Andalucía sí vio el ‘timo’: los controles previos de la Junta evitaron el ridículo de Sánchez con los test rápidos

Misma empresa. Mismo producto. Pero la Junta de Andalucía no cayó, y reculó rápidamente tras anunciar la compra de 60.000 test rápidos de coronavirus. El motivo: unas pruebas fiables previas a la adquisición que confirmaron la poca fiabilidad del producto. Algo que el Gobierno central de Sánchez no hizo, mostrando una vez más la torpe gestión del Ejecutivo en la crisis del Covid-19.

La empresa vendedora de los test se llama Bioeasy, y tiene su sede en Shenzen (China). Pero, ¿qué hizo la Junta para no caer en la trampa en la que sí cayó el Gobierno? Los servicios sanitarios andaluces solicitaron pruebas a distintos laboratorios de unas muestras de estos test, que concluyeron que el producto no tenía una sensibilidad suficiente al contagio.

Según ha podido saber OKDIARIO, fueron dos hospitales distintos los que recomendaron a la Junta de Andalucía no seguir adelante con la compra de los test rápidos de Bioeasy. Dicho y hecho. Apenas unas horas después de anunciarlo, la institución que preside Juanma Moreno se echó atrás en la operación.

Sánchez no asume el error que Andalucía no cometió

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, aseguró el pasado fin de semana que el ridículo hecho con la devolución de los test rápidos a una empresa china se debió a cómo estaba el mercado de material sanitario, que calificó de «súper agresivo». Cuestionado al respecto, Sánchez echó balones fuera y afirmó que es el Instituto Carlos III el que garantiza que los tests rápidos cumplen con la normativa y que son eficaces.

«Ningún país tiene capacidad de producción propia para autoabastecerse de la cantidad de material ingente que necesitamos», señalaba un Sánchez que se negaba a asumir el clamoroso error cometido por su Gobierno. Y no sólo eso, lejos de aceptar el ridículo, es presidente se vanagloriaba de que cada día se realizan en España entre 15.000 y 20.000 pruebas diagnósticas, lo que está permitiendo «detectar, aislar y evitar» la propagación del virus. En línea similar, Sánchez se enorgullecía de que España había destinado 628 millones de euros a obtener, entre otros materiales, 659 millones de mascarillas, de las cuales más de 30 millones están destinadas a los profesionales sanitarios.