Corrupción socialista en Andalucía: condenado a prisión por otra ayuda pública ilegal de 120.000 euros

La corrupción socialista sigue aflorando condenas en Andalucía. De hecho, prácticamente no hay semana en la que se conozca algún nuevo avance en algunas de las más de 100 piezas separas que se juzgan en los tribunales andaluces por el caso ERE. En esta ocasión, el juez ha dictado sentencia en una de estas piezas y ha enviado a prisión a un empresario por recibir una ayuda pública de 120.000 euros a cargo de todos los andaluces mientras el PSOE gobernaba.

La Sección Tercera de la Audiencia de Sevilla ha resuelto este lunes mediante un acuerdo de conformidad entre las partes, el juicio promovido contra un empresario acusado de ser cooperador necesario de un presunto delito de prevaricación en concurso con un delito de malversación, derivado de una ayuda de 120.000 euros concedida «injustamente» a una empresa que administraba, con cargo a la partida presupuestaria de la Junta de Andalucía, usada para la financiación de expedientes de regulación de empleo (ERE) fraudulentos y subvenciones arbitrarias.

La Fiscalía Anticorrupción, en ese sentido, expone que Juan Márquez, «contraviniendo de forma clamorosa los intereses generales, sin que llegara a acreditarse en ningún caso el fin público de su aplicación, al margen de cualquier procedimiento legalmente establecido, con el conocimiento y beneplácito de sus superiores» Agustín Barberá como viceconsejero de Empleo y Antonio Fernández como consejero, «contravino las más elementales normas de procedimiento en la gestión de los fondos públicos» asignados a esta empresa.

Reconoce los hechos

Mediante dicho acuerdo de conformidad entre la Fiscalía y la defensa del acusado, J.B.C., administrador único de la empresa Picos Yeye y Cohollero, radicada en Puerto Real (Cádiz) y dedicada a la fabricación, comercialización y venta de productos de panadería, bollería y pastelería, ha reconocido los hechos con la consideración de que no tuvo lucro personal de los mismos.

Mediante este acuerdo, si bien la Fiscalía reclamaba inicialmente para el empresario J.B.C. dos años y nueve meses de cárcel y siete años de inhabilitación especial para cargo o empleo público, su condena ha sido reducida a un año y seis meses de cárcel, con la imposición además de restituir la cuantía de 120.000 euros a las arcas públicas, extremo que ya solicitaba inicialmente el Ministerio Público.

Según el escrito de acusación de la Fiscalía Anticorrupción, J.B.C., administrador de la empresa Picos Yeye y Cohollero; solicitó en julio de 2018 un ERE respecto a nueve empleados de la entidad «con la finalidad de suprimir uno de los tres turnos de fabricación por falta de pago de las facturas de su principal cliente, paralización inmediata de los pedidos pendientes de fabricar y la necesidad reducir la producción».

Aunque la Junta de Andalucía «disponía de subvenciones y ayudas públicas amparadas en la Ley autonómica 5/83», según el Ministerio Público, el empresario, «sabedor que podía obtener fondos públicos de la Junta socialista de Andalucía al margen de los procedimientos legalmente establecidos, consiguió que el director general de Trabajo y Seguridad Social» Juan Márquez «beneficiara injustamente» a su empresa con una ayuda de 120.000 euros.