Así trucó una vecina el acta de la comunidad para vender su piso por 200.000 euros con un ‘falso ascensor’ en Mallorca

Nuevos datos ven la luz en el rocambolesco caso de la estafa inmobiliaria destapada en Palma, donde la Policía Nacional procedió a la detención de una mujer por vender un inmueble por cerca de 200.000 euros tras falsear la documentación de la comunidad de propietarios. El atestado policial tramitado ante la Jefatura Superior de Policía de Baleares arroja luz sobre cómo se fraguó el engaño de la venta de un cuarto piso sin ascensor ubicado en la calle Cirerer.

Según consta en las diligencias policiales, a las que ha tenido acceso OKBALEARES, la víctima comenzó la búsqueda de vivienda a través del portal de anuncios clasificados Milanuncios.com. Allí localizó una oferta por 175.000 euros de un cuarto piso presentado sin intermediación de agencias inmobiliarias. Tras contactar con la ofertante, esta le explicó que el inmueble figuraba formalmente a nombre de su hija, pero que ella misma gestionaba las visitas y las decisiones de la finca.

Durante la inspección de la vivienda, la compradora puso el acento en la incomodidad de tratarse de una cuarta planta sin ascensor. Ante esta reticencia, la vendedora le aseguró expresamente que la comunidad de propietarios ya había acordado la instalación del ascensor y que el proyecto estaba listo a falta de tramitar las subvenciones municipales e iniciar las gestiones con los vecinos. Para acelerar el acuerdo, la compradora adelantó 3.000 euros en concepto de reserva.

El engaño definitivo se consumó el 26 de septiembre de 2022 en una notaría de la Plaza de España de Palma. En la firma del contrato formal de compraventa —por un importe final tras gastos de 185.820 euros— intervino como titular vendedora la hija de la intermediaria, acompañada en todo momento por su madre.

Fue allí mismo donde la madre, valiéndose de su condición de presidenta de la comunidad, exhibió el Libro de Actas original del edificio. En la hoja manuscrita del acta de la Junta General celebrada el 2 de septiembre de 2022, figuraba un punto del orden del día dedicado al «ASCENSOR», en el que se detallaba textualmente: «Se acuerda por unanimidad la colocación del ascensor, siempre informando y sometiendo a votación los presupuestos presentados y la gestión de dicha colocación». El documento aparecía refrendado por las firmas de siete de los ocho propietarios de la finca.

Una vez entregadas las llaves y la documentación, la compradora pasó a asumir las funciones de la finca. La estafa se destapó meses después, en febrero de 2023, cuando la nueva propietaria convocó su primera reunión vecinal para presentarse y comenzar a pedir presupuestos para las obras del elevador.

Fue en ese momento cuando la junta de vecinos reaccionó con absoluto asombro, asegurando que jamás habían votado ni aprobado la instalación de un ascensor en el edificio. Al revisar el Libro de Actas, los propietarios confirmaron que la firma que estamparon en septiembre correspondía únicamente a acuerdos cotidianos —como la normativa sobre animales de compañía o una derrama para la bomba de agua—, y que el párrafo relativo al ascensor había sido intercalado con posterioridad por la expresidenta de forma fraudulenta.

Además, se descubrió que no era la primera vez que se utilizaba este señuelo: otros residentes de la finca denunciaron que se les prometió exactamente lo mismo durante el proceso de venta de sus respectivos pisos.

A raíz del atestado iniciado en la Comisaría de Palma Mallorca-Oeste y remitido al Grupo de Delincuencia Económica y Delitos Tecnológicos de la Policía Nacional, los agentes procedieron a la localización e imputación de la investigada. La causa, tramitada en el Juzgado de Instrucción de Guardia, se mantiene abierta por presuntos delitos de estafa y falsedad documental. El caso quedó archivado, pero la víctima, bajo la dirección legal de su abogado Álvaro Martín, consiguió la reapertura del caso —tres años después— y la detención de la presunta estafadora.