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La Fiscalía pasa de acusar al ‘capo mafioso’ Cursach de 15 delitos a la absolución: ¿por qué será?

El grueso de las denuncias contra el empresario de la noche no han sido tan siquiera enjuiciadas por decisión del fiscal

Han desaparecido denuncias de forma misteriosa y, sorprendentemente, testigos clave no han sido localizados

Surrealista: el fiscal del ‘caso Cursach’ rompe a llorar ante y pide perdón entre los vítores de los acusados

La Fiscalía Anticorrupción retira todas las acusaciones en el ‘caso Cursach’

Cursach
Bartolomé Cursach en marzo de 2017 cuando fue detenido.

La Fiscalía Anticorrupción ha pasado inexplicablemente de acusar al capo mafioso Bartolomé Cursach de quince delitos a proponer la absolución sin que se sepan los motivos exactos. Muchas sospechas en el aire y en el sombrío trasfondo de esta decisión está la nefasta instrucción judicial del caso, denuncias que misteriosamente han desaparecido de los juzgados sin investigar y testigos cuyo paradero es desconocido y que no han podido ser localizados. A todo ello sumar que sólo se ha juzgado a Cursach por una mínima parte de los quince delitos por los que estaba acusado.

Los quince delitos que pesaban sobre el capo Cursach son los siguientes: narcotráfico, corrupción de menores, pertenencia a organización criminal, cohecho, extorsión, amenazas, coacciones, uso de información privilegiada, delito contra la Hacienda pública, blanqueo de capitales, tráfico de influencias, falsedad documental, estafa procesal, aportación de documentos falsos en juicios, tenencia ilícita de armas y delitos contra los derechos de los trabajadores.

Sorprendente ha sido la actitud de la Fiscalía, que se ha centrado más en cuestionar a los testigos y desmontar la causa que en entrar en el fondo de la misma.

En una sesión final sin precedentes en la historia judicial de España, con un show lacrimógeno sin par del fiscal anticorrupción, Tomás Herranz, al relatar éste sus conclusiones y con el principal acusado aplaudiéndole, la Sección Primera de la Audiencia Provincial de Baleares dejaba visto para sentencia el llamado caso Cursach que absolverá al capo mafioso y rey de la noche mallorquina después de 36 sesiones y cinco meses y medio de juicio. La Fiscalía Anticorrupción y las tres acusaciones particulares han retirado todos los cargos contra Cursach.

«La prueba es que no hay prueba», afirmó Herranz sobre los hechos supuestamente delictivos que le imputaba al inicio del juicio a un Bartolomé Cursach que fue tachado de mafioso, y que se va de rositas en una vista oral en la que no se ha enjuiciado ni el uno por ciento de los hechos por los que estaba denunciado por parte de la  acusación particular de los empresarios de la localidad mallorquina de Magaluf. Lo que es más grave, estas denuncias han desaparecido de los juzgados.

Es más, a fecha de hoy se ignora el paradero de estas denuncias pese a las reiteradas peticiones y explicaciones solicitadas al Juzgado de Instrucción número doce, que inició la investigación, por parte de Teresa Bueyes, abogada de los denunciantes, para saber dónde están.

Lo único que se sabe es que la instrucción se llevó a cabo allí en una pieza principal, la 1.176, y que de la misma se abrió otra separada, que es la ahora enjuiciada, la 1.826.

Detrás de la absolución de Cursach está, sin duda, la nefasta instrucción inicial del caso por parte del fiscal Miguel Ángel Subirán y el juez Manuel Penalva, quienes tomaron las riendas del caso Cursach, y que fueron apartados del mismo en 2018, tras ser recusado este último por enviar  mensajes vía WhatsApp a una testigo clave. Penalva fue jubilado por el Poder Judicial en julio de 2021 .

En junio pasado, y a tan solo doce días de arrancar el juicio, la Fiscalía Anticorrupción retiraba la acusación contra siete de los 23 acusados en el procedimiento y limitaba las acusaciones por las que reclamaba condenas a la actuación de la Policía Local de Palma, y sus posibles conexiones con Cursach, renunciando además a 54 testigos.

Tras atribuirle Subirán y Penalva al empresario un delito de cohecho activo continuado y un delito de coacciones solicitando la Fiscalía ocho años y medio de prisión, el Ministerio Público con Herranz y Carrau al frente, reducía estas penas a años y medio de cárcel lo que, aparte de una monumental sorpresa, fue un presagio del vuelco radical que iba a dar la causa. 

A modo de ejemplo, en el caso de la acusación particular de los empresarios de Magaluf se eliminó el grueso de las cuestiones a enjuiciar y los fiscales limitaron su acusación a una cuestión totalmente menor relacionada con unas vallas publicitarias y unas torres de refrigeración.

Todos los delitos de extorsión, coacciones, amenazas, cohecho, organización criminal, palizas a los tiqueteros y hasta quince posibles delitos iniciales desaparecieron misteriosamente del sumario porque, a juicio de los fiscales, ya no estaban en esta pieza.

La realidad es que no están en esta, ni en ninguna otra, ni se han archivado ni enjuiciado en ningún momento. ¿Dónde están todos aquellos hechos delictivos que la Fiscalía está obligada a perseguir de oficio? La realidad es que nadie lo sabe.

En el caso de Calvià, todos los delitos antes mencionados desaparecieron, han quedado sin enjuiciar y la causa contra el empresario se centró en la colocación de una valla y una supuesta prevaricación administrativa que, finalmente, ha quedado también sin resolución. Un delito menos, como el supuesto trato de favor recibido por un empleado del Ayuntamiento de Calvià, en relación con determinados asuntos sobre el cierre de la famosa discoteca BCM.

Un episodio rocambolesco más del caso, donde la testigo principal y funcionaria de carrera del mismo Consistorio se encuentra desaparecida, no se ha localizado, ni las gestiones realizadas han dado con su paradero.

Y es que, en general, los fiscales han renunciado a sus testigos más importantes y a los de las acusaciones particulares, los interrogatorios por parte de la Fiscalía han sido llevados al terreno de lo que todo apunta ser el primer paso para ir aportando material y pruebas contra Penalva, Subirán, los agentes de blanqueo imputados y determinados testigos encausados, que serán enjuiciados en la causa abierta por el Tribunal Superior de Justicia de Baleares.

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