Se disparan los servicios de justicia gratuita en Baleares con más de 56.000 actuaciones en 2023

Los servicios en materia de justicia gratuita se han disparado en Baleares hasta llegar a «cifras récord» y durante el 2023 se alcanzaron más de 56.000 actuaciones, un 11% más en comparación con el año anterior, cuando los abogados del turno de oficio y asistencia letrada  llevaron a cabo 50.946 actuaciones de justicia gratuita.

Así lo ha informado el decano del Colegio de Abogados de Baleares (Icaib), Martín Aleñar, quien ha indicado que el aumento de expedientes «se produce en casi todas las materias», destacando principalmente los casos del contencioso-administrativo, que son los que más incremento han experimentando (+29,70%).

El segundo lugar lo ocupa los casos de violencia de género en un 21,88 por ciento; además de civil y penal, donde se alcanza un incremento 20,53 y 17,85 por ciento, respectivamente. También, se ha atendido en materia de menores, laboral, extranjería y a detenidos.

Unos datos que demuestran que ha habido una media de 156 actuaciones diarias, lo que supone casi 4.700 mensuales durante 2023, y que a través a través de ellos se ejemplifica «la importancia de la función social» que cumplen los cerca de 700 abogados de turno de oficio que hay actualmente en Baleares.

Por otro lado, el decano ha denunciado las «condiciones precarias» de los letrados, por lo que ha exigido al Ministerio de Justicia actuaciones para mejorar su situación y una pronta reforma «que se adapte a los tiempos actuales» de la ley estatal de asistencia jurídica, cuya aprobación se preveía para este año, aunque no se muestran optimistas con el cumplimiento de plazos.

Así, Aleñar ha insistido en que la justicia continúa en un estado de «colapso», provocando que «los asuntos tarden infinito en resolverse». Además, ha criticado que el Gobierno central «viene incumpliendo» algunos de los compromisos alcanzados, como el pago puntual a los abogados de oficio, quienes llegan a alcanzar hasta las cinco mensualidades sin cobro.

A su vez, ha criticado que hay actuaciones de los abogados de oficio que el Ministerio no reconoce a posteriori, lo que provoca impagos, a lo que se añade un «incremento» de la carga burocrática en la justificación de los trabajos terminados. Según Aleñar, esta exigencia lo que hace es «entorpecer todavía más» sus labores diarias.

Por su parte, la vicedecana del Icaib, Carmen López, ha insistido en que se fomente que «el abogado de oficio pueda actuar en igualdad de condiciones, como el abogado particular», y ha señalado que hay «desigualdades territoriales» con las comunidades a las que se ha transferido competencias en Justicia.

«Hemos pedido apoyo de letrados en casos de violencia de género y el Ministerio ha hecho caso omiso», ha subrayado. Así, ha ejemplificado quem, a raíz de la ley de violencia de género, es un mismo abogado el que debe asumir «todos los asuntos de la víctima», lo que, con dos abogados en Palma, «es absolutamente imposible de cumplir». «Siempre se ha dicho que el Ministerio va a mejorar el baremo, pero no se ha llegado a hacer en ningún caso», ha afirmado.

Cabe recordar que el servicio de justicia gratuita en Baleares está disponible para aquellas personas que cumplan ciertos baremos, como una retribución anual máxima de 14.000 euros, aparte de colectivos vulnerables con acceso directo como las víctimas de violencia de género, de delitos sexuales o menores.