Teresa Bueyes: «El juicio a Cursach ha sido una perversión absoluta de la Administración de Justicia»

A sus 51 años la abogada Teresa Bueyes, licenciada en Derecho en la Universidad San Pablo CEU, donde también se doctoró hace ya casi un cuarto de siglo, ha ejercido una de las tres acusaciones particulares, en concreto, la de un empresario con negocios en la plaza Islas Pitiusas de Magaluf, contra el controvertido capo, y ahora absuelto, rey de la noche mallorquina, Bartolomé Cursach.

Le acusaba de perjudicar a todos sus locales de ocio para evitar que pudieran atender a clientes extranjeros, supuestamente, contando para ello con el beneplácito de funcionarios del Ayuntamiento de Calvià, que habrían permitido irregularidades urbanísticas de sus negocios, y hasta de la Policía Local, que no acudía a los requerimientos telefónicos que realizaba.

Bueyes asistió esta semana pasada a la vergonzante sesión final de la vista oral contra un empresario acusado de 15 delitos, que ha salido airoso, en uno de los juicios más esperpénticos que se recuerdan en la historia judicial de España. Y es que el fiscal Anticorrupción Tomàs Herranz concluyó el proceso sollozando, pidiendo perdón, retirando todos los cargos y afirmando que la única prueba es que no las hay, con el principal acusado aplaudiendo emocionado.

Pregunta.- La Fiscalía Anticorrupción ha pasado de acusar a Bartolomé Cursach de 15 delitos a rubricar su absolución. ¿Por qué será?

Respuesta.- De fondo hay razones de miedo. Yo hablo siempre de mis clientes, y 14 denuncias han desaparecido, se han quedado en un limbo jurídico, sin juzgar, ni sobreseer, y nos han dejado una acusación basada en un hecho endeble y absurdo como era la instalación de una valla, que se ha demostrado que estaba construida en suelo de Cursach aunque es una cuestión de conflicto civil no resuelto. Pero ahora bien, dejan de lado, toda la causa referente a la plaza Islas Pitiusas (Magaluf, Mallorca) que es donde mi cliente tiene unos locales, y eso, no está en esta causa, ni en la principal y ha quedado en un limbo legal.

P.- ¿Y qué pasaba en esa plaza que no ha sido juzgado nada?

R.- Es una evidencia absolutamente documentada, porque existen escuchas donde se oye a Cursach, Sbert y a sus acólitos, de cómo tienen que hundir los negocios de mis clientes, qué tienen que hacer con ello, y toda clase de amenazas, y cómo iba a ser la puesta en escena, que se materializó en forma de obstaculizar el acceso a la plaza poniendo mesas y sillas a modo de barrera, basuras, excrementos, animales muertos en la zona de los locales de mis clientes, empujones a tiqueteros, peleas o poner matones en la entrada de la plaza para que no pudiera acceder la gente.

P.- ¿Todo eso está documentado?

R.- Si, y no sólo en escuchas, sino en videos donde se visiona todo esto y hasta en un programa de televisión que, además, se hizo eco de todo ello, y aparecen imágenes de que todo esto es real. Pues bien, el fiscal en la sesión final lo negó. Y lo negó diciendo que esto era mentira, que él había estado en la plaza y que no había visto esto. Estuvo hace once días dijo. Claro evidentemente, pero no en 2017, ni en 2016, ni en 2014, cuando se empiezan a denunciar estos hechos.

P.- ¿Cómo puede ser que a Cursach no se le haya juzgado por tantos delitos?

R.- Porque esto es una perversión absoluta de la Administración de Justicia. No me sirve cuando he ido a preguntar que echen la culpa a Penalva y Subirán, porque quien estaba de coordinador, de compañero y de fiscal también ahí, era Carrau que también estaba en este juicio. Cuando se marchan o apartan a Subirán y Penalva, se queda Carrau. Y Carrau estaba obligado a seguir y garantizar la legalidad del procedimiento y a perseguir los delitos, porque para eso está el fiscal. No me sirve que echen mierda a los anteriores, no me sirve. Yo no quiero poner nombres de unos, ni otros. Yo sólo quiero saber de lo mío qué pasa, porque aquí, quienes de verdad son víctimas son mis clientes, que se han visto perjudicados y privados de un derecho fundamental: un juicio justo.

P.- ¿Es la mayor farsa judicial que ha presenciado?

R.- No sólo yo. Todos los españoles deberíamos alzarnos de que esto es la evidencia palpable de que hay una institución en riesgo de extinción como es la Administración de Justicia. Yo no he visto en mi vida a un fiscal llorando, la gente aplaudiendo, la presidenta llorando también y permitiendo esto en la Sala, cuando el primer día del juicio, lo que dijo es que no iba a permitir que aquello se convirtiera en un circo.

P.- ¿Cómo están los empresarios a los que usted representa tras lo sucedido?

R.- Pues se lo puede imaginar. No sólo ellos, sino también sus familias. Me han llamado y he estado hablando con sus mujeres, sus hijos, atemorizados y pensando, si en el fondo, no será mejor marcharse de la Isla. Gente que lleva once generaciones viviendo en Mallorca. Dese usted cuenta que un testigo protegido dijo que tenía pánico porque Cursach un día afirmó que por quince piruletas, iban a dar una paliza a los hijos de Eduardo Inda.

P.- ¿Qué le pareció la intervención final del fiscal?

R.- El informe final del fiscal es alegal e inutil. Ya había retirado las acusaciones, había absuelto a los acusados, y no había que hacer ningún informe. El necesitaba el alegato final para reforzar la defensa de los acusados, y la preconstitución de la prueba de cara al procedimiento del Tribunal Superior de Justicia de Baleares (TSJB) contra Penalva, Subirán, los mandos de blanqueo de la Policía Nacional y con varios testigos que eran protegidos. El fiscal manifestó que la protección de los testigos nunca se tendría que haber dado, cuando nos hemos encontrado testigos que les han echado ácido, les han cortado una pierna, les han dado palizas con sentencias hasta en el Tribunal Supremo que condenaba a ciertos sicarios que, por cierto, Carrau fue el fiscal de la acusación en ese juicio, para luego desdecirse y pedir su indulto.

P.- ¿Cómo puede estar en paradero desconocido una testigo clave que es, además, funcionaria del Ayuntamiento de Calvià donde se decía que Cursach tenía trato privilegiado?

R.- He llegado a pensar que esta mujer ha tenido motivos de peso para tener que abandonar su carrera y huir de España. Nos dijeron que estaba en el extranjero. Una funcionaria de carrera bien remunerada que se haya tenido que ir del país sólo puede deberse a una cosa: miedo. Como también que testigos que declaran en Instrucción modifiquen absolutamente sus declaraciones afirmando que lo hicieron porque estaban coaccionados por el fiscal y el juez instructor. Y hay que recordar que esas declaraciones las toma una funcionaria del juzgado en presencia del secretario judicial, y ningún abogado se quejó, ni denunció. Es más, el auto de prisión y todos los demás fueron confirmados por esta misma sala que los ha enjuiciado porque era la competente para resolver los recursos de apelación. Con lo cual, esta misma Sala, es la que ratificó en un 70 o 80 por ciento todas las decisiones que tomaba el juez instructor, con el visto bueno del fiscal, que no lo olvidemos, también era Carrau.

P.- ¿Por qué cree que los fiscales han renunciado a las declaraciones de más de 54 testigos de los hechos que se iban a enjuiciar?

R.- Nosotros ya entendimos y sabíamos que eso… Mire, el día que el fiscal retiró las acusaciones uno de los abogados de la defensa ya me advirtió que esto ya era cosa juzgada. O sea, estaban avisados.

P.- ¿Ha habido presiones para que este juicio tuviera este final?

R.- No puedo afirmarlo porque no quiero que se querelle nadie contra mí.

P.- ¿Qué actitud ha tenido la Fiscalía con los testigos que han presentado  las acusaciones particulares?

R.- Maltrato, en el sentido de reconducir el interrogatorio a la finalidad perseguida, que no era otra que la presión y supuestas coacciones e intimidaciones por parte del juez y fiscal instructor, interesándose muy poco lo que tenían que decir respecto a la causa que se estaba enjuiciando.

P.- ¿Cuándo se empezó a armar la absolución de Cursach?

R.- Desde que se marcharon Subirán y Penalva, entró el juez Florit con Carrau, y ordenó la intervención de los móviles de los periodistas con flagrante vulneración de los derechos fundamentales como así ha reconocido en un auto el Tribunal Constitucional. Se vulneró el derecho a la intimidad y al secreto de las comunicaciones de periodistas cuando ese juez y Carrau ordenaron la intervención de esos móviles. Estamos en un apocalipsis de la Justicia.

P.- ¿Cree que los fiscales tras este juicio pueden tener la conciencia tranquila?

R.- Yo creo evidentemente que no, pero les ha podido otra clase de intereses dejémoslo ahí.