La Justicia da la razón a la familia del franquista Utrera Molina al que Sevilla quería retirar una medalla

El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) da la razón a la familia del ministro franquista José Utrera Molina. La jurisdicción contencioso-administrativa tendrá que pronunciarse sobre la legalidad de la decisión de la Diputación de Sevilla de retirar al político ya fallecido la Medalla de Oro de la provincia de la que fue gobernador civil.

En un auto emitido este lunes por el tribunal, al que ha tenido acceso OKDIARIO, los magistrados del TSJA consideran -en contra de lo que decretó en su archivo de la causa, el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 7 de Sevilla- que el acuerdo de la Diputación «no es un mero acto político, sino un acto administrativo» y, por tanto, puede ser «judicialmente revisado».

Por ello, tendrá que determinarse si la retirada de la medalla, basada en la aplicación de la Ley de Memoria Histórica «se encuentra o no justificada». El propio Reglamento de Honores de la Diputación sevillana exige que se aporten pruebas de que «el beneficiario de la medalla ha desacreditado el honor recibido, mientras las motivaciones del acuerdo de la Diputación eran estrictamente de carácter político», aseguran los hijos del agraviado.

Además, el TSJA reconoce que «no es indiferente el hecho de que Utrera Molina estuviera vivo» en el momento en el que se decidió la retirada de dicha medalla, y que «su fallecimiento durante el procedimiento judicial ya iniciado» no impide que éste siga. Motivo por el que se autoriza a uno de sus hijos a que continúe, en su nombre, ante el Juzgado de lo Contencioso de Sevilla.

Motivos ideológicos

El propio condecorado, José Utrera Molina, anunció públicamente su intención de acudir a los tribunales para defender la distinción recibida, tras conocer que el pleno de la Diputación de Sevilla había acordado -el 29 de diciembre de 2016- revocarle la medalla de oro de la provincia que le fue concedida por esa misma institución en el año 1969.

«El acuerdo de revocación se fundamenta única y exclusivamente en motivos ideológicos como lo son mi condición de falangista», aseguró en una nota de prensa el propio interesado,»por lo que el acuerdo vulnera frontalmente la prohibición de discriminación por motivos ideológicos consagrada en el artículo 14 de la Constitución Española».

«En el expediente del que se me dio traslado por la Diputación, para efectuar las alegaciones en defensa de mis derechos, no constaba ningún testimonio de personas o familiares de personas supuestamente represaliadas durante
mi mandato como gobernador», denunció Utrera Molina. Una circunstancia que, a su juicio, le creaba indefensión, «pues no existe ni puede existir prueba alguna de tan graves e injustas acusaciones».

«La actual Diputación de Sevilla se ha erigido en sanedrín de la historia
reciente de la provincia, personalizando en mí» el rechazo a «cualquier persona que tuviera responsabilidades durante el régimen» franquista, lamentó el ex ministro. Por lo que consideró imprescindible «defender mi honor y el de tantos alcaldes, gobernadores y cargos públicos que sirvieron a Sevilla y a España con honestidad y con el único propósito de mejorar las
condiciones de vida de los españoles» recurriendo a los tribunales. Una causa que, ahora, tal y como ha decidido el TSJA, continuarán sus herederos.

Condenas anteriores

No es la primera vez que los hijos de Utrera Molina defienden sus derechos ante la Justicia. El Juzgado de Primera Instancia número 50 de Madrid condenó a la podemita Teresa Rodríguez al pago de 5.000 euros a esos mismos herederos que ahora pleitean en Sevilla  por mofarse de la muerte de su padre en Twitter. En el fallo de la decisión, Rodríguez fue considerada culpable de una «intromisión ilegítima en el derecho al honor del fallecido».

Se trató de la resolución de un procedimiento civil -notificada el 20 de mayo de 2019- en el que Teresa Rodríguez, Gabriel Rufián y, el también militante de la formación morada en Castilla-La Mancha, Alfredo Díaz-Cardiel, estaban demandados por vulnerar el derecho al honor y a la propia imagen de José Utrera Molina en la famosa red social. En dicha fecha, y justo cuando se cumplía un año del fallecimiento del ministro de Franco, todos ellos colgaron en sus cuentas oficiales comentarios críticos atribuyendo a Utrera Molina la responsabilidad, en última instancia, de la condena a muerte del anarquista Salvador Puig Antich, ejecutado a garrote vil.

Tanto Rodríguez como Díaz-Cardiel tuvieron que eliminar dichos tuits de sus cuentas en Twitter y publicar la sentencia en la misma. Además, tuvieron que indemnizar a sus hijos -quienes interpusieron la demanda correspondiente que se resolvió en sentido favorable a los intereses del ex ministro franquista- con la cantidad de 5.000 euros cada uno más los intereses legales desde la interposición de la demanda. También fueron sentenciados a abonar las costas causadas a su instancia y las comunes por mitad.