La Ley de Vivienda de Azcón en 10 claves: suelo público, incentivos, colaboración público privada…

La Ley de Vivienda de Aragón va a revolucionar el mercado a fin de elevar el patrimonio de vivienda pública a los estándares de la Unión Europea. Así confían que suceda el consejero de Vivienda, Octavio López, cuando se apruebe el proyecto de Ley que ha sido tramitado por el Consejo de Gobierno este viernes.

La Ley de Vivienda ha sido presentada por su artífice, el titular de Fomento, Vivienda, Logística y Cohesión Territorial, Octavio López, quien ha defendido que se trata de «un articulado muy pensado, meditado y que ha contado con los prescriptores muy cualificados». Según López, esta ley es «muy necesaria» al regular y hacer valer «el derecho constitucional a una vivienda digna».

El resultado es un texto de 78 artículos agrupados en cuatro títulos (régimen jurídico de los tipos de vivienda, instrumentos para la política de vivienda del Gobierno de Aragón, disposiciones relativas a agentes intervinientes en materia de vivienda y régimen de protección de la legalidad), más un título preliminar con las disposiciones generales que enmarcan el objeto de la ley, los principios rectores de la política de vivienda en Aragón, sus objetivos y enumera las tipologías de vivienda, definiendo además conceptos como el de infravivienda o vivienda desocupada.

Tras la aprobación por el Consejo de Gobierno, el consejero se ha dirigido a las Cortes de Aragón para registrar el texto, que se espera que se lleve su aprobación a lo largo de 2025. Las cifras que de momento barajan desde el Gobierno de Aragón es poner en marcha «entre 12.000 y 16.000 viviendas públicas y protegidas».

Hay que recordar que esta Ley de Vivienda es posible gracias al mecanismo que puso en marcha Octavio López, como es la Directriz Especial de Viviendas Dotacionales Públicas, permiten reconvertir suelos públicos que fueron reservados para equipamientos en solares en solares para viviendas.

Las 10 claves de la Ley de Vivienda

Desde el Ejecutivo de Jorge Azcón, consideran que la futura Ley de Vivienda de Aragón es necesaria por varios motivos, como el incremento del precio de la vivienda, la falta de oferta, la escasa promoción de viviendas, la inadecuada legislación que vierte la responsabilidad de la solución en los tenedores privados y la excesiva orientación a la compra por parte de las iniciativas políticas.

 

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Cuestiones todas ellas que han derivado en «una reducida disposición de viviendas públicas con las que poder ayudar a los 47.000 jóvenes aragoneses que, en la actualidad, se topan con severos problemas para emanciparse», ha explicado Octavio López.

En resumen, el Proyecto de Ley de Vivienda se sintetiza en un decálogo de actuaciones que busca revertir la complicada situación de la vivienda en Aragón y que es el siguiente:

1.  Poner gratuitamente a disposición de la promoción de viviendas los suelos de titularidad pública que no vayan a destinarse a equipamientos públicos.
2. Garantizar la disponibilidad de recursos presupuestarios para contribuir a la promoción de nuevas viviendas, mediante la iniciativa pública directa o en régimen de colaboración público-privada.
3. Garantizar recursos presupuestarios para ayudar a los demandantes de vivienda, a fin de que éstos no tengan que destinar a ella más del 30% de sus ingresos.
4. Ofrecer soluciones diferenciadas atendiendo a las características y necesidades de cada municipio, ya sean capitales de provincia, localidades de más de 3.000 habitantes o núcleos más reducidos.
5. Regular las viviendas protegidas con criterios adaptados a las circunstancias sociales actuales, impulsando ayudas directas a los promotores para que la vivienda protegida vuelva a contribuir a la solución del problema, sin que su apuesta genere quebrantos en la cuenta de resultados de las empresas promotoras.
6.  Utilizar instrumentos y programas para la adquisición de viviendas ya construidas para incrementar el parque de vivienda pública de Aragón.
7. Aportar soluciones habitacionales complementarias adaptadas a las actuales demandas sociales, tales como alojamientos para trabajadores de sectores productivos como el turismo, así como modos de vivienda en las que no solo se comparte el espacio físico, sino también aficiones y estilos de vida. Los comúnmente conocidos como cohousing o coliving.
8. Regular la condición y el régimen de uso de las viviendas sociales para destinarlas a los sectores de la población extremadamente vulnerables.
9. Colaborar con el resto de administraciones públicas mediante programas y acuerdos que permitan incrementar el número de viviendas con las que intervenir desde la iniciativa pública en un mercado inmobiliario constreñido por la escasez de oferta, los altos precios del alquiler y la dificultad de acceso a las hipotecas.
10. Posibilitar temporalmente la construcción de vivienda protegida en suelos definidos para uso terciario.