Los vecinos de Chiclana que llevan 20 años sin agua potable le envían una tuna a su alcalde socialista

Los vecinos del diseminado norte de Chiclana (Cádiz) que llevan más de dos décadas reclamando acceso al agua potable han decidido recurrir al humor y la música para llamar la atención sobre su situación. Los afectados han enviado una tuna al alcalde socialista de la localidad, José María Román, para reclamar una solución a un problema que, según denuncian, continúa sin resolverse pese a los años transcurridos y a que cumplen con sus obligaciones tributarias.

Los residentes del Marquesado y Pago del Humo exigen que el Ayuntamiento cumpla el convenio del ciclo integral del agua y facilite la llegada de los servicios básicos a sus viviendas. Denuncian que, mientras pagan sus impuestos como el resto de los ciudadanos, siguen sin disponer de una red de abastecimiento de agua potable y de alcantarillado en sus zonas residenciales.

Uno de los principales motivos de indignación es el coste que, según explican, tendrían que asumir para conectarse a las infraestructuras. «Nos quieren cobrar más de 25.000 euros por vivienda y lo consideramos un poquito abusivo», ha denunciado uno de los afectados. Su propuesta pasa por que el Consistorio instale las tuberías principales y permita después que los propietarios se conecten a la acometida general. De esta forma, sostienen, el desembolso de cada familia podría reducirse aproximadamente a la mitad.

Garrafas de agua y pozos para sobrevivir

La ausencia de agua de la red obliga a estos vecinos a buscar alternativas para cubrir sus necesidades cotidianas. Uno de los residentes explica que deben desplazarse hasta unos puntos de suministro habilitados para llenar garrafas, que considera insuficientes y demasiado alejados de sus domicilios. Para otras tareas domésticas recurren al agua de pozo, cuya calidad les preocupa por la posible contaminación de las aguas subterráneas.

La situación es todavía más complicada para quienes ni siquiera disponen de agua suficiente en sus pozos. Uno de los vecinos que lleva más de 20 años viviendo en El Marquesado asegura que el suyo se queda sin agua y que tiene que comprar cubas durante todo el año. Cada una, con una capacidad de 10.000 litros, le cuesta entre 80 y 90 euros.

Sólo durante los tres meses de verano suele necesitar unas cinco cubas, lo que representa un gasto de entre 400 y 450 euros en ese periodo, al que debe sumar las compras que realiza durante el resto del año. «Ya no es que tengamos mala calidad de agua, sino que no tenemos agua», resume este vecino, que reclama una solución definitiva para dejar de depender de estos suministros.

El convenio sólo se ha ejecutado en una tercera parte

Los afectados sostienen que el convenio del ciclo integral del agua está lejos de haberse desarrollado por completo. Uno de los vecinos asegura que únicamente se ha ejecutado un tercio y pone como ejemplo La Rana Verde, donde, según su testimonio, se instalaron las acometidas generales, pero todavía hay residentes que no pueden conectarse al abastecimiento de agua potable.

Este mismo vecino critica las dificultades que, a su juicio, encuentran los propietarios para realizar las conexiones particulares y cuestiona la distribución de las inversiones municipales. También reclama explicaciones sobre los fondos europeos vinculados a estas actuaciones: menciona una licitación de 47 millones de euros y sostiene que se habrían gastado alrededor de 15 millones, por lo que pregunta qué ha ocurrido con el dinero restante.

Los residentes rechazan que su condición de vecinos de un diseminado justifique, a su juicio, la falta de servicios. «Pagamos nuestros impuestos», insiste uno de los afectados, que defiende que los recursos municipales deben llegar también a estas zonas y no concentrarse exclusivamente en el núcleo urbano.