Dos policías locales denuncian al fiscal que dejó escapar a Cursach tras acusarlo de 15 delitos

Dos policías locales denuncian ante la Fiscalía General del Estado al fiscal, Tomás Herranz, que absolvió al empresario mallorquín, Bartolomé Cursach, en el juicio celebrado el pasado año en la Audiencia Provincial de Palma, en el que el Ministerio Público pasó, inexplicablemente, de acusarlo de 15 delitos a pedir su absolución, centrando su labor en el caso más en cuestionar a sus propios testigos y a desmontar la causa, que a entrar en el fondo de la misma.

En su denuncia los dos agentes que fueron testigos de la propia Fiscalía en el juicio, acusan a Herranz de «cometer los delitos de injurias y calumnias» al imputarles toda una serie de hechos delictivos «sin ningún tipo de sustento probatorio, de forma totalmente falsaria, aparentemente habiendo incluso predispuesto previamente la prueba a tal fin, y con claro conocimiento de su falsedad y un temerario desprecio hacia la verdad, con intención de desprestigiar y desacreditar el buen nombre, imagen y reputación».

Entre otras cuestiones, citan el hecho de que el fiscal Herranz los acusara de hechos tan graves como «haber recibido sobornos, de haber realizado actos de presión sobre locales de Cursach, de falso testimonio, de obstrucción a la justicia, y de haber mantenido una relación íntima con el fiscal instructor, Miguel Ángel Subirán», que después fue apartado del caso.

Considerando además que el fiscal Herranz, tras concluir su informe oral, «ni tan siquiera solicitó que se dedujera testimonio, ni formalizó acusación alguna», contra ellos, pese a la gravedad de las acusaciones, los denunciantes consideran que «ninguna duda cabe que el principal, por no decir el único objetivo, era desprestigiar a los dos testigos, e intencionadamente calumniar e injuriar, esto es agredir el derecho al honor y la propia imagen».

Los testigos policiales se reafirman en que unas acusaciones de tal gravedad, realizadas sin el más mínimo atisbo probatorio, al contrario, faltando a la verdad, realizadas en sede judicial, y de manera notoriamente pública y realizadas por un fiscal enviado especialmente por la Fiscalía Especial contra la Corrupción para asistir al juicio, con la resonancia mediática que ha tenido, «han supuesto una humillación y un desprestigio tan grave a nivel personal y profesional, que puede conllevar unos daños irreparables al buen nombre, prestigio y reputación tanto personal como profesional de los denunciantes».

Unos agentes que inciden en su escrito remitido a la Fiscalía que han venido denunciado casos de corrupción desde el inicio de la causa, y que durante el desarrollo del juicio oral, «fueron interrogados por parte de las defensas sobre cuestiones por completo ajenas, obviando que en el procedimiento en cuestión se enjuiciaba una pieza separada derivada de unos hechos denunciados en el año 2013».

Unas preguntas que, al parecer, iban encaminadas a acreditar algún tipo de entente o de intereses confluyentes con terceras personas, por lo que consideran que el fiscal Herranz, con el sibilino empleo del vocablo «causal», «promovió que los testigos pasaran a ser considerados más bien como delincuentes».

Finalmente acusan al fiscal «de imputarles delitos sin prueba alguna para desacreditar sus testimonios», como el hecho de afirmara que «realizaban actos de acoso contra locales de Cursach, alegando que se sobrepasaban los fines que realmente tenían dichas actuaciones policiales, pretendiendo darle un matiz injurioso, denigrante y completamente desproporcionado».