El Gobierno de Sánchez mantiene bloqueadas sus obras e inversiones en una Palma gobernada por el PP

El Gobierno socialista de Pedro Sánchez mantiene bloqueadas obras e inversiones urbanísticas en una Palma gobernada por el PP con el alcalde Jaime Martínez al frente.

Una capital balear a la que ningunea desde las elecciones de mayo de 2023, cuando los palmesanos pusieron fin a ocho años de gobierno del PSOE y mandaron a este partido y a sus socios independentistas de Més y Podemos a la oposición municipal. El ex alcalde socialista José Hila se fue al Senado.

Si por aquel entonces, hace ya más de dos años, había esperanzas de que proyectos como las 831 VPO previstas en el antiguo cuartel Son Busquets  fuesen una realidad en la presente legislatura, dada la escasa oferta en vivienda social existente, a fecha de hoy esta posibilidad ya está descartada.

No habrá obras ni entrará maquinaria alguna en este solar, propiedad de la Sociedad Estatal de Promoción y Equipamiento de Suelo (SEPES), que ha vuelto a incumplir su promesa de que en septiembre remitiría al Ayuntamiento de Palma el avance urbanístico previsto en este espacio para su debate y presentación de alegaciones. En la actualidad, Urbanismo continúa a la espera del documento.

Y habrá que ver si no sucede lo mismo con las suspendidas obras del Baluard del Príncep, paralizadas desde hace dos años y medio tras la quiebra del concesionario y cuya reanudación el Ministerio de Transportes y Vivienda del socialista Óscar Puente sigue sin sacar a concurso, pese a las reiteradas demandas del gobierno municipal del PP.

Aunque el proyecto está ejecutado en un 92% y apenas queda la recta final de ejecución de los trabajos, en estos momentos continúa sin salir a licitación su ejecución. Y eso que la inversión necesaria para concluir la rehabilitación completa de este espacio es de apenas 1,7 millones de euros.

A pesar del bajo coste que tendría concluir el remate final de la rehabilitación de la antigua muralla renacentista de Palma y lo que la ciudad ganaría con su apertura, Puente demuestra que su prioridad no es mejorar la calidad de vida ni la ciudad de residencia de los palmesanos.

Mención aparte merecen las obras y el proyecto de la nueva Ciudad de la Justicia, que desde hace más de tres años se viene anunciado por el Ministerio ahora liderado por Félix Bolaños y que se ubicaría en los terrenos de Son Pardo en Palma.

Hay que recordar que en 2022 se alcanzó un compromiso entre el Ministerio de Justicia, bajo la dirección de Pilar Llop, y la Sociedad de Gestión de Activos Procedentes de la Reestructuración Bancaria (SAREB), que contemplaba la adquisición de una parcela de 212.825 metros cuadrados en las inmediaciones del Hipódromo por un monto de 4,7 millones de euros.

No obstante, la transacción aún no se ha completo hasta el punto de que el Gobierno sólo ha adquirido parcialmente los terrenos necesarios, comprando dos de las tres parcelas por 3,6 millones de euros.

Ante este panorama de incertidumbre, esta semana la Comisión de Justicia del Senado, con mayoría de PP y PSOE, ha dado luz verde a una propuesta del Partido Popular que insta al Gobierno a empezar la construcción de la Ciudad de la Justicia de Palma.

El PSOE, por otro lado, ha aceptado la propuesta pero ha añadido una enmienda para colaborar con el Ayuntamiento de Palma en las «actuaciones urbanísticas necesarias para desarrollar el proyecto», alegando que los terrenos ya adquiridos son adecuados para comenzar las obras.

Esta enmienda ha sido aceptada por el PP, facilitando así el avance de una moción que, lamentablemente, no es vinculante. Por tanto, todo hace indicar que la Ciudad de la Justicia seguirá durmiendo el sueño de los justos otro año más y los juzgados seguirán colapsados por la falta de espacios para desarrollar la actividad judicial, tal y como queda patente, dicen, en las memorias anuales del Tribunal Superior de Justicia de Baleares.

Una falta de espacio que está condicionando la puesta en marcha de nuevas plazas judiciales para hacer frente a la demanda de profesionales.