La carestía de la vivienda deja vacantes 512 plazas de la Guardia Civil en Baleares

La carestía de la vivienda deja vacantes 512 plazas de la Guardia Civil en Baleares, cifra que puede ir a más cuando los 1.752 efectivos que hay en las Islas tengan ocasión de elegir destino, ante la falta de respuestas del Gobierno central para hacer frente a este más que preocupante panorama que puede agravar, más aún si cabe, la inseguridad ciudadana en la comunidad que lidera la tasa de criminalidad de España.

Así lo ha denunciado la asociación profesional Justicia Guardia Civil (Jucil), mayoritaria en el Consejo de la Guardia Civil, que en línea con lo manifestado por la Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC), ha alertado de que Baleares es una plaza de «castigo» para quienes aquí son destinados debido a los elevados precios de la vivienda.

En un comunicado, Jucil avisa de que las Islas «se han convertido en un territorio cada vez más inseguro, tanto para residentes como para turistas», debido a la «menguante plantilla de la Guardia Civil, el cuerpo policial que se ocupa de la prevención de delitos y de la seguridad, en más del 90 por ciento de la superficie de este espacio insular».

Según los datos aportados por la organización, Baleares contabiliza actualmente 1.752 guardias civiles cuando el catálogo de puestos de trabajo prevé 2.264 efectivos. Y ello, incluyendo entre los activos a 112 guardias alumnos en prácticas llegados en 2021 y 144 de 2022. «Muchos de ellos se marcharán a otros lugares en cuanto tengan ocasión de elegir destino».

Y es que, para Jucil, tener por destino las Islas para iniciar el período de prácticas es «un castigo, una mala suerte». «El lugar de España donde la superpoblación y la escasez de vivienda les exige un objetivo casi milagroso, hallar un lugar digno donde dormir», ha indicado la asociación mayoritaria en el Instituto Armado.

La asociación ha mantenido reuniones sobre este asunto con la delegada del Gobierno en Baleares, Aina Calvo, a la que ha reclamado espacios adecuados para los guardias civiles que son destinados a las Islas. «La respuesta ha sido siempre que en el Gobierno son conscientes de este problema, pero no han hecho nada por solucionarlo», denuncia el secretario general de la asociación profesional, Ernesto Vilariño.

Entre otras propuestas, Jucil defiende, junto a otras entidades profesionales, que la insularidad se convierta en un complemento específico en el salario de quienes trabajan en Baleares, a fin de que los agentes no pierdan poder adquisitivo al ser trasladados a las Islas.

También la entidad sigue exigiendo «un lugar digno para todos los guardias civiles y para el resto de los funcionarios destinados a las Islas». «Según nuestros datos, la Zona y Comandancia de la Guardia Civil en Baleares cuenta con 544 pabellones oficiales, de los cuales algunos se hallan en estado de inhabitabilidad», han indicado.

Esta falta de efectivos supone que en Baleares «prácticamente ha desaparecido» la posibilidad de que la Guardia Civil sea un cuerpo policial «con capacidad preventiva».

«Sólo podemos reaccionar ante los acontecimientos con la más que certera posibilidad de que se llegará tarde» a la llamada de los ciudadanos o servicios de emergencia, lamentó el primer portavoz de esta asociación profesional, Ernesto Vilariño.