Moreno estalla contra Sánchez tras la investigación del fiscal general: «Lo que está pasando es inédito»

Juanma Moreno, presidente de la Junta de Andalucía, ha estallado este jueves contra el Gobierno de Pedro Sánchez a cuento de la investigación del Tribunal Supremo contra el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz. Para el también líder del PP andaluz (PP-A) las «instituciones se están degradando a un ritmo muy acelerado desde la llegada» de Pedro Sánchez a la Presidencia del Gobierno.

En declaraciones a los periodistas en el Parlamento, ha manifestado que lo que está «pasando en España es absolutamente inédito y sorprendente»: «Yo nunca pensé que el fiscal general del estado fuese imputado, eso significa que las instituciones se están degradando a un ritmo muy acelerado desde la llegada de Pedro Sánchez al poder».

Para Moreno, «estamos viendo cosas que pensábamos que jamás iban a ocurrir»: «Lo que ya es sorprendente es ver al Gobierno, de manera coordinada, planificada y en una voz coral, como suelen hacer habitualmente, salir a defender, sin ningún tipo de tapujo, al fiscal general que parece que se comporta más como un miembro del gobierno que como lo que debe ser, que es el fiscal general del estado».

Preguntado sobre si el fiscal general debería dimitir, ha indicado que lo que está claro es que su situación ahora mismo «está en entredicho».

En su opinión, «cuando una persona de esa condición, en el ámbito judicial y la responsabilidad del estado está imputada, pues la verdad que parece difícil que pueda mantener la objetividad y la neutralidad como debiera en su puesto».

Moreno, contra los okupas

Juanma Moreno también ha reclamado este jueves en el Pleno del Parlamento «leyes estrictas, claras y transparentes» para la protección de los derechos de los propietarios de vivienda ante circunstancias como los impagos del alquiler o la ocupación del inmueble.

Ante una pregunta sobre vivienda del portavoz del Grupo Mixto-Adelante Andalucía, José Ignacio García, Moreno ha abogado por la seguridad jurídica en este ámbito, para reflexionar seguidamente en voz alta sobre situaciones generadas para personas que el alquiler de un segundo inmueble de su propiedad se ha convertido en «su pequeña pensión» en la consideración de que «el mercado del alquiler en Andalucía no es igual que en Madrid o en Barcelona».

«¿Sabe lo que es seguridad jurídica?», ha cuestionado Moreno a García, para espetarle entonces la respuesta de que «no venga nadie a meterte una patada en la puerta y se meta en una casa que no es la suya», antes de volver a plantear otra situación de seguridad jurídica en la que un propietario, con «los ahorros de una vida», afronta que «le dejen de pagar y tarde dos años en echar al inquilino».

«El intervencionismo nunca ha funcionado, no va a funcionar en Andalucía», ha proclamado igualmente Moreno ante la demanda que le ha planteado Adelante de una intervención pública de los precios del alquiler. Con la premisa de que esa iniciativa ha tenido «el efecto contrario en Barcelona» al esgrimir que el alquiler permanente se ha perdido en un 75% y el temporal ha crecido un 46% como reacción de los propietarios a la limitación de precios.

«Más que radical, ineficaz», ha afirmado Moreno sobre esa iniciativa, quien ha considerado que el incremento de la vivienda turística obedece «al aumento de los visitantes», para reivindicar que el decreto de la Junta aprobado en febrero sobre la vivienda de uso turístico crea el marco jurídico para que actúen las corporaciones locales, de la misma forma que deciden «dónde va una gasolinera», para ofrecer aquí como resultado la cancelación de 2.600 inmuebles por iniciativas de los ayuntamientos de Cádiz, Málaga y Sevilla.

Tras argumentar que la vivienda es «un problema en Madrid, Cataluña, Andalucía» y que ya figura como cuarta preocupación para los andaluces según los sondeos del Centro de Estudios Andaluces (Centra), ha sostenido en su diagnóstico que haya «menos casas disponibles presiona al alza de los precios», antes de apuntar que sería necesario tener 90.000 viviendas.

Como política de vivienda autonómica ha defendido «favorecer la vivienda pública y los suelos residenciales», para argumentar que «se ha multiplicado por tres las viviendas protegidas; destinar suelo a la colaboración público-privada que lleva a impulsar 17.000 viviendas; la reducción de trámites y la aprobación de la Lista y de su Reglamento; así como los incentivos fiscales dentro del programa Garantía Joven, que ha tenido a 1.200 beneficiarios y que ahora amplía a los beneficiarios hasta los 40 años; la reducción de impuestos como Transmisiones Patrimoniales y el futuro aumento, previsto en el Presupuesto 2025, de las deducciones fiscales de compra y alquiler, de 900 euros.

Con la futura Ley de Vivienda ha defendido la aspiración de «producir suelo a precio asequible, crear áreas prioritarias», así como un plan de choque de 20.000 viviendas públicas en alquiler.