El campo andaluz, en el punto de mira: recortes de la PAC, pasividad de Sánchez y odio de Teresa Rodríguez

Los ataques al campo andaluz están dejando a la industria en la estacada. Sin ayudas y con una persecución constante por parte de la izquierda en nuestro país, ahora en el Gobierno. Yolanda Díaz, ministra de Trabajo, ya anunció recientemente un incremento de inspecciones de trabajo en la agricultura andaluza. Inspecciones, que desde Adelante Andalucía piden que sean aún mayores. Por otro lado, el fuerte recorte de la Política Agrícola Común (PAC), ante la pasividad de Sánchez, ha sido el último golpe de una paliza mediática que la izquierda está asestando a los agricultores del sur de España.

La Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible y Cooperativas Agro-alimentarias de Andalucía han coincidido en mostrar «contundentemente su rechazo frontal a cualquier recorte que pueda producirse en los fondos de la PAC» y que la Junta de Andalucía ha cifrado «en 1.287 millones de euros para el período 2021-2027», un «recorte» que ambas partes consideran «inaceptable».

La consejera de Agricultura, Carmen Crespo, ha mantenido una reunión con el presidente de Cooperativas Agro-alimentarias de Andalucía, Juan Rafael Leal, y con el consejo rector de esta organización a la que ha calificado de «fundamental para la reactivación económica de Andalucía».

Crespo y Leal han coincidido en que el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación «no puede conformarse» con la propuesta de Bruselas, puesto que «debe luchar por conseguir una PAC justa y sin recortes para España», ya que la política agrícola de la Unión Europea «debe aportar oportunidades a un sector que se ha demostrado esencial y estratégico para la economía y el empleo», según recoge en un comunicado la Junta.

En el transcurso de la reunión, ambas partes han señalado «la necesidad» de que el ministro, Luis Planas, aparte «su conformismo y su autocomplacencia». En este sentido, Crespo ha indicado que «todavía estamos a tiempo de evitar que los agricultores y ganaderos se vean seriamente dañados por unos recortes injustos».

La consejera de Agricultura ha añadido que el Ministerio «debe luchar en Bruselas para que, finalmente, este recorte no se haga realidad por los graves perjuicios que ocasionará al sector agrario y muy especialmente al olivar».

Junta de Andalucía y Cooperativas Agro-alimentarias han mostrado también «su rechazo a una nueva definición de agricultor genuino». Ambas partes han coincidido en señalar que la figura del agricultor genuino debe estar asociada a «una actividad real y efectiva» y entienden que la propuesta del Ministerio «supondría la exclusión de las ayudas de muchos pequeños y medianos agricultores que juegan un papel muy importante en el desarrollo de las zonas rurales y en el mantenimiento de los ecosistemas agrarios, y que sería la mayor parte de los actuales beneficiaros de la PAC».

En el transcurso de la reunión, también se han abordado otras cuestiones relacionadas con la PAC como las repercusiones de los nuevos planteamientos comunitarios en sectores de «una singular relevancia», como el olivar, o «la necesidad de trabajar por la OCM dentro de la PAC, de forma que permita abordar medidas de mercado más fuertes y lograr la PAC que se merecen nuestros agricultores y ganaderos y en defensa de la agricultura y la ganadería andaluzas».

Aranceles

En el transcurso de la reunión con Cooperativas Agro-alimentarias también se han abordado otras cuestiones como la imposición arancelaria por parte de Estados Unidos a distintos productos andaluces, que se iniciaron con unos impuestos a la aceituna de mesa y que «están perjudicando de manera muy especial a éste y a otros productos agroalimentarios». Igualmente, se ha reclamado al Gobierno de España para que se actúe «con contundencia», ya que «no se han producido avances que permitan contemplar unas expectativas de solución satisfactoria».

Junta y Cooperativas han pedido al Ministerio «claridad y transparencia» sobre esta cuestión y han mostrado su «preocupación» ante la revisión de los aranceles por EEUU prevista para el próximo 12 de agosto, un proceso que «supone otra amenaza para el sector agroalimentario y que podría culminar con un incremento arancelario de hasta el 100% para determinados productos».

El encuentro también ha servido para abordar la aplicación al sector del aceite del artículo 167 bis del Reglamento de la Unión Europea de la OCM, que permite crear normas de comercialización para regular la oferta con el fin de mejorar y estabilizar el funcionamiento del mercado común del aceite.

A este respecto, Carmen Crespo ha reiterado su petición al Ministerio para que «defienda los intereses del sector del aceite, de forma que la aplicación de este artículo esté a disposición de los profesionales del olivar ya en septiembre, desde el inicio de la campaña». En este sentido, la consejera ha asegurado que esto servirá «para mejorar la gestión de la oferta por parte del propio sector, seriamente afectado en los últimos meses por los bajos precios del mercado, por lo que de aquí deriva la importancia de aplicarlo en esta campaña».

Por último, y entre otras cuestiones, en el encuentro la Administración andaluza y la directiva de Cooperativas, ambas partes han coincidido en destacar «el problema que se sigue produciendo en los Puntos de Inspección Fronteriza con productos de terceros países». En este sentido, desde la Consejería se ha vuelto a solicitar al Gobierno de España «un incremento de recursos para poder llevar a cabo un mayor control de estos productos».

Defensa

Cooperativas Agro-alimentarias de Andalucía ha consdierado que las administraciones «no están haciendo todo lo necesario». A nivel nacional, «porque el asunto no está ocupando el lugar central que merece en la agenda del Ministerio de Agricultura y el Gobierno de España», pese a que el origen «se halla en las subvenciones concedidas al sector aeronáutico», según indica Cooperativas Agro-alimentarias, que considera que «no se está realizando todo lo posible ni en Europa ni tampoco con Estados Unidos para poner freno a este ataque frontal al sector».

Igualmente, el Consejo Rector sostiene que la Consejería de Agricultura debe llevar a cabo «una defensa más enérgica del sector en este conflicto», en el que Andalucía es la región más afectada, con impacto directo en su empleo y economía.

En este sentido, la federación ha señalado que la crisis «continúa enraizada» en el sector y que, aunque durante los peores momentos del Covid-19 no se ha parado y se han atendido las necesidades de la sociedad, «no significa que los problemas se hayan superado sino todo lo contrario; hay sectores que ahora están mucho peor que antes del coronavirus», ha asegurado el presidente.

De hecho, se han retomado las movilizaciones, como la del Puerto de Algeciras, el pasado día 21 de julio, o como la que tendrá lugar este viernes 7 de agosto en la Sierra de Segura de Jaén; y «continuarán hasta que no se adopten soluciones de futuro que devuelvan a los sectores a su senda de la rentabilidad».

Para ello, además de los temas relacionados, Cooperativas Agro-alimentarias de Andalucía considera «indispensable abordar urgentemente cuestiones como el agua, la problemática de la mano de obra en el campo, o la necesidad de destinar más recursos a la promoción, la exportación y la internacionalización».

En otro orden de cosas, el consejo rector de la federación ha instado a la consejera de Agricultura a «apostar firmemente por el cooperativismo, de cuya competitividad dependen directamente más de 290.000 familias de agricultores y ganaderos andaluces». «Las ayudas a las cooperativas son las ayudas más socializadas que existen», ha subrayado Juan Rafael Leal, quien ha explicado que apoyar a las cooperativas «es hacerlo a las decenas de miles de productores que las sustentan y contribuir al enriquecimiento de Andalucía».