Cinco años de cárcel para un ex viceconsejero de Ceuta por una lista amañada antes del sorteo de 317 VPO

El mayor caso de corrupción de la historia de Ceuta ya tiene sentencia. Han pasado casi 10 años desde que un periódico local destapara el caso Emvicesa al publicar una lista amañada con los nombres y apellidos de los 317 adjudicatarios de la promoción de viviendas de protección oficial (VPO) que aún no se habían sorteado, todas en el barrio ceutí de Loma Colmenar. Por el banquillo han pasado 54 acusados, entre ellos varios ex consejeros, ex diputados y funcionarios, a los que la Fiscalía pedía en total 280 años de cárcel.

Tras un largo juicio y más de un año de espera, la sentencia condena al cabecilla de la trama, el ex viceconsejero de Vivienda y ex gerente de la empresa municipal de vivienda (Emvicesa), Antonio López, a cinco años de prisión por cohecho y a cinco años y tres meses de inhabilitación por prevaricación. El ex diputado autonómico del PP también deberá pagar una multa de 30.000 euros (la Fiscalía pedía 26 años de cárcel y casi seis millones de multa). El ex político ha sido absuelto de los delitos de falsedad documental y blanqueo de capitales, lo que indica que su patrimonio ha sido considerado lícito. López ya ha anunciado que recurrirá el fallo, que aplica la atenuante de dilaciones indebidas.

La trama involucraba a otros altos cargos públicos como las ex consejeras de Fomento y Asuntos Sociales, Susana Román y Rabea Mohamed -ambas del PP-, y el ex diputado portavoz de Caballas Mohamed Ali. La Sección VI de la Audiencia Provincial de Cádiz ha absueltos a todos ellos de prevaricación y falsedad documental al no existir pruebas incriminatorias suficientes.

La trama corrupta

El caso se remonta a 2015, cuando El Pueblo de Ceuta, diario local, reveló una trama ilegal de concesión de VPO en la ciudad al sacar a la luz una «lista fantasma» que incluía los nombres de los supuestos beneficiarios de las 317 modernas edificaciones que iban a adjudicarse en Loma Colmenar.

La Asamblea creó una comisión de investigación para esclarecer la veracidad de aquel documento, aunque el Gobierno de Ceuta, presidido entonces y ahora por Juan Vivas (PP), desmintió la autenticidad de la lista y negó cualquier irregularidad.

Comenzó una larga investigación que culminó en 2017 con varios arrestos y registros domiciliarios. López fue detenido en Marbella (Málaga) como el líder de una red de intermediarios y colaboradores que tejían una red de favores y pagos consensuados. Algunos vecinos denunciaron haber pagado 6.000 euros en metálico para asegurarse una vivienda protegida. Días después cayeron otros cinco trabajadores de Emvicesa.

En 2020, el titular del Juzgado de Instrucción n.º 3 de Ceuta dictó el auto para la apertura de un juicio oral contra 54 acusados por delitos de prevaricación, malversación, falsedad documental, organización criminal, tráfico de influencias, blanqueo de capitales y cohecho.

El juez ramificó el caso en cinco niveles de implicación: el cabecilla, los políticos que hacían la vista gorda, los funcionarios de Emvicesa, los captadores de clientes y los ciudadanos que pagaban por obtener las VPO. La Fiscalía pedía penas que sumaban casi tres siglos de prisión.

Pasaron otros tres años hasta que la Audiencia de Cádiz fijó la fecha definitiva del juicio. Por la sala desfilaron también un gran número de políticos en calidad de testigos, entre ellos la actual consejera de Hacienda y ex diputada nacional por el PP Kissy Chandiramani, el ex consejero de Fomento Néstor García, el ex gerente de Emvicesa Francisco Márquez o el presidente de la Autoridad Portuaria de Ceuta, Juan Manuel Doncel.

La sentencia de la Audiencia ha exonerado a varios empleados de Emvicesa de prevaricación continuada y falsedad documental. Los intermediarios entre los beneficiarios de las VPO y la empresa municipal de vivienda, entre ellos un policía portuario, han sido condenados a nueve meses de prisión, un año y nueve meses de inhabilitación y multa de 900 euros.

Además, una veintena de beneficiarios de las viviendas adjudicadas de manera ilegal han sido sentenciados a nueve meses de cárcel y el pago de multas, a excepción de uno de los acusados, que ha sido condenado a un año, 10 meses y 17 días de prisión.