El PP de Andalucía (PP-A) exige en el Parlamento de Andalucía el rechazo por parte de los grupos a la normativa aprobada por el Gobierno socialcomunista de Pedro Sánchez que «facilita la okupación ilegal de viviendas».
El PP-A ha registrado una proposición no de Ley en el Parlamento, para su debate en el Pleno, en la que pide el rechazo de la institución a la normativa aprobada por el Gobierno central «que facilita la ocupación ilegal de viviendas y que va en sentido contrario a la Constitución española, al ordenamiento jurídico y al sentido común» y se reclame, en consecuencia, su derogación.
En la iniciativa, consultada por Europa Press, se insta a la Junta a que continúe, «en el ámbito de sus competencias, avanzando en la lucha contra la ocupación ilegal de viviendas», y que demande al Gobierno central que proceda a las necesarias modificaciones legislativas en el ámbito penal, administrativo y civil «que garantice y salvaguarde el derecho constitucional a la propiedad privada y combata de manera eficaz la ocupación ilegal».
El PP-A se refiere en su iniciativa al Real Decreto Ley 1/2021, de 19 de enero, de protección de los consumidores y usuarios frente a situaciones de vulnerabilidad social y económica, que modifica el anterior real decreto-ley de 22 de diciembre de 2020, en relación a procedimientos de desahucio y lanzamiento, «dando lugar dicho cambio a una situación verdaderamente inverosímil, como es la facilidad de usurpación de bienes inmuebles»
«En el nuevo texto aprobado por el Gobierno de España, se pretende dar un plus de legitimidad a la ocupación ilegal, al respaldarla en caso de que no haya violencia o intimidación», según el PP-A, que apunta que en la práctica «sería legalizar de facto la ocupación, ya que fuentes del sector inmobiliario afirman que en el 90% de los casos de ocupaciones se producen en viviendas que están vacías y, por tanto, no existe intimidación o violencia».
Para el Grupo Popular, el Gobierno central «ha dado un paso más en su menosprecio a la propiedad privada y en su intento de blanquear la okupación».
«Cuesta entender que un Gobierno ampare a quienes actúan considerando estar exentos del sometimiento y cumplimiento del ordenamiento jurídico. Resulta difícil explicar que un Gobierno no sólo no sancione a quienes incumplen la ley, sino que legisla y gobierna blindando a quienes conscientemente infringen el ordenamiento jurídico y conculcan derechos fundamentales de terceros», según el PP-A.
Recuerda que Andalucía no es ajena, en absoluto, al problema de la ocupación ilegal, ya que, según información del propio Gobierno de la nación, en esta comunidad, durante el periodo comprendido entre enero y septiembre de 2020, se produjeron 2.009 hechos relacionados con la ocupación de inmuebles y conocidos por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.
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