Los hoteleros de Baleares exigen al Govern que no permita el uso turístico en viviendas rústicas ilegales

Las asociaciones de hoteleros de Baleares han reclamado al PP que  reconsidere su enmienda presentada a instancias del PSOE al Decreto Ley de Simplificación Administrativa, que habilita usos turísticos en inmuebles fuera de ordenación en suelo rústico y que podrán ser legalizados con esta normativa.

La Federación Empresarial Hotelera de Mallorca, la Asociación Hotelera de Menorca y la Federación Empresarial Hotelera de Ibiza y Formentera se han pronunciado a través de un comunicado en el que han solicitado que «no prospere ninguna alegación que perjudique a la sociedad en materia de vivienda vinculada al uso turístico y no residencial».

Así, han señalado que desde hace varios años en Baleares se sufre y se ha agravado una situación de «emergencia habitacional». Una crisis que han reconocido que «afecta de manera directa a miles de ciudadanos» que sufren la «escasez de vivienda asequible» y la «gentrificación en los barrios por el incremento exponencial del alquiler turístico en edificios plurifamiliares en los últimos años».

«En este contexto de extrema necesidad habitacional no puede, bajo ningún concepto, verse agravado por medidas que abunden en priorizar el uso turístico en viviendas», han alegado los hoteleros.

De este modo, han argumentado que la moratoria turística vigente y las políticas de regulación que el Govern ha implementado, como parte de un pacto político y social, tienen como objetivo «frenar el crecimiento y la presión del mercado inmobiliario turístico sobre la oferta residencial».

Por eso, han apuntado que «no comprenden ni comparten» que se impulse una enmienda de una normativa que se concibió para ordenar construcciones en suelo rústico y permitir su legalización, en caso de cumplir determinados requisitos y siempre que cesara su uso turístico, tuviera o no licencia.

En ese sentido, han citado las declaraciones del portavoz del PP en el Parlament, Sebastià Sagreras, en las que reconoció que siguen contemplando ahora la legalización urbanística, pero «eliminan la prohibición de destinar la vivienda legalizada a alquiler turístico, contrariamente a lo que se motivó inicialmente».

Para los empresarios hoteleros, esta propuesta «carece de coherencia» con los objetivos y el discurso que ha establecido el propio Govern de trabajo «sosegado» y «reflexivo», en el marco del Pacto por la Sostenibilidad Social y Política en Baleares, con el que han afirmado que se «buscará un consenso y se priorizarán actuaciones para reducir la saturación y mejorar la convivencia».

«Resulta particularmente preocupante que mientras el Govern promueve un proceso de diálogo para un pacto social y global que aborde los problemas de congestión, gentrificación y escasez de vivienda, se considere, por otro lado, una enmienda que favorezca el uso turístico en viviendas en las que este iba a desaparecer», han puntualizado.

Seguidamente, han remarcado que el objetivo de un decreto ley de estas características es «la simplificación de trámites administrativos, no la reactivación o concesión de licencias turísticas que hubieran sido retiradas en cumplimiento de la ley», si el decreto se mantuviera en su redacción original.

Los hoteleros han incidido en que la contradicción normativa «no solo crea inseguridad jurídica», sino que también «desvirtúa el propósito del decreto».

«Permitir nuevas licencias turísticas o mantener aquellas que ya han sido anuladas, no solo agrava la dificultad del acceso a la vivienda, sino que también socava la posibilidad de encontrar soluciones reales a la crisis habitacional y que ha sido una de las causas que han provocado las protestas ciudadanas», han reivindicado.

Por estos motivos, han insistido en que el Govern debe tomar «decisiones valientes» en materia de vivienda y han pedido que únicamente las viviendas unifamiliares aisladas puedan dedicarse una actividad distinta a la residencial.

«Las materias especialmente sensibles deberían trabajarse con el análisis y las cautelas debidas en las leyes especiales que incumben a cada una, para evitar así que lo que eran títulos en precario otorgados sobre viviendas contrarias al ordenamiento urbanístico se conviertan en regalos a particulares con un coste sobre el conjunto de la sociedad y más cuando durante muchos años han disfrutado de beneficios económicos pese a su situación de ilegalidad», han subrayado.