Armengol insiste en limitar el alquiler y las inmobiliarias alertan: «Habrá menos oferta y subirá el precio»

Tras disparar en ocho años el precio de la vivienda en Baleares, hasta convertirla en la más cara de España, la presidenta y por tercera vez candidata socialista al Govern, Francina Armengol, como alumna aventajada del presidente Pedro Sánchez, se ha comprometido a que las Islas sean la primera comunidad autónoma en aplicar la polémica Ley estatal de Vivienda para limitar el precio de los alquileres, pese a que las inmobiliarias alertan ya de que esta medida tendrá el efecto contrario al publicitado: «Habrá menos oferta y subirá el precio».

Y lo hará especialmente por un motivo: habrá una caída automática de la oferta por la inseguridad jurídica añadida que esta legislación introduce para el desalojo de okupas e inquiokupas, y donde haya menos vivienda de alquiler disponible y la demanda sea muy alta, como es el caso de Baleares, la carestía del alquiler será aún mayor.

Como explica el presidente de la Asociación Balear Inmobiliaria Nacional e Internacional (ABINI), Hans Lenz, «empíricamente ha quedado demostrado que la limitación de los precios de los alquileres en las zonas donde se ha implantado dentro de un mercado libre ha tenido el efecto contrario al que se estaba buscando: la retirada de la oferta de manera muy notable».

A ello hay que sumar, como incide el portavoz de ABINI, «un incumplimiento muy elevado de la legislación, como ha sucedido en Cataluña, y es lo que pasará aquí, porque la gente ya se buscará las maneras para incumplir».

Este experto del sector inmobiliario de las Islas apunta, incluso, a una tercera consecuencia de la limitación de precios en las zonas tensionadas y que en el caso de Baleares, afectará a todas las islas.

«Tampoco bajarán los precios porque el que tiene una vivienda de hace 50 años y le ponen un precio en su zona tendrá margen para subir la renta, pero el que ha comprado hace dos años, a ese precio no lo va a alquilar. Es decir, se producirá una retirada de producto inmobiliario bueno, de calidad y una subida de precios en pisos en malas condiciones y en mal estado. Pero parece que aquí vamos de cabeza a ese modelo, apostando por una fórmula que no ha funcionado con anterioridad».

Llegados a este punto, para Lenz la pregunta que hay que hacerse es «por qué lo que ha fracasado en todos los lugares donde se ha implantado tiene que funcionar ahora».

Reconoce que el precio del alquiler «es un problema, un drama social enorme, brutal como cada día podemos comprobar, pero contrayendo más la oferta no vamos a conseguir nunca que bajen los precios».

La contracción de la oferta por la limitación de precios se acentuará más aún si tenemos en cuenta la protección añadida que la nueva legislación sobre la vivienda impulsada por el Gobierno de Pedro Sánchez les ofrece en bandeja a los okupas.

«Es un punto y aparte. Si la carga de la prueba recae en el propietario y mientras no te paguen el alquiler, tú tienes que seguir abonando todos los suministros, impuestos y tienes que demostrar que el okupa no es vulnerable, la situación para su desalojo judicial se complicará y muchos propietarios se pensarán muy mucho a quién alquilan el piso «.

La consecuencia directa de esta protección legislativa al okupa y al inquiokupa la padecerán, más que nadie, todas aquellas personas con una situación social y económica más vulnerable, pertenecientes a colectivos más desfavorecidos, que serán los que más problemas tengan para poder acceder a una vivienda en alquiler, ante el temor del propietario de que tarde o temprano dejen de pagarlo y no los puedan desalojar.