El colmo de la vagancia: apartan a una funcionaria de Palma al ser incapaz de tramitar 3 facturas en 6 meses
Su inoperancia provocó una deuda de 720.000 euros del Ayuntamiento con un proveedor
Reconoció que no tenía explicación para el retraso y necesitaba más tiempo para la tarea

El colmo de la vagancia e inoperancia: el Ayuntamiento de Palma ha iniciado el expediente para el traslado de una funcionaria por ser incapaz de tramitar tres facturas en seis meses, justificando esta decisión por falta de capacidad sobrevenida, o de adecuación al puesto de trabajo, si bien estaba destinada en su plaza de administrativa desde hace una década.
Aunque el tiempo medio de tramitación municipal de una factura es de uno a tres días, en fecha 20 de marzo de 2025, el Consistorio detectó un retraso en la tramitación de unas facturas de diciembre de 2024 a febrero 2025, sin que este hecho fuese comunicado por la trabajadora en cuestión.
Ante los requerimientos de la jefa de servicio, la empleada municipal manifestó que no tenía explicación para el retraso y que necesitaba más tiempo para completar las tareas.
Por ello, la trabajadora pidió una nueva oportunidad para poner al día las facturas pendientes y se le asignó, de forma exclusiva, la tarea de comprobar y tramitarlas.
Durante dos meses, el jefe de grupo le hizo un seguimiento continuado, con requerimientos verbales y escritos y ofreciéndole incluso soporte, pero la situación no mejoró.
A finales de mayo, la jefa de servicio constató que no se habían tramitado las tres facturas iniciales y que, por contra, su número en cola había aumentado hasta cinco, aunque la trabajadora había dedicado dos meses íntegros sólo a ese trabajo.
El día previsto para revisar las facturas, la funcionaria en cuestión no acudió a la reunión alegando que tenía malestar emocional. La reunión no se pudo celebrar posteriormente y la funcionaria no justificó el trabajo realizado.
Finalmente se constató que ninguna de las seis facturas pendientes había sido tramitada, acumulándose un importe aproximado de 720.000 euros sin pagar a la empresa adjudicataria.
Desde el 16 de junio, el jefe de grupo y la técnico de Administración general (TAG) tuvieron que asumir íntegramente las funciones propias del puesto.
En una reunión mantenida el 25 de junio de 2025, la trabajadora reconoció no haber tramitado las facturas, y admitió que tenía importantes dificultades en el uso del gestor electrónico del Ayuntamiento, afirmando no ver ni saber gestionar las notificaciones.
Además el Ayuntamiento tenía constancia de que el anterior jefe de departamento tuvo que encargar a la TAG del área, que actualizará la facturación del contrato, ya que la trabajadora responsable no había tramitado las facturas y la empresa adjudicataria había advertido que había muchas pendientes de pago.
Por este motivo, las facturas de los meses de enero a noviembre de 2024 tuvieron que ser tramitadas por la TAG del servicio de contratación.
Ante esta situación el Ayuntamiento de Palma ha iniciado el procedimiento de remoción del puesto de trabajo de administrativa que desempeñaba al estimar que se da el supuesto previsto en el artículo 92 de la Ley balear 3/2007, de 27 de marzo de la función pública, en concreto, la falta de capacidad sobrevenida o falta de adecuación al puesto de trabajo de la persona funcionaria, que impide llevar a cabo con eficacia las funciones propias del puesto.