Ninguna empresa quiere hacerse cargo del mantenimiento del poblado narco de Son Banya

Ninguna empresa quiere hacerse cargo del mantenimiento del poblado narco de Son Banya, y ante esta situación, el Ayuntamiento de Palma se ha visto obligado por segunda vez en un año a declarar desierto el concurso convocado para el «mantenimiento correctivo» del oficialmente conocido como albergue municipal de Son Riera.

Los 100.000 euros ofrecidos por el Consistorio palmesano no han bastado a ninguna compañía del sector para hacerse cargo de solucionar, por ejemplo, los embozos cotidianos que se producen en las tuberías del poblado chabolista, del arreglo y subsanación de las condiciones de estabilidad de los albergues, de la seguridad de las precarias construcciones, etcétera.

Hace apenas un año fueron dos empresas las que presentaron oficialmente y en plazo sus ofertas para este fin, si bien a la hora de la verdad, ninguna de ellas optó por seguir adelante.

Tras ese primer fracaso, el Consistorio volvió a sacar a concurso el pasado mes de junio este servicio de mantenimiento y cuidado de calles e infraviviendas en terrenos municipales y, en esta ocasión, no se ha presentado ningún licitador a la convocatoria.

Por tanto, el mantenimiento de la zona más marginal de Palma queda en el aire, y tendrán que ser ahora las brigadas municipales, las que se hagan cargo en momentos puntuales de hacer frente a las deficiencias y contingencias que se presenten, si así se les requiere.

Creado por el Ayuntamiento de Palma en 1970 de manera experimental y por primera vez en España, el medio millar de personas que malviven en el poblado narco de Son Banya, lo hacen en unas condiciones inconcebibles en una sociedad moderna con una brutal falta de higiene, rodeados de basura, ratas, con graves problemas de atención sanitaria y de escolarización para los menores que allí residen.

Aunque en enero de 2018 el pleno municipal aprobó por unanimidad un acuerdo político para su desmantelamiento y el realojo de las familias vulnerables que acababa el pasado 2023, poco o nada se avanzó en estos años.

Desde entonces, han salido del poblado 203 personas, de las cuales 118 eran adultos y 85 menores, para un total de 48 familias.

El principal escollo para terminar de ejecutar su desmantelamiento es la falta de disponibilidad de viviendas para realojar a las familias vulnerables, pese a que en la primavera de 2023 el Ayuntamiento de Palma y el Instituto Balear de la Vivienda (Ibavi) llegaron a un acuerdo para ceder viviendas públicas en otras zonas de la capital balear para este fin. Pero en la práctica nada se ha avanzado desde entonces, más allá de promesas y anuncios oficiales.

La última actuación municipal en la zona fue el pasado mes de julio cuando la Policía Nacional y la Policía Local de Palma, acordonaron la zona para que los operarios demolieran un muro de metro y medio de altura fabricado a base de chatarra y basura, que condicionaba el paso y la visibilidad del poblado chabolista a los agentes policiales.

Una fortificación levantada tras una pugna entre clanes que dificultaba la entrada de las autoridades policiales cuyo derribo se completó con la demolición de cinco edificaciones ilegales.

Después de que en la última legislatura, el anterior gobierno municipal con la concejala independentista Neus Truyol al frente del área de Urbanismo y Vivienda se cruzara de brazos a la hora de afrontar el desmantelamiento de este poblado narco, ahora en la oposición, Truyol exige al alcalde del PP, Jaime Martínez, que arregle el desaguisado de Son Banya.

Truyol afeó esta misma semana al primer edil que «a pesar de las promesas, no se han materializado nuevas cesiones de viviendas, agravando la situación de decenas de familias» exigiendo al actual primer edil que ponga en marcha ya los recursos necesarios para acabar con Son Banya. «Los ciudadanos de Palma merecen un gobierno que actúe, no uno que», a su parecer, «retarde las soluciones para los problemas que hace ya demasiado tiempo que duran».