La madre de Gabriel comparecerá para denunciar las «irregularidades» en la prisión de Ana Julia Quezada

Patricia Ramírez, madre de Gabriel Cruz, el niño asesinado en Níjar (Almería), comparecerá este miércoles para denunciar su situación de «desamparo y desprotección institucional y judicial», en el marco de las «posibles irregularidades» que se investigan en la prisión de Brieva (Ávila), donde Ana Julia Quezada cumple condena por el asesinato de su hijo.

Ramírez abordará lo que califica como una «vulneración de derechos» amparada en el estatuto de la víctima, la normativa europea y otras leyes aplicables. Su intervención llega después de paralizar con éxito, gracias a la presión social, la producción de un documental de tipo true crime sobre el asesinato de su hijo en el que colaboraba directamente Ana Julia Quezada, la autora confesa del crimen.

La situación ha cobrado especial relevancia tras conocerse que el Juzgado de Instrucción número 4 de Ávila investiga un presunto delito de cohecho dentro del centro penitenciario. La causa se abrió hace un año tras una denuncia presentada por la propia madre de Gabriel ante la Guardia Civil. Según fuentes judiciales, las diligencias continúan abiertas para determinar si existen más implicados.

El escándalo gira en torno a las supuestas relaciones sexuales que Ana Julia Quezada habría mantenido con un funcionario de la prisión y con el cocinero del centro. A cambio, uno de ellos le habría facilitado un teléfono móvil, con el que la reclusa habría grabado encuentros íntimos en su celda para intentar chantajear a la dirección de la prisión y forzar su traslado a Barcelona.

El juzgado dispone del testimonio de un educador penitenciario que coincide con el de tres internas y una mujer que actualmente mantiene una relación con Quezada. Además, un informe elaborado por la directora del centro, Laura Pérez, admite que fue alertada de la existencia de un móvil con vídeos grabados por la propia reclusa, en los que aparecería al menos un funcionario en la celda.

Los dos trabajadores implicados, uno funcionario y otro personal laboral, ya no prestan servicio en la prisión. El subdelegado del Gobierno en Ávila, Fernando Galeano, ha confirmado que ambos fueron apartados tras ser investigados por la Guardia Civil.