La ex concejal socialista que compró con dinero público 80 láminas de Goya dice no saber dónde están

La ex concejal de Cultura en el Ayuntamiento de Carboneras (Almería), Josefa Cruz (PSOE), se ha personado este martes en el Juzgado de lo Penal 3 de Almería acusada de presuntos delitos de prevaricación y malversación por comprar con dinero público 80 láminas de Francisco de Goya ahora desaparecidas. La ex edil socialista, que gastó en ello más de 3.200 euros, dice desconocer su actual paradero.

La Fiscalía subraya que las estampas «jamás» fueron expuestas al público «ni utilizadas ni visionadas por ninguna persona amén de la acusada, estando desaparecidas desde fecha indeterminada y sin que estén localizadas en ninguna dependencia municipal». En el trámite de informes, el Ministerio Público considera que la compra de los 80 facsímiles de grabados de Goya, que se hizo junto a una colección de monedas de oro que sí fue hallada en la caja fuerte, fue un «gasto innecesario».

Por su parte, Cruz ha afirmado que «podía comprar» bienes por hasta 18.000 euros mediante una resolución de su área, que adquirió las 80 láminas de Goya para «incrementar el patrimonio» del Consistorio y que cuando llegaron a dependencias municipales «el alcalde», entonces el socialista Cristóbal Fernández -condenado recientemente por prevaricación-, «las vio y se quedaron en el archivo».

La ex concejal, que abandonó la política de forma activa en 2019 al no concurrir en la lista del PSOE, se enfrenta a penas de un año de cárcel y de ocho años de inhabilitación especial para empleo o cargo público, a multa de cuatro meses a razón de diez euros diarios y a suspensión de empleo o cargo público por periodo de dos años. El juicio se ha celebrado este martes, más de cinco años después de que la Fiscalía abriese investigación. La vista oral se ha suspendido en varias ocasiones, la última en julio de 2021.

«La editorial me ofreció comprarlo, me dijeron que en otros pueblos de la comarca lo habían comprado como patrimonio cultural y decidí comprarlas como otros bienes culturales que han sido para patrimonio del ayuntamiento», ha señalado Cruz a preguntas del fiscal, añadiendo después que «también se dio cuenta al Pleno de la compra de las láminas».

La ex edil ha defendido que hay bienes de propiedad municipal que «nunca se han exhibido ni se han expuesto» y que son «patrimonio». Sobre el paradero de las 80 láminas, y tras encogerse de hombros, ha remarcado que en 2011, según el inventario que se le entrega al secretario municipal, «estaban allí perfectamente».

El Ministerio Público recoge en su calificación profesional que la ex concejal acordó adquirir para el Ayuntamiento «80 estampas de Francisco de Goya de una colección denominada ‘Los Desastres de la Guerra’ por importe de 3.250 euros». El pago fue abonado por el Ayuntamiento de forma «aplazada» en los meses siguientes, según consta en la factura emitida por la editorial.

La ex edil ha defendido que tenía «delegadas» las competencias, que «le dijo en su momento» al alcalde su intención de hacer esta adquisición, que éste le dijo «que sí», y que emitió una resolución que se «aprobó en junta de gobierno». «Lo que pasara después, cuando me fui del gobierno, ya no lo sé. Cuando llegaron, el alcalde las vio y se quedaron en el archivo, en el depósito. El responsable de su custodia es el secretario. Es él el que tiene las llaves, nosotros nunca las hemos tenido», ha insistido Cruz.

El fiscal ve delito: «Un gasto innecesario»

Por su parte, el Ministerio Público ha indicado en el trámite de informes que «de las pesquisas» iniciadas por el denunciante «no se consigue determinar su existencia, que estén en dependencias municipales cuando otros bienes sí están colocados en lugares» semipúblicos. Tampoco consta «en ningún momento que se expusiera o fuera de acceso general», lo que descartaría «su finalidad o utilidad pública».

El fiscal ha aludido a la declaración del secretario municipal, que ha expuesto «que no se encontraban ni el albarán ni físicamente las láminas» y que no le consta «que estuvieran depositadas en el ayuntamiento». «Sólo había un recibí como documentación de que se había llevado a cabo la adquisición», ha remarcado en base a las declaraciones de uno de los testigos «más objetivos».

Para el fiscal, sus palabras vendrían a «corroborar» el tipo penal imputado a la ex concejal socialista ya que se trataría de una «adquisición caprichosa y ajena al interés público». «Es un gasto innecesario y superfluo y, aunque sea una cantidad pequeña, es una distracción de dinero público de uso privativo y hay delito», ha concluido.

Por su parte, la defensa ha subrayado que la acusada tenía «delegación de facultades», lo que le permitía contratar hasta 18.000 euros de gasto, que «dio cuenta» de la compra a «la junta de gobierno y al Pleno» y que existe «un contrato y pagos fiscalizados». «Puede ser una decisión de mejor o peor gusto, pero no es una resolución ni injusta ni arbitraria», ha afirmado en sala el letrado Gómez Bermúdez.

Caja original, estuche de terciopelo…

A lo largo de la instrucción, el Ayuntamiento de Carboneras ha figurado en la causa como acusación particular y la juez del Juzgado de lo Penal 3 ha mencionado al inicio de la vista la ausencia de abogado de esta parte en sala.

Desde el consistorio gobernado por el socialista José Luis Amérigo -sobrino de su predecesor e investigado también por presuntos delitos de prevaricación y malversación- se ha precisado que «no consta en el Ayuntamiento de Carboneras ningún tipo de resolución de ningún órgano unipersonal o colegiado acordando la interposición de la denuncia».

La investigación se inició tras la denuncia presentada ante la Fiscalía por el entonces equipo de gobierno de Gicar-PP y en la que se recogía la supuesta desaparición de las estampas, relativas a partir de la primera edición de 1863, llegadas en su caja original, en estuche de terciopelo, con número de serie en el dorso y certificado de autenticidad por un importe de 3.250 euros.

La obra, según la factura remitida al Consistorio por la editorial, se compró el 31 de agosto de 2009 junto a otras producciones editoriales que sí figuran en la biblioteca municipal.

El Consistorio carbonero estuvo casi tres años tras la pista de la colección, que valoró en 2019 en cerca de 8.000 euros y cuya desaparición se detectó de «forma casual» al adoptar una de las medidas para optimizar el trabajo y la fiscalización del área de Hacienda, que consistía en desdomiciliar una serie de pagos. De hecho, antes de interponer la denuncia, se solicitó a la edil que aportara información sobre el pedido y la recepción de los facsímiles y se le dio un plazo de diez días para que respondiera. No lo hizo.