Marlaska se niega a decir a qué provincias derivan a los inmigrantes ilegales: «No lo decimos por su protección»

El Gobierno socialcomunista de Pedro Sánchez y Pablo Iglesias se niega a decir a qué provincias y dónde se alojan los inmigrantes ilegales que el Ministerio de Interior traslada de Canarias a la Península, aunque admite que, como ya sabíamos, esos viajes sí los costeamos todos. El motivo de tal secretismo: «Mantener su protección».

Según ha explicado el Gobierno a Vox, que realizó hace unas semanas una serie de preguntas a la mesa del Congreso, el traslado a la península de extranjeros llegados de forma irregular a las costas Canarias «sólo puede realizarse de forma puntual, excepcional y supletoria dada la grave crisis de llegadas a las islas».

Vox realizó esta pregunta, concretamente, por las llegadas a Sevilla de inmigrantes ilegales, como la que desveló OKDIARIO. En este sentido, el Ministerio de Interior admite que ha dado autorización a traslados de inmigrantes de Canarias a la Península para «personas vulnerables o susceptibles de ser acreedoras de protección internacional». Matiza, además, que se trata de «esporádicos y muy limitados»

Estos inmigrantes quedan a disposición de alguna de las 7.000 plazas provisionales proyectadas en las islas por la Secretaría de Estado de Migraciones (SEM) del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones.

La Secretaría de Estado de Migraciones dice, además, que «no le consta» que las personas llegadas a Sevilla «formen parte del programa de acogida humanitaria». Sin embargo, el Gobierno admite que, «con carácter general la SEM tiene atribuida, a través de la Dirección General de Inclusión y Atención Humanitaria, la atención a personas inmigrantes que se encuentren en situación de vulnerabilidad por su deterioro físico, o bien presenten carencias de apoyo social, familiar y económico, que lleguen a las costas españolas o formen parte de asentamientos que comporten graves riesgos sociales y sanitarios, precisando programas de actuación inmediata». Una atención que «se presta a través de entidades sociales», a las que se financia a través de la concesión directa de subvenciones.

La primera atención de carácter humanitario se produce por parte de la Cruz Roja, que es la entidad financiada por el Gobierno, que informa en su respuesta a Vox, a la que ha tenido acceso OKDIARIO, de que los inmigrantes «no pasan directamente al programa de atención humanitaria», sino que permanecen bajo «custodia policial» para su «identificación», mientras que el Ejecutivo autonómico se encarga de la realización de las correspondientes pruebas PCR para la detección y prevención de posibles casos de Covid.

Una vez se obtienen los resultados, explica el Gobierno de Sánchez a Vox, las personas con resultado negativo pasan al programa de atención humanitaria, que es un programa «voluntario».

En caso de que el resultado del test PCR fuera positivo o, siendo negativo, se tratara de contacto estrecho de un positivo, en caso de que fuera en Andalucía -como es el hecho por el que pregunta Vox-, se les asigna un recurso de su titularidad para el aislamiento y cuarentena, quedando bajo la competencia de la comunidad.