El Consell saca a concurso el proyecto del último tramo del Segundo Cinturón que Armengol no quiso hacer

El Consell de Mallorca ha sacado oficialmente a concurso la redacción del proyecto del último tramo del Segundo Cinturón que el PSOE con la ex presidenta, Francina Armengol, al frente no quiso hacer durante las dos pasadas legislaturas ya que socialistas, independentistas de Més y Podemos lo rechazan.

En concreto se trata del tramo I que enlazará los barrios palmesanos del Coll den Rabassa y Son Ferriol, hasta los depósitos de CLH.

Proporcionará una alternativa viaria para desatascar la zona del aeropuerto y la Vía de Cintura y la posterior ejecución de las obras rondará los 100 millones de euros.

Es la única gran infraestructura que el gobierno insular del PP con el presidente Llorenç Galmés a la cabeza, tiene previsto ejecutar esta legislatura. Aunque el diseño inicial del proyecto es de 2003, ahora incorporará modificaciones puntuales, para adaptarlo a la situación actual.

Entre estos cambios que contemplan los pliegos para la redacción de un proyecto que sale a concurso por 1,5 millones de euros, figura la construcción de un nuevo enlace mediante un paso inferior en la autopista Ma-19 que se prolongará mediante un falso túnel hasta la zona del Camí Fondo, con ramal de acceso independiente a las dependencias municipales de Mercapalma y EMT.

También incluye un nuevo enlace en la Ma-19, concretamente en la calle Guasp del Coll den Rabassa con origen y destino Palma, y la posibilidad de rediseñar el paso superior de la calle Cardenal Rosell. En este caso con el fin de que la nueva estructura sea compatible con la ya existente, de tal forma que no se afecte al tráfico rodado de conexión Coll den Rabassa – Camí Fondo en ninguna fase de la obra, salvo en momentos puntuales de la ejecución.

A su vez el proyecto contempla la incorporación de un vial cívico con espacio para peatones y vehículos no motorizados, para conectar el núcleo del Coll den Rabassa con el Camí Fondo. Se prolongará hasta la conexión con el carril bici existente en el Polígono de Levante y el del tramo dos del desdoblamiento de la Ma-30 en la zona de Son Ferriol.

Son las principales novedades que contendrá este proyecto, si bien como se especifican en los pliegos de condiciones del concurso, la consultora que resulte adjudicataria de la redacción y diseño del mismo, estará obligada a modificar y/o subsanar el proyecto en aquellos aspectos que se determinen, a indicación de la dirección y de supervisión del departamento de Territorio, Movilidad e Infraestructuras del Consell de Mallorca.

Si como consecuencia de la información pública y los informes de otras administraciones y organismos solicitados, así como de la declaración de impacto ambiental, fuera necesario introducir modificaciones o enmiendas en el proyecto, el adjudicatario estará obligado a incorporarlas, previo informe de la dirección que determinará su alcance.

La consultora además deberá prestar todo el soporte técnico necesario a la Dirección Insular de Infraestructuras y Movilidad hasta la aprobación definitiva del proyecto constructivo, así como proponer actuaciones que permitan mejorar la difusión de los contenidos del mismo, con el objetivo de que sea analizado y valorado por todos los agentes implicados, incluida la ciudadanía.

Por ello, se llevará a cabo una campaña informativa con paneles y documentos gráficos, utilizándose drones para obtener imágenes de soporte necesarias para su salida a información pública y divulgación.

El plazo de ejecución, hasta la entrega definitiva del proyecto constructivo y el estudio de impacto ambiental (si procede) para la aprobación definitiva, es de veinticinco meses.

Este plazo incluye el tiempo necesario para su aprobación inicial, la declaración de impacto ambiental y la aprobación definitiva del proyecto constructivo.

Los documentos originales tendrán que estar redactados en español, y el presupuesto de adjudicación por 1.480.000 euros incluye los costes para la obtención de todos los permisos y licencias que se requieran, el visado del proyecto definitivo y el abono de impuestos, tasas, etcétera, que deben considerarse integrados en el precio de la oferta, excepto aquellos, que sean responsabilidad de la Administración.