con la tramitación del proyecto, aunque están «completamente en contra de la moratoria». «El Govern se pasó de frenada incluyendo una moratoria en una normativa donde los objetivos eran la sostenibilidad y la circularidad», ha lamentado.