El Govern balear autoriza aparcamientos temporales en rústico para evitar colapsos en pueblos y playas

El decreto de simplificación administrativa que este viernes ha aprobado el Consell de Govern contempla la posibilidad de que, siempre de manera extraordinaria y temporal, los ayuntamientos puedan ubicar aparcamientos en suelo rústico y en cualquier otra clase de suelo, público o privado, para evitar el colapso circulatorio en pueblos y zonas de playa.

El objetivo, según ha explicado en la rueda de prensa posterior el portavoz del Ejecutivo autonómico, Antoni Costa, es facilitar la movilidad en las épocas de más afluencia de visitantes, siempre con carácter provisional y una duración máxima de ocho meses cada año natural.

La medida piensa especialmente en disuadir a los conductores de la idea de acceder a los centros de las ciudades o pueblos y zonas costeras en coche particular.

Las zonas se adecuarán para esta finalidad a través de la compactación del terreno o la instalación de estructuras provisionales que permitan la recuperación de su estado original cuando finalice su uso o se agote el plazo máximo de ocho meses.

El decreto contempla, como ya se había adelantado, la supresión de la Comisión Balear de Medio Ambiente y su transformación en un organismo que tome las decisiones desde un punto de vista estrictamente técnico y en un tiempo razonable. El Ejecutivo pretende así huir de las injerencias políticas y de los criterios arbitrarios en la evaluación ambiental de proyectos.

El decreto de simplificación administrativa que se tramitará como proyecto de ley contiene la regularización de viviendas fuera de ordenación que, en todo caso, no se podrán destinar a alquiler turístico.

La norma, además, abre la puerta a que los consells insulares externalicen las inspecciones técnicas de vehículos con el objetivo de agilizar estas revisiones y evitar las recurrentes listas de espera y los problemas para conseguir cita.

En virtud del decreto, la Comisión Balear de Medio Ambiente deja de funcionar como un órgano colegiado y pasa a operar como un departamento técnico, con lo que se adoptará el modelo de la mayoría de comunidades autónomas.

El órgano ambiental se integrará en la actual Dirección General de Coordinación y Armonización Urbanística que pasará a denominarse Dirección General de Armonización Urbanística y Evaluación Ambiental.
La participación de los consells insulares y de los ayuntamientos queda garantizada en el procedimiento ambiental a través de la fase de consultas a las administraciones públicas.

Por otro lado, en materia de recursos hídricos, se reducen los supuestos que requieren de forma obligatoria un informe de la Dirección General correspondiente.

El conocido también como decreto ómnibus prevé que las edificaciones, construcciones, instalaciones y usos fuera de ordenación se podrán legalizar con carácter extraordinario en el plazo máximo de tres años.

Esta medida se dirige únicamente a edificaciones, construcciones y edificaciones contra las cuales la Administración ya no puede actuar, porque se trata de infracciones prescritas, contra las cuales ya no es posible una sanción ni el restablecimiento de la legalidad urbanística.

Se podrán acoger a esta medida extraordinaria aquellas edificaciones, construcciones e instalaciones construidas ocho años antes de la entrada en vigor del texto.

A cambio de la legalización, los propietarios tienen que asumir el pago de contraprestaciones económicas que despenderán del momento de la regularización y la adopción de medidas medioambientales.

Además, se tendrá que presentar un proyecto técnico para la adaptación a criterios de sostenibilidad ambiental con medidas que supongan reducción de la contaminación lumínica y un incremento de la eficiencia energética o hídrica de la edificación, la construcción o la instalación mediante la utilización de materiales, técnicas y sistemas constructivos, cambio de instalaciones, generación de energía renovable, instalaciones de depósitos de agua o cualquier otro sistema de reducción del consumo energético o hídrico de la red, y también sistemas de depuración de agua adecuados.

En los ámbitos de vivienda y urbanismo, una de las principales medidas nuevas es que se facilita una agilización de las licencias urbanísticas municipales y se da la opción voluntaria de externalizarlas a entidades colaboradoras urbanísticas (ECU), que emitirán los pertinentes informes técnicos y jurídicos, y de este modo conseguir reducir los plazos de la concesión de estas licencias.