La presión vecinal logra el cierre del albergue ilegal de refugiados en Zaragoza

Los vecinos de la calle Milagrosa de Zaragoza saben defender sus derechos y han logrado una victoria: que el Ayuntamiento haya ordenado el desalojo y la clausura del albergue ilegal de refugiados que se instaló a principios del mes de agosto. Este viernes, a primera hora de la mañana, la Policía Local notificó la orden y ya por la tarde no había nadie en el albergue. Desde entonces, no habría dormido nadie ahí.

Sin embargo, la comunidad de propietarios ha adelantado a OKDIARIO que interpondrá una demanda civil a la propiedad y posiblemente también a la fundación Cepaim, al argumentar que el local carecía de licencia para llevar a cabo su actividad. Los vecinos también se plantean poner una demanda penal a la propiedad ante la sospecha de ser una sociedad instrumental para un fin delictivo, según ha podido conocer OKDIARIO.

El albergue ilegal en Zaragoza

La ONG encargada de gestionar este albergue ilegal es la ONG fundación Cepaim, que avisó al Ayuntamiento que comenzaría con el alojamiento de 40 plazas, según había acordado con el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones. Una información que ha reconocido conocer el propio consejero de Presidencia, Relaciones Institucionales y Seguridad Ciudadana de Zaragoza, Ángel Lorén, desde comienzos de julio, al ser preguntado por Vox este jueves en la Comisión.

Por el contrario, como suele suceder en estos casos, ningún vecino zaragozano recibió ni ha recibido información al respecto, pero desde julio, los de la Milagrosa empezaron a sospechar que algo estaba sucediendo en el antiguo local de Cáritas. De la noche a la mañana, en pleno julio, comenzaron unas obras que inquietaron a la comunidad. «Se notaba que había mucha prisa», explican los vecinos.

Gracias a la labor de investigación que realizó el administrador de fincas, poco a poco, pudieron constatar que lo que se estaba gestando en el local destinado durante años a una academia de enfermería, no era legal. Hasta el punto que decidieron ponerse en manos de un despacho de abogados, el de Santiago Palazón, para denunciar a la Policía Nacional que los nuevos propietarios no estaban cumpliendo ni con las ordenanzas, ni con los estatutos de la comunidad, ni con la ley.

El tesón en la defensa de sus derechos ha logrado que el Ayuntamiento ordene por fin el cierre del albergue ilegal esta semana. Sin embargo, la comunidad de propietarios ha adelantado a OKDIARIO que pondrá una demanda civil a la propiedad y posiblemente también a la fundación Cepaim, al argumentar que el local carecía de licencia para llevar a cabo su actividad, además de no estar contemplada en los estatutos de la comunidad.

¿Sociedad instrumental en el albergue?

Sin embargo, el caso apunta a que la demanda irá a mayores, puesto que el abogado tiene indicios de que hay gato encerrado entre la actual propiedad y la ONG que está instalada en el local.

La anterior propietaria era Cáritas y la Hermandad del Refugio al 50% (un local que recibieron como donación tras fallecer su propietario original). En diciembre de ese mismo año, la Iglesia logra vender este local a una sociedad de reciente fundación, Talayero y Langarita, que sólo tenía un mes cuando compró el local por 238.000 euros.

La sociedad no requirió de ningún préstamo bancario. Según ha podido saber OKDIARIO, fueron los cónyuges, a partes iguales, los que dejaron el dinero a las dos socias por medio de otras dos sociedades. Hasta ahí todo podría resultar comprensible, si no fuera porque la actual propiedad presentó un documento argumentando que en el local llevaba tres años sin realizar ninguna actividad. Justamente el tiempo necesario que tiene que pasar para que éste cumpla uno de los requisitos para que se pueda transformar en vivienda.

Algo «manifiestamente falso», explican los vecinos, puesto que el local hasta el año pasado tuvo actividad. Un hecho que sorpresivamente demostrará Cáritas ante el Ayuntamiento al presentar, una vez vendido el local, el expediente de actividad responsable, poniendo en conocimiento que, hasta mayo de 2023, hubo dicha actividad. ¿Qué motivó a Caritas a presentar esta información si ya no era dueña del local?

Nadie lo sabe, pero esto ha levantado las sospechas del abogado que lleva el caso, Santiago Palazón, a plantearse presentar también una demanda penal contra la propiedad actual ante «la sospecha argumentada de que Talayero Langarita SL sea una sociedad instrumental», dado que «la documentación aportada por la propiedad no se ajusta a la realidad».

Además hay que tener en cuenta que Caritas es una entidad que colabora con Cepaim, la entidad que en definitiva estaría desarrollando la actividad. En definitiva, la pescadilla que se muerde la cola.

La comunidad denunciará

Este martes, la comunidad de propietarios se reunió en una junta extraordinaria a fin de marcar los siguientes pasos a seguir. A esta reunión se rogó la presencia de algún miembro de la sociedad propietaria del local, a fin de poder dilucidar qué está sucediendo exactamente.

Sin embargo, en dicha reunión nadie de la sociedad Talayero y Langarita se personó, lo que le privó del derecho a voto. Y precisamente el único propósito de la junta era entablar judicialmente la acción de cesación contra el propietario y las personas responsables de las actividades. Algo que salió adelante casi por unanimidad, pues sólo hubo una abstención de un vecino.

Según argumentan desde la comunidad de vecinos, las actividades desarrolladas en el local 11, son contrarias al artículo 7.2 de la Ley de Propiedad Horizontal. De hecho, previamente, el presidente de la comunidad efectuó un requerimiento hace una semana, por burofax, tanto a la propiedad como a la ONG para que cesasen la actividad que estaban realizando, puesto que eran «actividades no autorizadas, nocivas, peligrosas o ilícitas», que contravenían los estatutos y las disposiciones generales, advirtiendo de que si no cesaban se les demandaría civilmente.

Sólo respondió la fundación Cepaim, expresando que dicho burofax debía «obedecer a un error», puesto que consideraban que «ninguna actividad» del tipo del que se referían «se practicaba en el referido local».

De ahí que la comunidad haya decidido emprender acciones civiles al pedir al juez diligencias previas como paso previo a la demanda civil, a fin de que la propiedad exhiba la documentación de la que dispone, puesto que hay indicios de que haya un tercero, la sociedad Cepaim, que sea la que esté desarrollando la actividad y, por ende, sí existe un contrato.

Cepaim y el albergue ilegal

OKDIARIO logró entrar en este albergue y efectivamente pudimos constatar que tiene un gran comedor, varias habitaciones, donde en una de ellas los refugiados dan clases. Desde la organización echaron rápidamente a estos periodistas. «No puedes estar dentro, es una propiedad privada», dijo uno de los trabajadores que supervisaba el centro.

La coordinadora en Aragón de Cepaim, Pilar Bernadó, nos atendió posteriormente por teléfono, aunque declinó dar alguna declaración al respecto de la actividad que habían comenzado a desarrollar en el local.

«Podemos hablar más adelante personalmente y te explico nuestra labor de acogida y de protección internacional, pero no ahora», contestó, «sólo falta que ahora se planten 200 a protestar a las puertas como en Mora de Rubielos». «De hecho, salgo ahora de una reunión con Subdelegación de Gobierno y otras entidades para hacer una estrategia coordinada», añadió. ¿Son refugiados? «Sí, son refugiados, pero no te puedo decir nada más», concluyó.

Paralización de la actividad

Como adelantábamos, el Ayuntamiento emitió el jueves una orden de paralización de la actividad. Una orden que se complementará a la ya emitida en julio, con la que se echó por tierra la declaración responsable que presentó la propiedad para poder llevar a cabo las reformas necesarias para acondicionar el local a los nuevos usos, argumentando que era «una vivienda». Puesto que las obras de acondicionamiento del local sirvieron para convertir el local en un albergue social.

Precisamente, fueron estos hechos puestos en conocimiento del Ayuntamiento por los vecinos los que desencadenaron que la Gerencia de Urbanismo declarase contraria la declaración responsable, ordenando la «inmediata paralización de las obras y la restitución de la situación jurídica al momento previo de la actividad».

De hecho, los vecinos se siguen quejando de que continúan padeciendo «pequeñas filtraciones» en los sótanos.  Algo que ya sufrieron a principios de agosto, con un aparatoso siniestro en las tuberías generales, por lo que consideran «un presumible incremento de aguas fecales y residuales», como consecuencia de haber «tantas personas residiendo en su interior». «Hay de hecho nueve baños en la instalación», destacan los vecinos.

Qué pasa con los refugiados

Ante este escándalo, el grupo municipal de Vox en el Ayuntamiento de Zaragoza registró, este jueves, una pregunta en la comisión plenaria de Presidencia, Relaciones Institucionales y Seguridad Ciudadana para conocer más sobre la situación.

«No contaron con nosotros para nada más», aclaró el consejero del área, Ángel Loren. «Ahora están en una fase cero, que dura entre 12 y 24 meses, de acuerdo con lo acordado entre la asociación y el Ministerio. La entidad se hace cargo de la manutención, la formación, la ropa y la asignación personal».

«Cuando termine esta fase, somos los ayuntamientos a través de Políticas Sociales los que tenemos que gestionarlo. En nuestro caso, a través de la Casa de las Culturas. Esto es muy complicado, porque no tenemos información», añadió. Así mismo se desconoce hasta el momento dónde han sido realojados, desde este viernes, las decenas de refugiados que dormían en el albergue clandestino de la Milagrosa.