Criminalidad en Almería

Las mafias de la inmigración y de la droga se hacen fuertes en Almería y disparan la criminalidad

La Fiscalía advierte de que las plantaciones de marihuana se custodian por personas armadas por las bandas organizadas

Llegada de inmigrantes en patera.
Llegada de inmigrantes en patera.
Borja Jiménez

Las mafias del tráfico de personas y de la droga se hacen cada vez más fuertes en Almería, un hecho que está produciendo un fuerte impulso de la criminalidad en la provincia, especialmente en los delitos más graves, tal y como ha advertido este martes la Fiscalía Provincial de Almería. De hecho, explican que la llegada de pateras y los cultivos de marihuana son, concretamente, los principales factores que afectan a la evolución de la criminalidad.

Según se desprende de la memoria de la Fiscalía Superior de Andalucía de este año, correspondiente al ejercicio 2023, el incremento en el número de sumarios en un 18,9% «representa necesariamente un incremento relevante» de los delitos más graves, con 77 procedimientos de este tipo en 2023 frente a 64 en 2022.

No obstante, el fiscal jefe de Almería apunta que, en términos generales, «se puede hablar de cierta estabilidad en los procedimientos incoados y tramitados en relación al año anterior» aunque «con algunos incrementos y descensos aparentemente significativos».

Así, la memoria destaca determinadas circunstancias de la provincia que afectan a la evolución de la criminalidad, marcada en buena parte por la llegada de embarcaciones cargadas de personas que pretenden entrar irregularmente en el país derivada de la actividad de «bandas organizadas» que «actúan con ánimo de lucro» y ponen «sistemáticamente» en peligro la vida de las personas.

Con ello, se da cuenta de que la llegada irregular de inmigrantes se hace aún con embarcaciones «precarias y sobrecargadas, sin útiles de salvamento y en muchas ocasiones en condiciones climatológicas muy adversas», si bien también se ha incrementado el «uso de embarcaciones de alta velocidad».

En esta línea, apunta a un incremento «exponencial» en menor medida que Barbate-Cádiz, que se da de forma paralela a través de las «narcolanchas» con las que se introduce principalmente hachís en la costa andaluza, en detrimento de la zona Cádiz-Huelva, debido a la presión de las autoridades portuguesas, en especial de la Armada.

El documento también destaca el «elevado número de plantaciones de marihuana tanto en viviendas, parcelas como en invernaderos, normalmente con enganches ilegales de electricidad» y «lo más preocupante es que habitualmente se custodian por personas armadas por las bandas organizadas que son los titulares de las plantaciones, si bien este año ha descendido el número de estos delitos».

Pese a todo, se ha indicado el descenso de las plantaciones de la denominada marihuana en cultivos industriales, «descenso que comenzó en 2022 debido a las grandes operaciones realizadas en esa provincia contra estos tipos de cultivos».

Aún así, se aprecia un «aumento de la violencia relacionada con el tráfico de marihuana», de modo que las formas de actuar de las organizaciones asentadas en la provincia se han endurecido ante el «uso de armas de fuego, tanto para repeler la acción policial, como por violencia entre grupos criminales, habiéndose producido dos homicidios durante 2023, relacionados con actividades de tráfico de drogas».

Enfrentamientos entre bandas

La Fiscalía señala que cada vez son más los enfrentamientos entre bandas organizadas y ajustes de cuentas que «acaban en asesinatos, homicidios o lesiones graves» aunque durante 2023 se ha producido un descenso del 33,3% en los delitos contra la vida, pese a ser Almería una provincia en la que «todos los años es elevado el número de homicidios, asesinatos, siendo lo habitual que se identifiquen y se detenga a sus autores y sean juzgados».

De otra parte, estima que el número de procedimientos incoados contra la libertad sexual en la provincia es «muy elevado», ya que destacan las situaciones de trata de seres humanos con finalidad de explotación sexual, «normalmente cometidos por grupos organizados y con víctimas muy vulnerables e indefensas», y en buen parte, son menores de edad.

Como aspecto positivo, añade que «se está consiguiendo evitar la victimización secundaria o reiterada, realizando la prueba anticipada de la declaración de las víctimas y evitando en todo caso la confrontación visual con los acusados» aunque hay que lamentar que «en ocasiones se detectan deficiencias en las grabaciones que dificultan su visionado y audición en el juicio oral».

En cuanto a los datos que maneja la Fiscalía, durante el pasado año se incoaron 32.159 diligencias previas frente a las 29.685 del año precedente, lo que supone un incremento del 8,3%, mientras que los procedimientos abreviados sufrieron un descenso del 13,3%.

Los datos sobre diligencias urgentes muestra «prácticamente» la misma actividad que en 2022, con una variación de sólo un -0,1% «puesto que las diligencias urgentes incoadas han pasado de 5.370 en 2022 a 5.366 en 2023». En cuanto a delitos leves, el número de procedimientos sí ha experimentado un elevado crecimiento del 45,6%, pasando de 4.335 en 2022 a 6.310 en 2023.

En 2023 se incrementaron un 11,7% las diligencias de investigación abiertas por los fiscales de Almería, dado que se incoaron 01 frente a las 180 incoadas de 2022. De ellas se han judicializado 52, interponiéndose las denuncias ante los juzgados correspondientes.

Los tribunales de jurado han disminuido de 12 en 2022 a nueve en 2023 aunque, por el contrario, el número de juicios celebrados se ha incrementado «significativamente» pasando de tres a diez, «quizás motivado por el mayor número de procedimientos que se iniciaron en 2022».

En cuanto a los escritos de calificación formulados por el Ministerio Público asciende a 6.111 en 2023, esto es, prácticamente la misma cifra que en 2022 cuando se redactaron 6.130, aunque con un especial crecimiento en los sumarios.

En relación a los juicios, en la Audiencia Provincial se han celebrado un total de 226 juicios, que son casi los mismos que el año anterior, que fueron 225 y se han suspendido solo 66 frente a los 103 del año precedente. Mientras, en los Juzgados de lo Penal se han celebrado 2.646 frente a los 2.552 del año anterior lo que supone un aumento del 3,7% pero también se han suspendido 1.630, más que el año anterior: 1.495.

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