La Junta de Andalucía desmiente el recorte en las universidades de la comunidad

Universidad de Sevilla.
Universidad de Sevilla.

El consejero de Economía, Conocimiento, Empresas y Universidades, Rogelio Velasco, ha remitido una carta al conjunto de la comunidad universitaria, negando que la detracción de 135 millones de euros del remanente de las universidades públicas para los gastos de la Junta de Andalucía ante la crisis sociosanitaria desencadenada por la pandemia de coronavirus Covid-19 implique «recorte alguno», pues gracias a las «medidas» compensatorias la capacidad de inversión de las universidades «se incrementa en 125 millones», según asegura.

En su carta, recogida por Europa Press, Velasco defiende la decisión del Gobierno andaluz de PP y Cs de detraer 135 millones de euros del remanente de las universidades públicas, para destinarlos al Fondo Social Extraordinario de 700 millones aprovisionado por la Junta de Andalucía para afrontar los gastos derivados de la crisis sociosanitaria causada por la pandemia de Covid-19, recordando «los enormes gastos que debe asumir la comunidad autónoma para atender a la población andaluza en este momento».

En ese sentido, ha expuesto que dicho fondo de 700 millones de euros se nutre de dinero público «inmovilizado sin repercutir en una sociedad que necesita mayor inversión pública» en el nuevo contexto dibujado por la irrupción del coronavirus Covid-19, toda vez que las opciones de endeudamiento siguen «limitadas» y «Andalucía sufre las consecuencias de un sistema de financiación injusto».

El aprovisionamiento del citado fondo de 700 millones de euros, según ha recordado, afecta a «la mayor parte de las consejerías y entidades» de la Administración andaluza.

Medidas compensatorias

Y mientras los rectores avisan de que con la detracción de 135 millones de euros del remanente de sus instituciones «la capacidad financiera se reduce en 135 millones en términos anuales», alegando además que los remanentes de tesorería son «una salvaguarda para la estabilidad frente a contingencias», Velasco esgrime las «medidas» aprobadas también para compensar a las universidades públicas andaluzas por esta situación.

Así, en esta carta desgrana de nuevo que la Junta de Andalucía ha compensado a las universidades públicas al habilitar el gasto del remanente de otros 135 millones para gastos corrientes, les ha pagado una deuda global de 126,59 millones «del Gobierno anterior» que se remontaba a 2015 y les ha autorizado un gasto de 125 millones para inversiones.

«Esto significa que la capacidad de gasto de las universidades no sufre recorte alguno y que su capacidad de inversión se incrementa en 125 millones», alega el consejero en su misiva.

De otro lado, Rogelio Velasco ha avisado de que «el origen de los remanentes tiene su fuente principal en un sistema de financiación fallido y obsoleto a cuya reforma no quisieron hacer frente» quienes le precedieron en el cargo. «Este es un fallo estructural del sistema universitario andaluz que deberemos superar en los próximos meses», asevera.

Financiación

De cualquier manera, ha asegurado que «el compromiso del Gobierno andaluz con la educación superior y la investigación de excelencia es
innegable, incrementado consistentemente su financiación, que aumentó el año pasado en un cinco por ciento y, este año, con los últimos ajustes incorporados, se eleva por encima del 14%».

Así, frente a las acusaciones de «recortes» procedentes de los grupos parlamentarios de PSOE-A y Adelante, el consejero ha asegurado que «frente a temores infundados que se vienen alimentado de forma irresponsable, el Gobierno de Andalucía garantiza que se mantendrá el precio de las tasas, el segundo más bajo de España, y la bonificación del 99 por ciento de los créditos universitarios aprobados en primera matrícula», medida aprobada en la anterior legislatura.

Además, y entre otros aspectos, ha asegurado la continuidad del complemento al programa Erasmus+, aseverando que de del mismo modo, «el profesorado de las universidades públicas, así como el personal de administración, no debe temer tampoco por ninguno de los derechos» de los que gozan y el sistema de I+D+i andaluz «no se verá afectado» por la nueva situación.

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