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Abogados del turno de oficio en Baleares asumieron 51.000 actuaciones de justicia gratuita en 2022

El Colegio de Abogados de Baleares asegura que la Administración de Justicia está en uno de sus momentos más críticos

El Colegio de Abogados de Baleares da la bienvenida a 27 nuevos letrados

Colegio de Abogados de Baleares
El decano del Colegio de Baleares de Abogados y la responsable del Turno de Oficio

Los 700 abogados adscritos en Baleares a los servicios del turno de oficio y asistencia letrada al detenido llevaron a cabo en el año 2022 una media de 4.245 actuaciones de justicia gratuita cada mes. Esto es un total de 50.946 actuaciones de justicia gratuita, cantidad que supone un aumento del 5,4% en relación con el año 2021.

Los datos expuestos en rueda de prensa por el decano del Colegio de Abogados de Baleares (ICAIB), Martín Aleñar, y la responsable del Turno de Oficio, Carmen López, indican que del total de estas actuaciones, 28.129 corresponden al turno de oficio (TO) propiamente dicho y 22.8175 son relativas al servicio de asistencia letrada al detenido (ALD), que incluyen las realizadas en los centros de detención y las practicadas cuando los detenidos pasan a disposición judicial.

Además, los datos del primer semestre de 2023 consolidan la tendencia al alza de la justicia gratuita en las Islas, dado que entre enero y junio el número de actuaciones superan ya las 22.500, es decir, casi un 5% más en relación al mismo período que el año pasado.

Con todo, denuncian que el incremento de estos casos de justicia gratuita se produce «en uno de los momentos más críticos que está viviendo una Administración de Justicia prácticamente paralizada y al borde
del colapso como consecuencia, no solo de la histórica falta de medios e inversiones que padece, sino también por los efectos de las huelgas que se suceden en la Justicia desde principios de este año».

Los retrasos y las suspensiones de todo tipo de actos judiciales que se están acumulando en los juzgados, «ante la pasividad de los poderes públicos», están «causando serios perjuicios económicos a los abogados que trabajan en los tribunales y, lo que es peor, afectando de forma muy grave a muchísimas personas que esperaban encontrar una solución a su problema en la Justicia y que ven cómo el juicio o la actuación judicial que llevaban meses o, incluso, años esperando queda suspendido», ha afirmado el decano de ICAIB.

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