La nueva Ley de Vivienda en Aragón: más suelo público, incentivos al promotor y apuesta por el coliving

Aragón ha hecho público el decálogo de su nueva Ley de Vivienda. Una Ley de Vivienda que asentará las bases para cambiar el panorama en Aragón desde una perspectiva ideológica liberal, radicalmente distinta a la propuesta más intervencionista desde el Ejecutivo central, tal y como han anticipado desde la consejería de Fomento, Vivienda, Logística y Cohesión Territorial, liderada por Octavio López.

Con esta nueva Ley, Aragón tendrá más disponibilidad de suelos públicos para reforzar el parque de vivienda pública, así como se busca incentivar al promotor a construir viviendas protegidas, sin que «genere quebrantos en sus cuentas de resultados». Además contemplan opciones novedosas como el coliving o cohousing, como propuesta a modelos habitacionales o alternativos. Todo con la ambición de que los aragoneses no destinen más del 30% de sus salario a la vivienda, gracias a ampliar la oferta con la ayuda de la colaboración entre instituciones.

Un proyecto a seis años

Sin duda alguna, la legislatura encabezada por Jorge Azcón tiene como uno de sus principales ejes de Gobierno arremeter contra un problema anquilosado en la sociedad española. En el caso de Aragón, según datos reiterados por el actual Ejecutivo popular, en ocho años de Gobierno de izquierdas sólo se promovieron 86 viviendas públicas.

Una cifra lejos de satisfacer la demanda que existe en la región motivada por diferentes razones, y que exige un programa ambicioso de vertebración del territorio, que atienda las dificultades de una comunidad cuya población se concentra mayoritariamente en la capital, Zaragoza, pero que sufre la turisficación en otras localidades, así como el abandono endémico en otros municipios donde sus cascos históricos están condenados a la ruina.

Consciente de la dificultad, la consejería de Vivienda de Octavio López, lleva trabajando desde que comenzó la legislatura a un ritmo frenético. En menos de un año, ha sentado las bases de la «gran transformación» que permita a Aragón «elevar el patrimonio en vivienda pública a los estándares de la Unión Europea», consciente de que España está en el 2,5% frente a la media de la UE que alcanza el 9,5%.

Para ello, ha puesto en marcha dos mecanismos. El primero de ellos, la Directriz Especial de Viviendas Dotacionales Públicas, permiten reconvertir suelos públicos que fueron reservados para equipamientos en solares en solares para viviendas. Y, por otro lado, este proyecto de Ley de Vivienda en Aragón.

Hay que reconocer que dicha Directriz en Aragón parte del art. 15 de la Ley de Vivienda nacional, que, en palabras del consejero López, «es el único que se salva». Este mecanismo es fundamental porque permite que los diferentes ayuntamientos puedan solicitar la reconversión de suelos que en su día fueron pensados para otros departamentos, como Educación, Sanidad y Bienestar Social, y que a día de hoy, ya no son necesarios para este uso inicial.

La nueva Ley de Vivienda de Aragón

Esta nueva Ley de Vivienda de Aragón es, como decimos, el otro pilar que sustenta el plan de vivienda del Ejecutivo. En estos momentos, es un anteproyecto, y en breves se someterá al procedimiento de consultas y participación ciudadana, a través del portal de Transparencia del Gobierno de Aragón, para que la sociedad tenga oportunidad de realizar cuantas aportaciones al texto consideren oportunas.

Si bien, desde la consejería de López defienden que es una Ley que puede lograr «prácticamente la unanimidad», y que permitirá poner en marcha de momento entre «12.000 y 16.000 viviendas públicas y protegidas».

La clave para lograr estos objetivos que persigue en sí el Plan Más Vivienda de Aragón para el cual el Gobierno autonómico ha comprometido 400 millones de euros, en un proyecto a seis años vista, en convertir la promoción de vivienda pública en algo atractivo para los promotores, motivando la colaboración publico-privada.

Sólo así, reivindican desde el Ejecutivo aragonés, se puede lograr alcanzar los objetivos de dar solución, por ejemplo, al problema de la emancipación juvenil, que lastra a unos 47.000 jóvenes en la región. Un hecho que no sólo afecta a Aragón, pues la media de emancipación está en el 16%, frente a la tasa europea que se sitúa sobre el 32%.

El decálogo de la Ley de Vivienda

Según hemos podido conocer del anteproyecto, esta Ley de Vivienda de Aragón contempla un decálogo de actuaciones para revertir la situación en la comunidad.

• Poner gratuitamente a disposición de la promoción de viviendas los suelos de titularidad pública que no vayan a destinarse a equipamientos públicos.
  Garantizar la disponibilidad de recursos presupuestarios para contribuir a la promoción de nuevas viviendas, mediante iniciativa pública directa o en régimen de colaboración con la iniciativa privada.
• Garantizar la disponibilidad de recursos presupuestarios para ayudar a los demandantes de vivienda, a fin de que no deban destinar a la satisfacción de esta necesidad más allá del 30% de sus ingresos.
• Ofrecer soluciones diferenciadas atendiendo a las características y necesidades de cada municipio, ya sean estos capitales de provincia, poblaciones de más de 3.000 habitantes o núcleos más reducidos.
• Regular con criterios adaptados a las circunstancias sociales actuales las viviendas protegidas, impulsando ayudas directas a los promotores para que la vivienda protegida vuelva a ser una figura que contribuya a la solución del problema de la vivienda sin que su apuesta por ella genere quebrantos en la cuenta de resultados de las empresas promotoras.
• Utilizar cuantos instrumentos y programas estén a disposición para la adquisición de viviendas ya construidas a efectos de incorporarlas al parque de vivienda pública de Aragón.
• Contemplar modos habitacionales complementarios o alternativos, públicos o privados, adaptados a las actuales demandas sociales, tales como alojamientos para trabajadores del sector productivo (turístico u otros) o modos de vivienda en las que no solo se comparte el espacio físico sino, también, aficiones, actividades sociales y estilos de vida, los comúnmente conocidos como cohousing o coliving.
• Regular la condición y régimen de uso de las viviendas sociales para destinarlas a la asistencia a sectores de la población extremadamente vulnerables.
• Colaborar con el resto de administraciones públicas mediante programas y acuerdos que permitan incrementar el número de viviendas como mejor manera de intervenir desde la iniciativa pública en un mercado inmobiliario hoy constreñido por la escasez de oferta, los altos precios del alquiler y la dificultad de acceso a los créditos hipotecarios.
• Posibilitar temporalmente en suelos definidos para uso terciario la construcción de vivienda protegida.