Un juzgado abre diligencias contra la hermana de Puente por la nacionalización de tataranietos de ‘falsos exiliados’

Un juzgado de Madrid ha acordado la apertura de diligencias preliminares contra Sofía Puente, hermana del ministro y ex directora general de Seguridad Jurídica y Fe Pública en el Ministerio de Justicia- por la instrucción que permitió la nacionalización de descendientes -hasta taratanietos- de emigrantes españoles, al margen de la llamada Ley de Memoria Democrática.

La magistrada toma la decisión tras la querella por prevaricación presentada por Hazte Oír, dando traslado al Ministerio Fiscal «para que emita informe sobre su admisión y diligencias a practicar».

OKDIARIO desveló que la instrucción firmada por Puente unos días después de la aprobación de la Ley de Memoria Democrática permitió ampliar su extensión a cualquier descendiente de emigrante español, y no únicamente a los nietos de exiliados de la Guerra Civil y el franquismo, como dictaba la ley. Ello ha provocado que hasta 2,6 millones de personas hayan solicitado la nacionalidad española.

La querella recoge algunas de las informaciones publicadas por este periódico, como la circular informativa del consulado general de España en Caracas en la que se admitía que «la Ley de Memoria Democrática no menciona a tataranietos ni bisnietos, aunque estos casos se están admitiendo a trámite en función de sus disposiciones interpretativas».

Así, «la ley circunscribe el derecho de opción a los nacidos fuera de España de padre o madre, abuelo o abuela; la extensión de la vía a generaciones posteriores -bisnietos y tataranietos- carece de todo sustento legal y sólo se explica por el encadenamiento de opciones sucesivas que la Instrucción hace posible al haber suprimido el presupuesto del exilio», se destaca en la querella de Hazte Oír.

Este periódico, entre otras informaciones, ha documentado en exclusiva cómo descendientes de emigrantes que partieron de España a finales del siglo XIX han logrado la nacionalidad. También ha revelado los actos masivos de jura de la nacionalidad que se llevan a cabo en los consulados y que, en algunos casos, superan incluso el millar de participantes. Igualmente, ha destapado la estrategia del PSOE de movilizar el voto exterior en «provincias pequeñas», donde menos papeletas les distancian del PP.

La entonces líder del PSOE en Argentina, Lorena Suárez, admitía en una entrevista radiofónica en octubre de 2023 las maniobras para ampliar el alcance de la ley, al margen del Congreso.

«Quedaron muy pocos afuera, entraron los nietos, bisnietos, no hay que demostrar razones de ningún tipo, basta con que tengas un lazo de sangre y puedas demostrarlo», celebraba entonces Suárez.

Todo ello desvela el auténtico interés del partido de Pedro Sánchez con una ley polémica desde sus inicios y de la que ahora se conocen las consecuencias.

El impacto en el censo electoral es evidente. Y cabe recordar que el PSOE fue la fuerza más votada en el exterior en los cuatro últimos procesos electorales: Extremadura, Aragón, Castilla y León y Andalucía.

¿Qué dice la Ley de Memoria Democrática? «Los nacidos fuera de España de padre o madre, abuelo o abuela, que originariamente hubieran sido españoles, y que, como consecuencia de haber sufrido exilio por razones políticas, ideológicas o de creencia o de orientación e identidad sexual, hubieran perdido o renunciado a la nacionalidad española, podrán optar a la nacionalidad española».

¿Qué dice la instrucción de Sofía Puente? Que tanto «los nacidos fuera de España de padre o madre, abuelo o abuela, que originariamente hubieran sido españoles» como «los nacidos fuera de España de padre o madre, abuelo o abuela, que originariamente hubieran sido españoles, y que, como consecuencia de haber sufrido exilio por razones políticas, ideológicas o de creencia o de orientación e identidad sexual, hubieran perdido o renunciado a la nacionalidad española» podrán optar a la nacionalidad española.

Un cambio sustancial que la entonces directora de Seguridad Jurídica y Fe Pública argumentó en «una interpretación más acorde con la verdadera voluntad del legislador y el espíritu de la ley», arrogándose así el supuesto deseo de las Cortes.