Otras cuatro familias denuncian al Govern de Armengol por impartir el 100% de la enseñanza en catalán

Cuatro familias de Baleares han presentado denuncias ante el Tribunal Superior de Justicia de Baleares (TSJB) contra el Govern, que preside la socialista Francina Armengol, por no ofrecer a su hijos enseñanza en español y practicar la inmersión lingüística. De momento, ya son cinco las denuncias presentadas en dos semanas y pronto se llevará a cabo la sexta. En Baleares, los centros públicos de enseñanza imparten el 100% de las asignaturas en catalán.

La primera demanda la presentó Salvador Iglesias, padre de una adolescente que cursa el Bachillerato en un instituto de Mallorca, y lo hizo de la mano de la Asociación Hablamos Español, entidad que a nivel nacional preside Gloria Lago y que en Baleares tiene a Salvador Iglesias como portavoz.

Las cuatro nuevas denuncias presentadas la pasada semana corresponden a padres de alumnos del municipio de Marratxí (Mallorca), que las han tramitado las demandas ante el TSJB con la ayuda de Sociedad Civil Balear y la Asociación de Profesores Plis.

El TSJB ha admitido a trámite el recurso contencioso-administrativo interpuesto por las cuatro familias de las Islas que solicitan que al menos el 25% de la enseñanza de sus hijos sea en castellano.

Estas cuatro familias ya habían agotado la vía administrativa que marca el protocolo a seguir y donde el primer paso es presentar una solicitud al director del instituto para que sus hijos reciban al menos el 25% de las horas lectivas en español en cumplimiento de las diversas sentencias del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, el Tribunal Supremo y el Tribunal Constitucional.

Una vez obtenida la negativa de los directores de los centros docentes a modificar el modelo lingüístico, como ha sucedido en todos los casos, los padres presentaron, con la ayuda de Sociedad Civil Balear y la Asociación Plis, la reclamación ante la Conselleria de Educación que preside el socialista Martí March.

Los demandantes han acudido ahora a la Justicia tras agotar la vía administrativa y obtener la negativa de la Conselleria a modificar el modelo lingüístico que se aplica en los institutos y que no es otro que la inmersión lingüística en catalán.

A finales de año, la Asociación Plis y Sociedad Civil Balear iniciaron una campaña en las puertas de los instituto y colegios públicos para informar a los padre de su derecho a exigir que sus hijos reciban al menos el 25% de la enseñanza en español. También se les informaba de los trámites a seguir y se les ofrecía el asesoramiento y ayuda para cumplimentar los trámites.

Fruto de esta campaña 135 familias ya han presentado solicitudes que se encuentran en diferentes fases de tramitación. Una parte están en la primera fase que es la reclamación al director del instituto para que cumpla con la legislación y ofrezca enseñanza en español a sus hijos. En todos los casos que se conocen, los directores de los centros docentes han rechazado la petición de los padres alegando que aplican el modelo educativo de inmersión lingüística en catalán aprobado por el Govern.

Otra parte de las familias ya han presentado la petición ante la Conselleria de Educación tras obtener la negativa de los directores de instituto. Al igual que sucedió con Salvador Iglesias, primer padre en acudir a la Justicia, las cuatro familias ya habían agotado la vía administrativa y no han tenido más remedio que acudir al Tribunal Superior de Justicia.

Cabe recordar que la Ley de Educación de Baleares impulsada por el Govern de izquierdas de Francina Armengol no contempla el español como lengua vehicular de la enseñanza en las Islas y permite impartir todas las clases en catalán, como así sucede.

La asociación de profesores Plis ha reconocido «el valor de todas estas familias que, para exigir satisfacción de derechos, deben enfrentarse a un largo recorrido de obstáculos ante la administración, que demuestra estar para impedir derechos, no para satisfacerlos». «Por si fuera poco, además han de hacerse cargo de los gastos inherentes a un juicio, contratación de apoderado y abogado, en plena época de crisis económica y contra la administración, que cuenta con ingentes recursos económicos y humanos».

Cataluña

Estas denuncias llegan en un momento en que el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya ha reconocido que la ley y el decreto del catalán de la Generalitat impiden ejecutar la sentencia del 25% de castellano en las aulas. Dice que esta sentencia se basaba en una legislación anterior y que la nueva normativa hace incompatible su ejecución.

En una resolución este lunes, el tribunal matiza que tiene muchas dudas sobre la constitucionalidad de la normativa catalana sobre la lengua en la enseñanza y que por ello acudirá al Tribunal Constitucional para que dictamine.

En Baleares la legislación referente al catalán en la enseñanza es similar, o incluso más restrictiva que la de Cataluña. La Ley de Educación de Baleares ha suprimido el español como lengua vehicular y permite impartir todas la enseñanza en catalán, algo que las diferentes sentencias, que han sentado jurisprudencia, consideran ilegal.