El chiringuito familiar del PSOE en Carboneras: un exalcalde condenado y otro investigado, tío y sobrino

La localidad almeriense de Carboneras es el vivo ejemplo del socialismo andaluz: corrupción, lazos familiares y juzgados. Este martes, el exalcalde Cristóbal Fernández era condenado (otra vez) a siete años de inhabilitación por un delito de prevaricación. Su sobrino, José Luis Amérigo, ha heredado el cargo y también el modus operandi de su tío, ya que el pasado viernes declaró por presuntos delitos de prevaricación y malversación de fondos públicos.

Recapitulemos. El socialista Cristóbal Fernández dimitió como primer edil de Carboneras en noviembre de 2006 tras ser condenado a seis meses de inhabilitación por delito electoral. Presionó al conserje de un colegio para que votara al PSOE en las elecciones municipales de 1999. Su hermana, la concejal Rosario Fernández, se apartó de la política por el mismo motivo.

No obstante, el Consejo de Ministros de José Luis Rodríguez Zapatero concedió el indulto a ambos hermanos alegando que se trataba de una pequeña condena por un delito menor. Fernández regresó a la política en 2007, se presentó de nuevo a las elecciones y ganó por mayoría absoluta.

Ahora, el Juzgado de lo Penal nº 1 de Carboneras considera probado que meses después de alcanzar la alcaldía, en septiembre de 2008, adjudicó ‘a dedo’ unas obras municipales por valor de medio millón de euros. La sentencia señala la «flagrante ilegalidad» en el proceder del socialista que, dada su «experiencia» previa, no podía «ignorar» que incurría en un delito de prevaricación.

Jose Luis Amérigo, actual regidor, es sobrino de Fernández e hijo de la concejal anteriormente citada. Pero no todo queda en casa. Las corruptelas de la familia acarrean graves perjuicios a las arcas municipales y Amérigo está siendo investigado por el desvío «sin control» de fondos locales para sobresueldos, gratificaciones extraordinarias y horas extras en favor de funcionarios y personal laboral del ayuntamiento. Por dependencias judiciales ha pasado también el concejal socialista de Hacienda, Función Pública y Personal, Ramón Soto.

Pero no son los únicos antecedentes del PSOE de Carboneras. Por el banquillo de los acusados han desfilado además otros concejales y exconcejales. La exedil de Urbanismo, Josefa Cruz Orta, fue juzgada el pasado verano por comprar con dinero público 80 láminas de Goya que jamás se expusieron y cuyo paradero se desconoce. La Fiscalía apuntaba que los facsímiles no han sido «ni utilizados ni visionados por ninguna persona amén de la acusada».

Por si fuera poco, el actual primer teniente de alcalde de Carboneras, Pedro López, también del PSOE, fue denunciado por incidentes en un bar y amenazas a un empresario. El socialista reconoció que se encontraba «bebido» y que no recordaba nada de lo ocurrido. El juez calificó los hechos de delito leve.

Por su parte, el actual alcalde rechazó en el Pleno del Ayuntamiento reprobar la actitud de su concejal de Urbanismo y manifestó que «si pudiera darle más competencias, se las daría». Digno de la línea de sucesión.