El PSOE-A calla en los juzgados andaluces: se niegan a declarar los socialistas del caso ‘La Pará’

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Ni Manuel González Lora ni Manuel Domínguez. Mutis por el foro. Ninguno de los dos exdiputados provinciales de Hacienda de la Diputación de Sevilla ha pronunciado palabra este martes en su comparecencia ante el juez de Instrucción número seis José Ignacio Vilaplana, que investiga su implicación en la trama socialista de ‘La Pará’.

Según han informado a Europa Press fuentes del caso, ambos se han acogido a su derecho de no declarar acerca de las subvenciones excepcionales y facturas de la entidad provincial con relación la tradicional ‘Pará’ de la localidad aljarafeña de Gines (Sevilla).

Tanto González Lora como Domínguez ya habían sido citados para la tanda de comparecencias del pasado viernes, si bien se ausentaron alegando problemas de agenda de sus abogados y la cita quedó aplazada a la jornada de este martes.

También el pasado viernes estaban llamados a comparecer como investigados el presidente de la Diputación, Fernando Rodríguez Villalobos (PSOE); el secretario general de la institución provincial, Fernando Fernández-Figueroa; el interventor, Eduardo López; y el jefe de Intervención identificado como J.I.C.S..

No obstante, y por el motivo ya descrito, sólo acudieron y prestaron declaración Rodríguez Villalobos, Fernando Fernández-Figueroa y Eduardo López.

Ayudas directas sin convocatoria pública

El juez instructor considera que desde la creación del evento de la Pará en 2006 hasta 2016, las ediciones anuales de dicha feria agroganadera y de las tradiciones promovida por el Ayuntamiento de Gines habrían sido organizadas y celebradas «sin regulación» ni «instrumento normativo alguno», advirtiendo en un auto recogido por Europa Press de que pese al carácter «planificable» del evento, el mismo ha contado con varias subvenciones «excepcionales» de la Diputación.

Se trata, en concreto, de tres subvenciones por importe de 6.000 euros en cada uno de los casos, más otra más por valor de 4.000 euros, es decir, 22.000 euros en total. Todas ellas concedidas de manera «directa, sin concurrencia ni convocatoria pública», a las que se suma una más concedida por «convocatoria en régimen de concurrencia no competitiva».

Así, y con relación a la Diputación, el juez atisba un supuesto «mecanismo arbitrario de concesión de las ayudas, prescindiendo de los principios y del procedimiento legalmente procedentes», pues tales subvenciones excepcionales para este evento anual y por ende «planificable» carecerían de documentación como la delegación de competencias desde la Presidencia de la entidad para la concesión de ayudas directas conforme al reglamento de la institución o una declaración expresa de la Presidencia declarando el carácter excepcional de la subvención, entre otros documentos.

«Dichas subvenciones habrían sido concedidas en contravención de los procedimientos y de los requisitos legalmente exigibles (según normativa estatal, autonómica, y de la propia Diputación Provincial), sin justificación del carácter excepcional de la correspondiente subvención y con omisión de presupuestos normativos esenciales para su otorgamiento», sostiene el juez instructor.

7.000 resoluciones al año

A la hora de comparecer ante el juez, que considera que la concesión «directa» de las ayudas indagadas es fruto de «la sola voluntad» del presidente de la institución, el socialista Fernando Rodríguez Villalobos habría manifestado que firma unas 7.000 resoluciones al año respecto a la actividad de una institución cuyo presupuesto anual supera los 400 millones de euros, con lo que él no profundiza en cada uno de los expedientes, según habría explicado. Asimismo, culpó al funcionariado de sus presuntas corruptelas.

En ese sentido, se habría remitido a la tramitación administrativa de las subvenciones excepcionales indagadas, manifestando en paralelo su confianza en el equipo técnico de la Diputación, varios de cuyos altos funcionarios figuran también como investigados en esta causa judicial.

El secretario general de la institución provincial, Fernando Fernández-Figueroa, quien declaraba igualmente como investigado, sí habría pormenorizado los expedientes correspondientes a las ayudas excepcionales de la Diputación para la Pará de Gines, defendiendo la legalidad de las mismas y justificando los trámites adoptados al respecto.

Para el viernes de esta semana, además, están citados también como investigados el exalcalde socialista de La Roda de Andalucía Manuel Silva por su papel como jefe de Relaciones con los Territorios de la Diputación; el dirigente socialista Antonio Pradas como otrora jefe de gabinete de la Presidencia de la institución; Ángela Ramos como jefa del Servicio del Área de Presidencia y José Luis Rodríguez como vicesecretrario general de la entidad.

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